Jorge Fagardo de la Torre
Expediente 1505/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- Jorge Fagardo de la Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 28 a 30), mediante la cual se sobreseyó en el juicio el amparo solicitado; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.
- Principal
Vistos los oficios remitidos por la Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte, y por el Procurador Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública, ambos del Estado de Jalisco, por el que realizan manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo respectiva; agréguense a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, resulta pertinente hacer síntesis de las siguientes actuaciones practicadas en el presente juicio de amparo indirecto: I) Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho causó estado la sentencia interlocutoria originada en el incidente innominado tramitado con la finalidad de cuantificar en cantidad líquida las prestaciones a las que tenía derecho la parte quejosa con motivo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedida a fin de que las autoridades responsables a través de la dependencia correspondiente pagaran a la parte garantista la indemnización y demás prestaciones a que tenía derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica respectiva. II) Vía la exhibición de los oficios respectivos, la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco solicitó una prórroga a fin de cumplir la ejecutoria de amparo; lo cual, fue acordado de conformidad por autos de trece de diciembre siguiente y tres de enero de dos mil diecinueve. III) No obstante lo anterior, la aludida Secretaría de Transporte presentó una comunicación oficial por la que informó una supuesta imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo; toda vez, que con motivo a la vigencia de la reciente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, ello correspondía a la Secretaría de Seguridad de la aludida Entidad Federativa como encargada de los funcionarios que detentaban el cargo de Policía Vial, tal y como lo hicieron la parte quejosa. Por tanto, se vinculó a cumplimiento a esta última y se le requirió para que lo hiciera dentro cierto término. IV) Sin embargo, la referida Secretaría de Seguridad allegó un oficio por el que manifestaba una supuesta imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo; toda vez, que con motivo a la vigencia de la reciente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y contrario a lo argüido por la Secretaría de Transporte, ello competía a esta última Secretaría; ello, con fundamento en el artículo transitorio séptimo. V) Vía oficios ST/DGA/202/2019 y ST/DGA/203/2019, el Director General Administrativo de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, informó que a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de nueve de enero de dos mil dieciocho y de conformidad a lo determinado en la sentencia interlocutoria del incidente innominado pronunciada el doce de noviembre pasado, correspondían respectivamente las cantidades de $331,643.50 (trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 moneda nacional) y $498,014.30 (cuatrocientos noventa y ocho mil catorce pesos 30/100 moneda nacional) a la parte quejosa CARLOS ALBERTO ROMERO CHÁVEZ y MARIO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ. VI) En autos del diverso juicio de amparo indirecto 926/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ahora Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, emitió el oficio PF-DJI-JA-5868, por el que esclarecía que el presupuesto de egresos es autorizado en cierta cantidad y que transfiere a las dependencias Estatales el numerario relativo en forma mensual. Manifestación, que constituye una confesión expresa que resulta admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo cual, se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2° y también con fundamento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". VI) Finalmente, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve causó estado el proveído emitido el veintiuno de mayo anterior; relativo, a la actualización de la sentencia interlocutoria del resuelto incidente innominado a fin de cuantificar las prestaciones a las que tenía derecho la parte quejosa como elemento operativo de seguridad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, infórmesele tanto a la Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría, Director General Administrativo y Director de Recursos Financieros, estos tres últimos de la Secretaría de Transporte, totalidad de autoridades correspondientes al Estado de Jalisco -COMO AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, que el cumplimiento implica una obligación de pago a su cargo y en favor de la parte quejosa; por lo que, debe tomarse en cuenta que si alguna de éstas goza de las atribuciones para disponer de los recursos presupuestales que permitan efectuar el pago respectivo, aun cuando los recursos no estén destinados específicamente para tal fin, aquéllas deberán realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin que ello implique violación alguna al artículo 126 de la Constitución General de la República; lo anterior, con fundamento en las razones que informa la tesis P. XX/2002 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 187083, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO". En ese orden de ideas, es menester establecer que las aludidas autoridades deben necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado; tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, y por otra, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede establecer obstáculos al cumplimiento de una sentencia de amparo. Tienen aplicación las jurisprudencias P./J. 5/2011 y P./J. 8/2011 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números de registros 162469 y 162470, de rubros: ""SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN" y "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia se requiere POR ÚLTIMA OCASIÓN a la Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría, Director General Administrativo y Director de Recursos Financieros, estos tres últimos de la Secretaría de Transporte, totalidad de autoridades correspondientes al Estado de Jalisco, como AUTORIDADES QUE SE VINCULAN AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA ORIGINADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO-, para que dentro del ÚLTIMO TÉRMINO DE DIEZ DÍAS den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de nueve de enero de dos mil dieciocho, de conformidad a lo determinado en la actualización de la sentencia interlocutoria del incidente innominado pronunciada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, remitiendo constancia fehaciente de ello; a saber, 1) Acredite haber efectuado las adecuaciones presupuestarias que estime necesarias correspondientes al presupuesto de egresos respectivo. 2) DISPONGA DE INMEDIATO de la cantidad de $98,970.56 (noventa y ocho mil novecientos setenta pesos 56/100 moneda nacional), por cada una de las personas que constituyen la parte quejosa; numerario, al que deberán descontarse los cálculos de retención de impuestos, anticipos, descuentos y aquellos conceptos que legalmente procedan y que se originó por la multialudida actualización de la referida sentencia interlocutoria emitida en el incidente innominado respectivo. 3) PONGA A DISPOSICIÓN DE INMEDIATO EL NUMERARIO ANTERIOR, de cada una de las personas que constituyen la parte quejosa. De igual forma, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que en su carácter de superior jerárquico de las autoridades vinculadas, les ordene a éstas cumplir con la ejecutoria de amparo; asimismo, vigile el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. Todo lo anterior, porque incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento en los mismos términos que lo son tanto las autoridades responsables como de las aquí vinculadas (Secretaría de la Hacienda Pública, Secretaría, Director General Administrativo y Director de Recursos Financieros, estos tres últimos de la Secretaría de Transporte, totalidad de autoridades correspondientes al Estado de Jalisco); ello, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo. Con el APERCIBIMIENTO que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se les impondrá a cada uno de ellos, una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo efectivo para ello; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que informan los criterios: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente en la Quinta y Sexta Épocas del Semanario Judicial de la Federación, emitió diversas tesis en las cuales sostuvo el criterio predominante de que tratándose de obligaciones de pago derivadas de sentencias de amparo a cargo de las autoridades responsables, no se sancionaría su incumplimiento cuando el pago no se encontrara previsto en el presupuesto autorizado, de manera que la responsabilidad de aquéllas quedaba limitada a la mera gestión ante los órganos competentes para que se autorizara el gasto correspondiente. En este sentido se orientan los siguientes criterios históricos, de rubros: "CASO EN QUE NO ES APLICABLE, DE MOMENTO, LA FRACCIÓN XI EL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL. DEFECTO DE EJECUCIÓN."; "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS."; "SENTENCIAS DE AMPARO, INELUDIBLE EJECUCIÓN DE LAS." e "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA IMPROCEDENTE.", publicados, respectivamente, en el Informe de 1941, página 131 y en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXI, página 2277 y Tomo XLVII, página 4882, y Sexta Época, Volumen LXXVIII, Primera Parte, página 14. Sin embargo, estos criterios no deben prevalecer en la actualidad pues, por una parte, obedecen a la interpretación aislada del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que originalmente era el 125) y, por otra, desconocen la fuerza vinculatoria de las ejecutorias de amparo cuya eficacia deriva del mandato constitucional. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el presupuesto de egresos se rige por el principio de anualidad, porque el ejercicio fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un año, para el cual se planea precisamente el gasto público que implica la programación de actividades y cumplimiento de proyectos al menos durante ese tiempo, también lo es que el citado artículo 126 de la Norma Fundamental acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues prevé la posibilidad de que pueda variarse al establecer que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, de donde se desprende que en el propio texto de la norma constitucional referida, subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior, a saber: a) Al aprobarse el presupuesto de egresos; o, b) En ley posterior, la que por su cronología necesariamente sucede a aquel proyecto presupuestario original en el tiempo; de manera que el precepto constitucional en mención, en lugar de constituir un valladar insuperable para la autoridad responsable, prevé la posibilidad de modificación del presupuesto original para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, es decir, su virtud es la de establecer un remedio para los casos fortuitos, que le permite solicitar los ajustes presupuestarios necesarios para enfrentar las obligaciones pecuniarias del Estado, gasto que necesaria e ineludiblemente debe autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Además, si la autoridad ya tiene autorizado un presupuesto que le permite efectuar un pago, aun cuando no esté previsto específicamente en él, debe realizarlo si con ello da cumplimiento a un mandato de amparo, pues exclusivamente en esta hipótesis no podría considerarse jurídicamente que vulnerara la prohibición contenida en el artículo 126 de la Constitución General de la República, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo no puede quedar condicionado a la determinación de si se aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente a la obligación impuesta, dado que la majestad de la Constitución Federal impone categóricamente que aquéllas sean cumplidas inexcusablemente, por lo que únicamente en esta hipótesis no puede operar el principio de responsabilidad que deriva del mencionado artículo 126 constitucional, pues técnicamente no se estaría contraviniendo, sino que se actualizaría un caso de excepción en el que no sería punible la conducta de la autoridad. Asimismo, tal proceder tampoco contravendría el artículo 134 del Ordenamiento Fundamental, relativo al manejo de los recursos económicos con apego al principio de honradez, la cual se entiende como un actuar probo, recto, sin desvío alguno, pues no hay improbidad alguna en cumplir con un mandato de amparo, por el contrario, es un principio rector de los actos de la autoridad cumplir y hacer cumplir la Constitución y, por ende, los mandatos de amparo que derivan de ésta, cuya finalidad es el restablecimiento del orden constitucional". (Incidente de inejecución 493/2001, Época: Novena Época, Registro: 187083, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. XX/2002, Página: 12) . "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. Como se advierte de lo dispuesto en el citado precepto legal para cada ejercicio fiscal la Asamblea Legislativa debe aprobar en el Decreto del Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para cumplir las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales y, en caso de que dicha partida presupuestal sea insuficiente, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, podrá solicitar a la Asamblea una ampliación. En ese tenor, si la intención del legislador con el establecimiento de dicho numeral, según se desprende de la respectiva exposición de motivos, fue garantizar el Estado de Derecho mediante la aprobación de la partida específica, la interpretación conforme de ese mandato legal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en sus artículos 17, párrafos segundo y sexto así como en el 107, fracción XVI, -este último en el caso de las sentencias de amparo-, lleva a concluir que el referido artículo 73 no tiene como finalidad obstaculizar el cumplimiento de las sentencias, impidiendo la aplicación del sistema general de adecuaciones presupuestarias establecido en el Capítulo III del Título Tercero de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, sino que constituye un mecanismo que permite al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, solicitar a la Asamblea Legislativa la ampliación de la partida en comento una vez que los recursos que puedan transferirse a dicha partida, provenientes de las diversas que integran el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal, se hayan agotado, mediante las adecuaciones presupuestales autorizadas por las autoridades competentes de esa entidad política, al no ser disponibles, sin menoscabo de que la ampliación referida en el citado numeral pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones en comento, quedando bajo el prudente arbitrio de las autoridades competentes determinar el mecanismo presupuestal que les permita cumplir con la sentencia concesoria en el plazo correspondiente con el objeto de evitar la aplicación de lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional. Importa destacar que interpretar el citado artículo 73 en el sentido de que impide acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y que, por ende, prevé como única opción, una vez agotados los recursos destinados originalmente a la partida respectiva, solicitar una ampliación a la Asamblea Legislativa, implicaría atribuir a este órgano legislativo la intención de establecer una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, pues tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el gobierno del Distrito Federal". (Incidente de inejecución 542/2008, Época: Novena Época, Registro: 162470, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2011, Página: 8).
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario General de Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual rinde informe justificado y realiza manifestaciones; glósese a los autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe y por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscriben los delegados adscritos a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, por el que informan que el cheque 0003240 se encuentra pendiente de consignación ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en razón del periodo vacacional que goza dicha autoridad, por lo que solicitan una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 193 de la ley de la materia SE CONCEDE UNA PRÓRROGA de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, a la autoridad responsable, para que dé cumplimiento puntual de la ejecutoria de amparo, esto es cumpla la sentencia definitiva dictada en el expediente 213/2012, del índice de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, remitiendo constancia fehaciente de ello. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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