Jorge Fernández Carrera
Expediente 254/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Fernández Carrera
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. INFORMA QUE ACEPTÓ COMPETENCIA Se agrega al presente expedientillo el oficio el oficio signado en forma electrónica por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mismo que se recibió a través del correo electrónico de este juzgado, el cual goza de valor probatorio pleno conforme a la tesis de rubro: INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Visto su contenido, lleva inserto el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés dictado en el juicio de amparo 527/2023 del índice del órgano de su adscripción de cuyo contenido se desprende que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. CLASIFICACIÓN JURÍDICA DEL EXPEDIENTE Con fundamento por lo dispuesto en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, el presente expediente es susceptible de ser destruido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el presente expedientillo y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérsele hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra los actos que reclama a la autoridad investigadora de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros Gabriela Adalid Arroyo Colomer, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 254/2023. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexo que acompaña se dicta auto de: AUTO DE INCOMPETENCIA La parte quejosa reclama a la autoridad investigadora de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, la orden de detención, aprehensión y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución. Para ello, acompaña en copia simple oficio número CM-IZ-2021-2024/0137/2023, dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla en el que solicita la presentación del aquí quejoso Jorge Fernández Carrera para el día quince de marzo de dos mil veintitrés a las diez horas con motivo de la carpeta de investigación CMIM/007/2021 que se le instruye. Bajo ese contexto, con independencia de que el acto que reclama lo haya señalado como orden de aprehensión, lo cierto es que el mismo es una orden de presentación para que comparezca a deducir sus derechos en una carpeta administrativa que le instruye la contraloría municipal, por lo que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, ya que si bien el mismo aparentemente atenta contra la libertad personal, lo cierto es que deviene de un procedimiento de naturaleza administrativa, esto es, el procedimiento que inició la contraloría municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra del aquí quejoso. De lo anterior, se colige que el acto de molestia que se reclama al emanar de un procedimiento de orden administrativo, por consiguiente corresponde conocer del mismo a un Juez de Distrito especializado en dicha materia sin que obste a lo anterior que el quejoso lo haya precisado en su demanda de amparo como una orden de aprehensión, en razón a que tal acto, como ya se indicó deviene de un procedimiento de naturaleza administrativa y emitido por autoridad administrativa por lo que dicho acto no deriva de un procedimiento de naturaleza penal. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y su competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica en su demanda de amparo. Con relación a las personas que designa en su demanda de amparo para tenerlos por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo esta se acuerda de manera favorable, toda vez que al realizar la consulta correspondiente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública se localizó registro de cédulas profesionales que los acrediten como licenciados en derecho. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE PARA CONSULTA Como lo solicita, se le tiene por proporcionado el nombre de usuario "felipetlatoaponce" con el fin de que se le autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal para que, previo haberse cerciorado del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que tal autorización implique se le practiquen por esta vía los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía se realizarán a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido su firma electrónica. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo.
- Principal
Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra los actos que reclama a la autoridad investigadora de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros Gabriela Adalid Arroyo Colomer, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 254/2023. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexo que acompaña se dicta auto de: AUTO DE INCOMPETENCIA La parte quejosa reclama a la autoridad investigadora de la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, la orden de detención, aprehensión y/o presentación dictada en su contra, así como su ejecución. Para ello, acompaña en copia simple oficio número CM-IZ-2021-2024/0137/2023, dirigido al Director de Seguridad Pública Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla en el que solicita la presentación del aquí quejoso Jorge Fernández Carrera para el día quince de marzo de dos mil veintitrés a las diez horas con motivo de la carpeta de investigación CMIM/007/2021 que se le instruye. Bajo ese contexto, con independencia de que el acto que reclama lo haya señalado como orden de aprehensión, lo cierto es que el mismo es una orden de presentación para que comparezca a deducir sus derechos en una carpeta administrativa que le instruye la contraloría municipal, por lo que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, ya que si bien el mismo aparentemente atenta contra la libertad personal, lo cierto es que deviene de un procedimiento de naturaleza administrativa, esto es, el procedimiento que inició la contraloría municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra del aquí quejoso. De lo anterior, se colige que el acto de molestia que se reclama al emanar de un procedimiento de orden administrativo, por consiguiente corresponde conocer del mismo a un Juez de Distrito especializado en dicha materia sin que obste a lo anterior que el quejoso lo haya precisado en su demanda de amparo como una orden de aprehensión, en razón a que tal acto, como ya se indicó deviene de un procedimiento de naturaleza administrativa y emitido por autoridad administrativa por lo que dicho acto no deriva de un procedimiento de naturaleza penal. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y su competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en el que indica en su demanda de amparo. Con relación a las personas que designa en su demanda de amparo para tenerlos por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo esta se acuerda de manera favorable, toda vez que al realizar la consulta correspondiente en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública se localizó registro de cédulas profesionales que los acrediten como licenciados en derecho. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO ÚNICAMENTE PARA CONSULTA Como lo solicita, se le tiene por proporcionado el nombre de usuario "felipetlatoaponce" con el fin de que se le autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal para que, previo haberse cerciorado del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que tal autorización implique se le practiquen por esta vía los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía se realizarán a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido su firma electrónica. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo.
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