Jorge Felix García

Expediente 892/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
892/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Felix García

Actuaciones

  1. Principal

    SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CAUSA EJECUTORIA SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE EXPEDIENTE...

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que adjunta la responsable, la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Por otra parte, se tiene a la responsable informando que no se ha promovido diverso juicio de amparo dentro del expediente laboral de origen. Además, señala número telefónico y correo electrónico, únicamente para entablar comunicaciones no procesales; por lo que, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico que proporciona, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que los actos reclamados consisten en: La omisión de declarar cerrada la instrucción y dictar laudo correspondiente en el expediente laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En ese contexto, en el presente se estima no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, puesto que del oficio de cuenta, con anexo, permite ver que se actualiza, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Ahora, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, materia común, novena época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". También, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. Recuérdese que en el caso en estudio, la quejosa reclama la omisión de declarar cerrada la instrucción y dictar laudo correspondiente en el expediente laboral 856/2015 (4), del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Luego, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, se aprecia que el trece de julio de este año, declaró cerrada la instrucción en el expediente ****, de su índice; luego, el veintiséis de agosto siguiente, los miembros que integran la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, emitieron el laudo correspondiente en el citado expediente, promovido por el conflicto laboral entre el actor: ***** y la parte demandada U***, y otra. Laudo que se emitió de forma posterior a la presentación de la demanda -uno de agosto de dos mil veintidós-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruidos por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, materia común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al estimarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS -auto de tres de los actuales-. Al caso, sirve de apoyo por las razones que la sustentan, la jurisprudencia número 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, entre las emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza a la Secretaria judicial a firmar el oficio que derive de la presente determinación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Félix García, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 892/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrá enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal para justificar el incumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117, en relación con el diverso 260, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente, esto es, equivalente $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional). En la inteligencia de que los salarios mínimos aludidos en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor es de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional), en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, hagan del conocimiento de este órgano judicial, si ya se promovieron diversos juicios de amparo en contra de actos que deriven de los actos aquí combatidos; de ser afirmativa su respuesta, proporcione el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se señala a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes. En ese sentido, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2013, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. En el entendido, que de persistir la contingencia de salud pública derivado del virus COVID-19, para la fecha señalada para la audiencia constitucional, la misma se celebrará sin presencia física de las partes. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se celebrará, de manera tradicional, a partir de los escritos presentados de manera física o electrónica por las partes, esto es, sin la presencia de éstas. Empero, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, es decir, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal -únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare-, por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios, a saber, Windows 7 o superior 32/64 bits o Mac OS X 10.13 o superior. Los requisitos mínimos de sistema Windows CPU de doble núcleo a 2 GHz, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores. Mientras que los requisitos mínimos de sistema Mac OS X son, Arquitectura de CPU Intel, 2 GB de RAM, JavaScript y cookies habilitadas en los exploradores, Oracle Java 6 a Oracle Java 8. En ambos casos, utilizar Chrome como navegador, Cámara y micrófono, y Conexión a internet con velocidad mínima de subida de 300 kbps. O en su caso, a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta), en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings", lo cual podrá realizar a través de la PlayStore para Android o AppStore para Apple, utilizar equipos con pantalla de resolución media de 320 x 240 píxeles, cámara, micrófono y altavoces. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes y por ende no se realizará la videograbación de la audiencia de mérito sólo obrará el acta por escrito respectiva. Así, hágase saber a las partes, que en su caso podrán formular alegatos, siempre que se exhiban de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, o físicamente ya sea en la Oficialía de Partes Común en un horario matutino de las ocho horas a las quince horas, de conformidad con la Circular DGGJ/3/2022, o en la Oficina de Correspondencia Común, la cual prestará auxilio a las oficialías de partes, conforme al artículo 10, fracción VIII, inciso a), del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFICACIÓN A LA MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Practíquese las subsecuentes notificaciones a la citada agente del Ministerio Publico, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA". En el entendido que, este órgano jurisdiccional con fundamento en el citado numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de la materia, ordenará se practiquen de manera personal a la referida representación ministerial las determinaciones que a juicio de este Juzgado así lo ameriten. Asimismo, vista la certificación de cuenta se autoriza al usuario ROCIO.CRUZ, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). REQUERIMIENTO A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Este juzgado se reserva proveer respecto al señalamiento de terceros interesados a que se refiere el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto obren en autos las constancias de las que pueda constatarse la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la Tesis XXVII.9K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1131 del Tomo XVIII, octubre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPOTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5º, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO." PRUEBA. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que anexó a su escrito de demanda, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala el quejoso en su ocurso constitucional, y como autorizados en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************ atendiendo a que el promovente en el juicio de origen en materia laboral se ostenta como parte actora, por lo que no les es exigible el requisito de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Ahora, respecto al correo electrónico y número telefónico que proporciona, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento de los mismos, únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. TRANSPARENCIA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente, se autoriza a la secretaria adscrita para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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