Jorge Fermín Zubiate Mendoza y Otros.

Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
571/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge Fermín Zubiate Mendoza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que feneció para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Se ordena realizar las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 380/2019-JL signado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1696/2019 (442/2019-III-D-A-C), deducido del acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, el cual se envió a fin de que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a los quejosos Jorge Fermín Zubiate Mendoza, Uriel Cárdenas Serrano y Felipe Zubiate Coguel, circunstancia que aconteció el veintidós siguiente, como se advierte de las constancias adjuntas a la comunicación devuelta. Por tanto, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado que guardan los presentes autos, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de tres días concedido a los quejosos Jorge Fermín Zubiate Mendoza, Uriel Cárdenas Serrano y Felipe Zubiate Coguel, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se ordena practicarles por lista las subsecuentes notificaciones que les resulten de carácter personal, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Con la demanda de amparo promovida por Jorge Fermín Zubiate Mendoza, Uriel Cárdenas Serrano y Felipe Zubiate Coguel, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese bajo el número que le corresponde 571/2019-I en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, en términos del diverso 113 de la citada Ley, del escrito de demanda, se advierte, que los quejosos señalaron como actos reclamados los siguientes: ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Célula de Agencia Segunda Investigación: INVESTIGADORA URUAPAN Carpeta de FED/MICHURU/0000630/2019 Del 08 de Octubre de 2019 La cual se me notificó con fecha: 17 o 18 de octubre del 2019 con oficio No. URU-AII-1796/2019 SENTENCIA DEL JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Emitida por el Juez Horacio Ortiz González Amparo 616/2017 Con fecha 27 de Marzo de 2018 SENTENCIA DEL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EMITIDA POR ***, SECRETARIO DEL JUZGADO ENCARGADO de despacho por vacaciones autorizadas al titular Amparo 486/2017 Sin fecha, ya que la versión publica está sin fecha." Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo, así como sus escritos aclaratorios y anexos, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, del ordenamiento legal en cita. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Una vez señalado lo anterior, al analizar la demanda en su integridad, se advierte que los quejosos señalan, por una parte como acto reclamado la resolución emitida dentro de la carpeta de investigación FED/MICHURU/0000630/2019, por la Agencia Segunda de Investigación de Uruapan, Michoacán, por el delito de uso de documento falso dentro de los juicios de amparo 486/2017 y 616/2017, en la que se resuelve el no ejercicio de la acción penal, mismo que le fue notificado el diecisiete o dieciocho de octubre de este año. En este punto, se abre un parentesis, para establecer que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado advierte que se actualiza la prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo siguiente. Los citados preceptos constitucionales y legales, disponen: LEY DE AMPARO Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. CONSTITUCIÓN POLÍTICA Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido I. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: I. [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno En ese orden, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones del Ministerio Público en las que determine reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce ese derecho fundamental en el precepto 109, fracción XXI, y del diverso precepto 258 del mismo ordenamiento legal se obtiene que ese tipo de determinaciones podrán ser impugnadas ante el Juez de Control quien, previa cita a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, en audiencia decidirá en definitiva. De lo anterior, resulta que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones se limitan a las taxativamente previstas en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal). Esto es, dado que la finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones de la fiscalía, que definen el curso de una investigación y que de estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o adopte las medidas adecuadas para garantizar la satisfacción en la reparación del daño, motivando así que cesen las omisiones en perjuicio de las partes intervinientes. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos transcritos se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida por la autoridad ministerial, a través del medio de defensa innominado, previsto en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal, o no. De lo anterior se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), las resoluciones, entre otras, el no ejercicio de la acción penal. No obstante, dicha prerrogativa no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley (como en el caso, contra la determinación que reclama), previo a la promoción de un juicio de amparo, pues con la incorporación de dicho derecho para el pasivo del delito, se buscó que contara con una defensa de sus intereses, ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, incluso, su abuso. Robustece la anterior consideración el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el impetrante acudir a las instancias comunes que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. De ahí que contra la resolución emitida dentro de la carpeta de investigación FED/MICHURU/0000630/2019, en la que se resuelve el no ejercicio de la acción penal, no es procedente acudir directamente al juicio de amparo, pues primero debió combatir dicha determinación mediante el medio de impugnación innominado correspondiente ante el Juez de Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna en favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII; e incluso, se enfatiza que el propio artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala como derecho de la víctima u ofendido a impugnar el ejercicio o no de la acción penal, entre otros supuestos; de ahí la improcedencia de la demanda que nos ocupa. Resulta aplicable la Tesis Aislada I.8o.P.19 P (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra la determinación del Ministerio Público que resuelve el no ejercicio de la acción penal es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos la decisión ministerial y ordenar reabrir la investigación Máxime, que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. En consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA, POR LO QUE HACE A LA RESOLUCIÓN EMITIDA DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FED/MICHURU/0000630/2019, en la que se resuelve el no ejercicio de la acción penal con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto a los actos que reclaman al Juez Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en relación a las sentencias emitidas en autos de los juicios de amparo 486/2017 y 616/2017, respectivamente, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. En esta parte, se actualiza nuevamente la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En principio, es importante señalar que de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo indirecto, los Juzgado de Distrito de Amparo, son órganos judiciales, cuya función esencial es el control constitucional, por lo que es improcedente la demanda de amparo en contra de sus actos, pues no puede atribuírseles violación de garantías al ejercer tal función. De ahí que, conforme lo dispuesto en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos vinculados al trámite del juicio constitucional. Además, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley de Amparo, establecen la procedencia del juicio constitucional, contra actos de los Jueces de Distrito de Amparo, como sí lo hacen tratándose de los Tribunales Unitarios de Circuito o los Jueces de Distrito de diversa materia. Ilustra lo expuesto, la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1391, tomo II, libro 40, marzo de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuyo rubro es del tenor siguiente: MPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. Ahora, el quejoso reclama en su demanda sentencias emitidas en autos de los juicios de amparo 486/2017 y 616/2017, dictadas por los jueces Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, de ahí que resulta inconcuso que tales actos de autoridad no pueden ser reclamados por esta vía de amparo indirecto y por ende, es manifiesta e indudable la improcedencia conforme lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, lo que procede es desechar la demanda de amparo. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, POR LO QUE HACE A LOS ACTOS QUE RECLAMAN AL JUEZ QUINTO Y SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, EN RELACIÓN A LAS SENTENCIAS EMITIDAS EN AUTOS DE LOS JUICIOS DE AMPARO 486/2017 Y 616/2017, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno inherente. DOMICILIO. Los quejosos señalaron tener su domicilio ubicado en calle Cenobio Moreno, número 1074, colonia Josefa Ortiz de Domínguez, en Apatzingán, Michoacán. Por tanto, tomando en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera del territorio de este órgano jurisdiccional, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar a quien corresponda, y se constituya en legal y debida forma en el domicilio indicado en líneas precedentes y : Notifique personalmente a los quejosos, el presente auto, del cual se anexa copia simple. Los requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique, señalen domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el juicio de amparo 571/2019, apercibiéndoles que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publique en los estrados este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Uruapan, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

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