Jorge Fabián Valladares Garza

Expediente 1699/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1699/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Fabián Valladares Garza

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, del que se advierte que mediante boleta de suspensión de inscripción de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dio contestación al oficio 2845/2023 de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que solicitó la toma de razón del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número ..., relativo al inmueble marcado como tablaje catastral número ...de ...Yucatán. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la omisión de la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, de calificar el embargo solicitado por oficio 2845/2023 de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, respecto del juicio ejecutivo mercantil número ********************, relativo al inmueble marcado como tablaje catastral número ******************** de ********************, Yucatán. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que el veintiuno de noviembre del presente año, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, emitió la boleta de suspensión de inscripción en respuesta a la solicitud del oficio 2845/2023 de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que solicitó la toma de razón del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, relativo al inmueble marcado como tablaje catastral número ******************** de ********************, Yucatán, esto es, calificó dicho embargo y determinó suspender el trámite, toda vez que de la revisión de los asientos registrales y conforme la inscripción de compraventa vigente del año mil novecientos cincuenta y cuatro, se advierte que la demandada del juicio mercantil de origen (propietaria registral vigente) adquirió el predio cuando tenía la edad de cincuenta y siete años de edad, por lo que a la fecha de la diligencia de embargo tendría la edad de ciento veintiséis años de edad, siendo necesario confirmar si a pesar de ello se debe tomar razón de embargo, por lo que el tramite quedó suspendido por el término de cuarenta y cinco días a partir de que se haga del conocimiento de la autoridad judicial, para la aclaración correspondiente. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica del aquí peticionario de amparo y, por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la omisión de calificar el embargo solicitado en el oficio 2845/2023 de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, por parte de la la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en el que se solicitó la toma de razón del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, relativo al inmueble marcado como tablaje catastral número ******************** de ********************, Yucatán, ya no existe, en virtud de que la autoridad administrativa responsable ya lo calificó y mediante boleta de suspensión de inscripción de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, dio contestación al oficio 2845/2023 de la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que la autoridad responsable administrativa se encontrara obligada a dar contestación en el sentido que pretende la parte quejosa, pues no se encuentra constreñida a ello. Apoya lo anterior, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Abril de 1992, página 81, Octava época, materia común, registro 206849, que dice: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten". En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la causa de improcedencia que se actualizó. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Jueza Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, mediante el cual rinde su correspondiente informe justificado y un anexo que acompañó; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido, y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ha transcurrido el término de seis meses a que hace referencia el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que se interponga el incidente de daños y perjuicios sin que se hubiere hecho, asimismo, la quejosa Maria Dolores Lopez Lira e Hinojo, no solicitó la devolución del billete de depósito número N-862436, además de que ha transcurrido el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para la prescripción de dicho billete. En atención a lo anterior, en virtud de que el término que antecede para la prescripción del billete comenzó a contarse a partir del veintiocho de abril de dos mil veintiuno. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el referido numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito N-862436, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En ese sentido, se ordena se aplique en beneficio del Fisco Federal el importe del referido billete; y una vez que cause estado el presente acuerdo, remítase al Tesorero de la Federación el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, adjuntándole copia certificada de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, con apoyo en lo previsto por el numeral 37, primer párrafo, del ordenamiento legal invocado y en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni al Comité Técnico del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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