Jorge Eulalio Mendoza Mandujano

Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1117/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Eulalio Mendoza Mandujano

Actuaciones

  1. Principal

    Tribunal Colegiado informa respecto a conflicto competencial. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante los cuales informa que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, es competente para conocer del presente juicio de amparo, remitiendo los autos a dicho órgano jurisdiccional. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, en razón de la incompetencia decretada para conocer de la demanda de amparo generadora del presente asunto. y en su oportunidad archívese este expediente.

  2. Principal

    Tribunal Colegiado informa admisión de conflicto competencial. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, el cual se radicó con el número 25/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Juzgado Federal no acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual informa que insiste en declinar la competencia legal planteada y remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Recepción de demanda, registro en libro de gobierno y formación de expedientes. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Guanajuato, capital, al cual adjunta los autos originales del juicio de amparo 1387/2022 de su índice, con motivo de la demanda promovida por ********, por conducto de quien bajo protesta de decir verdad se ostenta como su defensor público *******, por los motivos expuestos en el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós. No se acepta competencia legal declinada. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, respetuosamente, este Juzgado Federal rechaza la competencia legal declinada por el homólogo oficiante, ya que esta juzgadora estima que quien debe conocer del juicio de derechos fundamentales que se recibe es el titular del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Guanajuato, capital, por las razones que enseguida se exponen: En principio precisa acotar que la parte quejosa señaló en la demanda de amparo actos reclamados mixtos, entre los cuales si bien se encuentra uno que tuvo ejecución material (traslado ejecutado antes de la emisión de la diversa resolución también reclamada), lo cierto es que hay otro que no la requiere al ser sus efectos meramente declarativos (resolución de veintisiete de septiembre del año en curso emitida por la sala responsable que confirmó una diversa determinación por la cual el juez penal de origen calificó de legal el traslado del quejoso); y, en ese sentido, se estima que la competencia debe tenerla la del juez ante quien se presentó la demanda. En efecto, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el cual se regula la competencia, por territorio, de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo indirecto. Ese numeral dice así: "********." El análisis de este numeral pone de relieve que la ley de la materia establece tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, para conocer de los juicios de amparo indirecto, las que para una mejor ilustración técnica se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda relativa. Desde luego, en este supuesto basta que el acto reclamado, por su naturaleza, no requiera ejecución material, para que el juez Federal competente sea el del lugar de la presentación de la propia demanda de amparo. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en cuenta para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el propio criterio legal para la determinación de la competencia del juez de Distrito, precisada en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez Federal ante el que se presentó la demanda. En el caso concreto, se tiene que la demanda de amparo que nos ocupa se señalan los siguientes actos reclamados: 1. La resolución de veintisiete de septiembre del año en curso emitida por la sala responsable que confirmó una diversa determinación por la cual el juez penal de origen calificó de legal el traslado del quejoso; y, 2. El traslado ejecutado antes de la emisión de la diversa resolución reclamada. Luego, ante esa pluralidad de actos, deviene inconcuso que en este caso se actualiza el supuesto legal contenido tanto en el inciso a) como en el b), previamente explicados, puesto que, como ya se dijo, en los actos reclamados se encuentra uno que no requiere ejecución material (punto 1), y otro que sí la requiere (ordinal 2). Siendo que el primero de esos actos contrario a lo estimado por el Juzgado declinante carece de ejecución al ser de naturaleza meramente declarativo, en la medida que únicamente confirma la calificación de legal del traslado del que fue objeto el quejoso con anterioridad a la emisión de esa determinación. Lo anterior se estima de esa manera, ya que esa resolución por sí sola no requiere de ejecución material inmediata o instantánea, pues sus efectos son meramente declarativos, situándose dicho acto en la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y no en la primera regla de competencia que estima se actualiza la potestad declinante; ello se asevera porque, en el caso particular, la suscrita disiente de las consideraciones vertidas por el homólogo declinante, al estimar que la resolución reclamada en análisis no conlleva una ejecución material, pues se itera la misma simplemente confirma la calificación de un traslado ya ejecutado; y, por ende, no requiere de ejecución material, ya que no prescribe o manda una conducta determinada, es decir, por si misma no modifica ni altera el estado existente de las cosas, al no modificar su situación jurídica actual, ni tampoco su permanencia en tal centro preventivo, en razón de que ella no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes del directo quejoso al no producir ningún cambio en su realidad; de ahí que se estime que dicho acto reclamado no da lugar a una ejecución con los efectos indicados por el declinante. Por tanto, dada la pluralidad de actos reclamados, este órgano jurisdiccional determina que el juicio de amparo que nos ocupa debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sostiene lo anterior la tesis aislada de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXV, Materia(s): Común, página 606, que dice: "ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos debe entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implica modificación alguna de derechos o de situaciones existentes." Igualmente, resulta aplicable la tesis aislada I.16o.A.9 K (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro.". Suma a lo anterior, que si bien el precepto legal invocado no prevé una disposición que regule qué autoridad jurisdiccional es competente para conocer de los juicios de amparo en donde se reclamen diversos actos, no se debe pasar por alto que en estos casos la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano de acceso a la justicia, debe tomarse en cuenta que si la parte quejosa presentó su demanda ante el juzgado declinante, debe presumirse que es porque este es de más fácil acceso para la accionante, respecto del otro, dado que la parte promovente optó por acudir ante él y no con el otro. Lo anterior, pues como se advierte del escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones que ocupa la Defensoría Pública Federal en la ciudad en la cual ejerce jurisdicción el homólogo declinante. Apoya a lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial VII.2o.T. J/63 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." De igual forma, es aplicable la tesis VII.2o.T. 5 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, Materia Común, página 1663, Décima Época, con registro 2009622, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. " Igualmente, conviene precisar que para efecto de la competencia de los jueces de Distrito, por regla general, no basta que se reclame la ejecución de los actos relativos en el juicio de amparo, ya sea por vicios propios o no, ni que se designe a alguna autoridad para ello, pues lo realmente trascedente es, precisamente, la naturaleza del acto reclamado, por ser el aspecto en el que gravita o gira la decisión de la competencia territorial respectiva, en los términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. A ese respecto, cabe citar la tesis cuatrocientos veinticinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VII, Conflictos Competenciales, P.R., de epígrafe y texto siguientes: "COMPETENCIA, ACTO MATERIALMENTE EJECUTABLE. NO LO DETERMINA, NECESARIAMENTE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PROVENGA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA. No todo acto proveniente de autoridad ejecutora, es ejecutable materialmente, por lo que si se pretende aplicar alguna de las hipótesis previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la competencia del Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo, debe examinarse la naturaleza del acto reclamado en vez de atenerse simplemente al señalamiento de una autoridad como ejecutora, pues puede darse el caso de que ésta, en cumplimiento de una resolución proveniente de una ordenadora, emita otra resolución que sólo sea declarativa; en tal caso, ante la ausencia de un acto que requiera ejecución material, debe estarse a lo ordenado en el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y declarar la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades que hayan emitido los actos reclamados.". Bajo esa línea de pensamiento, atendiendo al principio de continencia de la causa, ante la pluraridad de actos reclamados, es competente para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto del acto reclamado que no requieren ejecución material. Esta conclusión se encuentra en la tesis I.16º.A.9 K (10ª.) sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la que dicho órgano colegiado precisó que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material, entre otros actos que no requieren ejecución material, serán competentes para conocer del asunto en su integridad tanto el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado que requiere ejecución, como el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda atendiendo a los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sobre el particular cabe citar la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALE UNA PLURALIDAD DE ACTOS RECLAMADOS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRE UNO QUE DEBA TENER EJECUCIÓN MATERIAL, QUE INCLUSO YA SE EJECUTÓ, ASÍ COMO OTROS QUE NO LA REQUIERAN, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas de competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer del juicio en la materia, en razón del acto reclamado, a saber: a) si requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) si puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda; y, c) si no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del precepto citado, aunado al principio de continencia de la causa, se colige que cuando en el amparo indirecto se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que deba tener ejecución material, que incluso ya se ejecutó, por ejemplo, la orden de bloqueo de una cuenta bancaria y su materialización, así como otros que no la requieran, en principio, serán competentes para conocer del asunto, en su integridad, tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado, como aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda, respecto de los actos reclamados que no requieren ejecución material. Sin embargo, ante la falta de regulación expresa para ese tipo de supuestos, en observancia del principio pro persona, contenido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esa Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 de la referida Carta Magna, se concluye que la competencia se surte en favor del Juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que el quejoso haya presentado su escrito ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que el promovente optó por acudir ante él y no con el otro." (Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II. Tesis: I.16o.A.9 K (10a.). Página: 1223.). Incluso, en el peor de los casos de considerar que el acto reclamado consistente en la resolución de veintisiete de septiembre del año en curso, emitida por la sala responsable que confirmó una diversa determinación por la cual el juez penal de origen calificó de legal el traslado del quejoso, tiene alguna ejecución, lo cierto es que ésta abarcaría tanto el lugar donde se comenzó el traslado, el lugar en el que actualmente se localiza el directo quejoso, como el lugar en el que reside la sala responsable, por ser éste en el que se lleva el juicio penal del quejoso, lo que no significa otra cosa más que la ejecución del acto alcanzaría más de un distrito y, así, deviene innegable que en este supuesto, se surtiría la regla de competencia indicada en el inciso c) antes reseñado, motivo por el cual también le correspondería el conocimiento al juez declinante. Por tanto, se determina que el juez declinante no sólo es legalmente competente para conocer del acto reclamado que no requiere ejecución material, sino también para conocer del traslado ejecutado antes de la emisión de la diversa resolución reclamada, en atención al principio de continencia de la causa. Así, todas las razones expuestas en acápites precedentes conducen a considerar que a quien corresponde resolver este juicio no es a la suscrita juzgadora, sino al Juzgado declinante, por ser en donde se presentó la demanda de amparo origen del juicio que aquí nos ocupa, en los términos del artículo 37, de la ley de la materia. En congruencia con todo lo anterior, al no compartir el criterio sostenido con el Juzgado declinante, lo conducente en este caso es, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devolver el presente juicio de amparo y las copias que se adjuntaron al mismo, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, por ser el tribunal legalmente competente para resolverlo, en términos del diverso 37 de la propia ley de la materia, solicitándole se sirva acusar de recibo sobre el particular y comunicar la determinación que tenga a bien asumir en el mismo. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano