Jorge Ernesto Medina Cocom
Expediente 1075/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ernesto Medina Cocom
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre del año en curso, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni transcurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, a las demás partes para que cause ejecutoria el presente juicio de amparo, por cuanto que en el presente caso, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, y dado el sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo, no se les vulneran a las demás partes sus derechos en el juicio de origen, con los cuales pueda subsistir algún interés jurídico contrario al de la parte quejosa, por lo tanto, este Juzgado Federal, estima que no es necesario esperar a las demás partes el transcurso del término indicado. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecinueve, por lo que respecta a los actos que consistieron en la malos tratos, detención, o arresto administrativo del directo quejoso, que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en auto de cuatro de agosto del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; en consecuencia, deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y por lo que respecta al duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver el juicio de amparo 1075/2019-IV, promovido por María del Rosario Cruz Tuyub a favor de Jorge Ernesto Medina Cocom, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22, Constitucionales; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. El cinco de agosto del presente año, María del Rosario Cruz Tuyub, solicitó el amparo a favor de Jorge Ernesto Medina Cocom, respecto de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. Segundo. Otorgamiento de suspensión de plano. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecinueve, se concedió al directo quejoso la suspensión de oficio y de plano por lo que refiere a los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en malos tratos, detención, o arresto administrativo que se adujo sufría el directo quejoso. Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de agosto del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y previos diferimientos se realizó en términos del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la malos tratos, detención, o arresto administrativo. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado todas las autoridades responsables negaron el acto reclamado consistente en los malos tratos que se adujo sufría el directo quejoso. De igual forma, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y Fiscal en Jefe en turno del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación con sede en Kanasin, antes Agencia Vigésima Tercera del Estado, al rendir sus correspondientes informes justificados negaron los actos reclamados consistentes en la detención, o arresto administrativo del directo quejoso. Por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa por la parte quejosa respecto de los mencionados actos reclamados lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo aplicable. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En cuanto al acto reclamado consistente en la detención o arresto del directo quejoso, el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama, sin embargo, del informe justificado se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el presente caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Kanasín, Yucatán, anexas a su informe justificado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que autoridad responsable manifestó que siendo a las veintitrés horas del día cuatro de agosto del año en curso, fue puesto en libertad al directo quejoso Jorge Ernesto Medina Cocom; esto es, posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el mismo cuatro de agosto del año en curso, a las veinte horas, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso al quejoso en el goce de su derecho humano, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Cabe hacer la aclaración que no obstante que la autoridad responsable en su informe justificado refiere que el quejoso iba a estar detenido treinta y seis horas, sin embargo, de las constancias que remitió no se advierte que le haya sido impuesta alguna sanción administrativa, por tanto, es que se llegó a la conclusión de que cesó la detención al momento que fue liberado el quejoso, sin que pase inadvertido que del informe se haya dicho que fue en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María del Rosario Cruz Tuyub a favor de Jorge Ernesto Medina Cocom, en contra de los actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR LOS MOTIVOS QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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