Jorge Ernesto Fernández Cámara

Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
701/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Jorge Ernesto Fernández Cámara
  • Juez Primero del Ramo Civil.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil veintiunoRecepción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, del que se advierte, acusa recibo del diverso 24-A-III-Y, de quince de enero del año en curso, por el que se le remitió por legal incompetencia el juicio de amparo 701/2020, radicándola bajo el número de amparo directo 23/2021, del índice de ese órgano jurisdiccional; asimismo, informa que ese tribunal colegiado tiene competencia para conocer del asunto. Archivo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuadernillo como asunto totalmente concluido, previas anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Destrucción. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente. Relevancia documental. Asimismo, es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Anotaciones y transferencia. Por tanto, como lo dispone el párrafo segundo, del artículo 29, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, acorde con el referido numeral 21, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Por último, conforme al numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jorge Ernesto Fernández Cámara, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, del análisis de la demanda y del escrito de cuenta, se arriba a la consideración de que este Juzgado carece de legal competencia para conocer y resolver el presente asunto. El promovente, hace consistir el acto reclamado en el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial hipotecario 994/2019, que desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva. Por otra parte, el promovente atribuye dicho acto a la autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. En ese contexto, el proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que reclama destacadamente la parte quejosa, constituye una determinación que pone fin al juicio, lo cual evidencia la falta de competencia legal de éste órgano de control constitucional. Lo anterior, permite establecer que este Juzgado debe declararse legalmente incompetente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito." En efecto, es de precisarse que para los efectos del citado numeral 34 de la ley de la materia, solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo. Así, por sentencia definitiva deben entenderse aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal. En tanto que las resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que sin resolver la cuestión controvertida, es decir, el juicio en lo principal, lo den por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso. De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos se colige que deberá considerarse como una resolución que pone fin al juicio el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial hipotecario 994/2019, que desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva; por tanto, al ser una determinación que dio por concluido el juicio, no puede ser combatido a través del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, considerando que de los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer del juicio de amparo uniinstancial los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) principio de definitividad, en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable. Lo que permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho dicho requisito, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la definitividad para acudir al juicio de amparo; presupuestos procesales que únicamente compete analizar al Tribunal de circuito correspondiente, aun cuando no se hubiere agotado el recurso ordinario de defensa. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." [Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), Décima Época, registro 2008791, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 2015, página 95]. Por tanto, se estima que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra las resoluciones que ponen fin al juicio, como acontece en el presente caso, que se reclama el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial hipotecario 994/2019, que desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en efecto, promover el juicio de amparo en contra de una resolución de esa naturaleza, torna procedente la vía de tramitación directa, por tratarse de una resolución que dio por concluido el juicio; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, este Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo biinstancial que establece el precepto 107 de la Ley de Amparo. Así, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 47 de la ley de la materia, se ordena remitir la demanda de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo conducente, solicitándose atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por todo lo anterior, con copia de la demanda de amparo y del presente proveído, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria Ana Luisa Wong López, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por ... contra actos del Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 701/2020, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Del análisis del texto íntegro del libelo constitucional, se observa que no cumple con el requisito señalado en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa es imprecisa en señalar cuál es el acto que reclama, toda vez que refiere como tal el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que le fue notificado el treinta siguiente, sin embargo, no señala en qué juicio fue emitido el citado acuerdo. Asimismo, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo. Por tanto, deberá ampliar los antecedentes de los actos reclamados en los que bajo protesta de decir verdad, manifieste la naturaleza del juicio, quiénes son las partes y las etapas procesales que se hubieren desarrollado en el mismo; información que es necesaria se precise a fin de estar en condiciones de establecer la litis planteada. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa deberá cumplir con lo siguiente: Precise el acto que reclama, señalando el número de juicio en el que fue emitido. Deberá ampliar los antecedentes de los actos reclamados en los que, bajo protesta de decir verdad, manifieste la naturaleza del juicio, quiénes son las partes y las etapas procesales que se hubieren desarrollado en el mismo. Apercibida que de no hacerlo así en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en los términos del citado numeral 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en ... Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a ... por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y en restringidos términos a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado. Por otra parte, como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tiene como contacto de la parte quejosa, el número telefónico que proporciona. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, previa toma de razón que obre en autos, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que no se publicaran sus nombres y datos personales, salvo petición expresa en contrario.

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