Jorge Ermilo Quijano Puerto
Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Carlos Canul Martínez
- Jorge Ermilo Quijano Puerto
- Silvia Elena Torner Barrera, albacea de la sucesión de Juan José Rafae y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
:En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 202/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el emplazamiento de la parte tercera interesada y el informe justificado rendido por las autoridades responsables; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y las autoridades responsables i) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México (tomo de pruebas), y Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, ofrecieron pruebas documentales, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; en consecuencia, el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, se da por terminada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la parte tercera interesada formuló manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la parte tercera interesada; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 202/2022-II, promovido por Juan Carlos Canul Martínez, por derecho propio y en representación de Jorge Ermilo Quijano Puerto, contra actos de la Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno en la citada fecha al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, Juan Carlos Canul Martínez, por derecho propio y en representación de Jorge Ermilo Quijano Puerto, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, 2) Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. - - - 1. Reclamo de las responsables cualquier fallo y/o sentencia y/o decreto judicial que tenga por objeto ordenar y ejecutar la desocupación y entrega del inmueble propiedad de la quejosa, sea dicho fallo temporal, provisional; cautelar o definitivo, toda vez de no haber sido notificado de juicio alguno, mucho menos del diverso expediente 311/2021 del índice de la Juzgado 14° Civil de la Ciudad de México. - - - 2. Reclamo de las autoridades que he señalado como ordenadoras y ejecutoras que fuera de juicio, en un expediente 311/2021 de juicio hipotecario, se estén realizando o se hayan realizado ataques a la propiedad fuera de juicio, pues esta parte quejosa no ha sido notificada de procedimiento alguno. - - - 3. Ataques a la propiedad que pueden consistir en los autos judiciales o, decretos judiciales o, determinaciones judiciales que tengan por propósito desocupar y entregar el inmueble propiedad de la parte quejosa, ya sea provisional o definitivo, como también la orden y ejecución judicial o administrativa para realizar anotaciones ya preventivas ya marginales, inscripciones, cancelaciones de asientos registrales o de movimientos registrales o cualquiera otro acto similar cuya finalidad sea o constituya un ataque a la propiedad de la parte quejosa por constitución de gravamen o anotación, pues se surten las hipótesis constitucionales para que cesen los ataques, ya que la parte quejosa desconociendo el estado procesal de ese juicio 311/2021, sin haberse agotado las formalidades procesales, se afectarla el derecho a la propiedad de la quejosa." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida la demanda de amparo el seis de julio de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, en auto de siete siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 810/2021 de su índice; se admitió a trámite; se dio al Agente de Ministerio Público de la Federación de esa adscripción la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Reconocimiento de tercera interesada. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno, el Secretario en funciones de Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, reconoció el carácter de tercera interesada a Silvia Elena Torner Barrera, albacea de la sucesión de Juan José Rafael Torner y Pérez y/o José Rafael Torner Pérez y/o Juan José Torner Pérez, y en dicho acuerdo la tuvo compareciendo a juicio, en virtud de un diverso escrito que previamente presentó en el juicio de amparo indirecto 810/2021 de su índice. CUARTO. Audiencia constitucional y resolución de impedimento. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por celebrada la audiencia constitucional en autos del juicio de amparo indirecto 810/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, y mediante resolución de trece de enero de dos mil veintidós, la titular del citado órgano jurisdiccional determinó encontrarse impedida para conocer de dicho juicio de amparo; determinación que fue calificada de legal, mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el impedimento 1/2022 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por lo que el mencionado órgano colegiado ordenó remitir los autos del aludido juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para que de manera aleatoria se turnara al juzgado de distrito correspondiente. QUINTO. Recepción de autos, radicación, se deja sin efectos audiencia constitucional y prevención por nueva autoridad responsable. Recibidos lo autos del juicio destacado en el resultando que precede, en este juzgado de amparo, por proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 202/2022-II; se determinó avocarse al conocimiento del asunto; se dejó sin efectos la audiencia constitucional precisada en el resultando cuarto que antecede, por los motivos ahí apuntados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde; se previno a la parte quejosa por la participación de una nueva autoridad responsable, consistente en el Actuario adscrito al Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Precluye plazo para ampliar demanda por nueva autoridad responsable y audiencia constitucional. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se estableció que la parte quejosa no desahogó la prevención indicada en el resultando quinto que precede, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento correspondiente; así, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos de autoridades jurisdiccionales en materia civil, con ejecución en el ámbito de competencia territorial de este juzgado de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, correspondientes a la Novena Época y anteriores del Semanario Judicial de la Federación, no obstante haber sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias se hacen consistir en: Del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. a) La falta de ordenar el emplazamiento de los quejosos al juicio ordinario civil 311/2021 de su índice. b) El acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 311/2021 de su índice, en el cual ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles ubicados en lotes 19 y 21, retorno 9, manzana 24, supermanzana XXII, Zona Urbana, en Cancún, Quintana Roo. c) El fallo y/o sentencia y/o decreto judicial que ordene la desocupación y/o entrega de los inmuebles referidos en el inciso b) que precede, emitido en el juicio ordinario civil 311/2021 de su índice. Del 2) Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo. d) La ejecución del acto precisado en el inciso b) que antecede. De las tres autoridades previamente citadas. e) Los ataques a la propiedad fuera de juicio en relación con los inmuebles destacados en el inciso b) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, al rendir informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos a), c) y e), del considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, dicha afirmación debe desvirtuarse. En efecto, de las constancias que remitió la referida autoridad responsable, consistente en fotocopia certificada del juicio ordinario civil 311/2021 de su índice, la cual cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte, en lo conducente, que por proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria civil relativa a la acción de nulidad de un acto jurídico, promovida por Silvia Elena Torner Barrera, albacea de la sucesión de Juan José Rafael Torner y Pérez y/o José Rafael Torner Pérez y/o Juan José Torner Pérez, en contra de Juan Carlos Canul Martínez, Jorge Ermilo Quijano Puerto (aquí quejosos), y de Luis Enrique Fierro Sosa, Notario Público Suplente Número 6 del Estado de Quintana Roo, con ejercicio en esta ciudad, a quienes ordenó emplazar a juicio mediante exhorto; además, ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles ubicados en lotes 19 y 21, retorno 9, manzana 24, supermanzana XXII, Zona Urbana, en Cancún, Quintana Roo, previa garantía que la parte actora debería exhibir en autos del juicio de origen. Luego, previo a la presentación de la demanda de amparo (seis de julio de dos mil veintiuno), no se advierte constancia alguna en el juicio de origen de la cual se advierte que se haya emitido fallo y/o sentencia y/o decreto judicial que ordene la desocupación y/o entrega de los inmuebles que se defienden en esta instancia constitucional, o bien, que se efectuaran ataques a la propiedad fuera de juicio en relación con dichos inmuebles. Es dable apuntar que el juicio de origen se encuentra en trámite, pues aún no se ha logrado el emplazamiento de los aquí quejosos y tampoco se ha emitido sentencia. Por su parte, la autoridad responsable 2) Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, al rendir informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, precisados en los incisos d) y e), del considerando tercero de esta sentencia. En otro tenor, la diversa autoridad responsable 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir informe justificado, únicamente convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso d), del considerando tercero de esta resolución, por lo que implícitamente negó la existencia del diverso acto indicado en el inciso e). Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia. Luego, previo a la presentación de la demanda de amparo, en esta instancia constitucional no se probó la i) falta de ordenar el emplazamiento de los quejosos al juicio de origen, la ii) emisión de algún fallo y/o sentencia y/o decreto judicial que ordene la desocupación y/o entrega de los inmuebles que se defienden en esta instancia constitucional, los iii) ataques a la propiedad fuera de juicio en relación con dichos inmuebles, ni la iv) ejecución de la orden de realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de esos inmuebles, atribuido al Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal; ergo, no se acreditó la existencia de esos actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Época: Octava Época Registro: 206346 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 79, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Página: 15 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que pasen inadvertidas las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, consistentes en: 1. Fotocopia certificada de la escritura pública 4223, de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, del protocolo de la Notaría Pública Número Seis del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. 2. Fotocopia certificada de la escritura pública 3359, de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, del protocolo de la Notaría Pública Número Seis del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. 3. Fotocopia certificada de la escritura pública 8450, de catorce de junio de dos mil dieciocho, del protocolo de la Notaría Pública Número Seis del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. 4. Fotocopia sin certificar de dos boletas de pago y solicitud de certificado de libertad de gravamen. 5. Fotocopia sin certificar de dos boletas de certificado de libertad de gravamen de febrero de dos mil veintiuno. 6. Fotocopia sin certificar de impresiones de pantalla. En relación con las documentales precisadas en los numerales 1, 2 y 3, a las que se concede valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solo se advierte -en síntesis- la personalidad del quejoso Juan Carlos Canul Martínez, como apoderado del diverso quejoso Jorge Ermilo Quijano Puerto, y que se celebró un contrato de compraventa entre dichos quejosos y diversas personas en relación con los inmuebles que defienden en este juicio de amparo. Respecto de las diversas documentales indicadas en los numerales 4, 5 y 6, únicamente cuentan con valor indiciario para demostrar que probablemente sean una reproducción de su original en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues las fotocopias sin certificar son susceptibles de alteración. Al margen del valor probatorio de esas documentales, no se advierte que acrediten la existencia de los actos previamente referidos y tampoco desvirtúa la negativa que postulan las responsables. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que desvirtúe la afirmación de las autoridades responsables, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos que se reclaman del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en los incisos a), c) y e), del considerando tercero de esta sentencia; del 2) Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en relación con los actos fijados en los incisos d) y e), del citado considerando, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto del acto indicado en el inciso e), del aludido considerando, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia siguiente: Sexta Época No. Registro: 917818 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, como se vio, la autoridad responsable 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado precisado en el inciso d), del considerando tercero de esta resolución. Además, las existencia de dichos actos se corrobora con las constancias que remitió el juzgado responsable, consistente en fotocopia certificada del juicio de origen, a la que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto que antecede, y respecto las que aportó la autoridad registral, cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de las que se advierte, en lo conducente, lo siguiente: Por proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, el juez responsable admitió a trámite la demanda en la vía ordinaria civil relativa a la acción de nulidad de un acto jurídico, promovida por Silvia Elena Torner Barrera, albacea de la sucesión de Juan José Rafael Torner y Pérez y/o José Rafael Torner Pérez y/o Juan José Torner Pérez, en contra de Juan Carlos Canul Martínez, Jorge Ermilo Quijano Puerto (aquí quejosos), y de Luis Enrique Fierro Sosa, Notario Público Suplente Número 6 del Estado de Quintana Roo, con ejercicio en esta ciudad, a quienes ordenó emplazar a juicio mediante exhorto; además, ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles ubicados en lotes 19 y 21, retorno 9, manzana 24, supermanzana XXII, Zona Urbana, en Cancún, Quintana Roo, previa garantía que la parte actora debería exhibir en autos del juicio de origen. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, bajo el movimiento cuarenta, se realizó la anotación precisada en el punto que antecede. En ese contexto, se tiene plenamente probada la existencia de los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia. SEXTO. Causas de improcedencias. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan: Quinta Época No. Registro: 395571 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 158 Página: 262 Genealogía: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora, respecto de los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia, la parte tercera interesada arguye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que a la parte quejosa no le reviste el carácter de terceros extraños a juicio y, por ende, dichos actos no son de imposible reparación; los referidos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De la segunda disposición trascrita se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. Ahora, si bien es cierto que, como lo plantea la parte tercera interesada, en el juicio de origen no se ha dictado sentencia y, por ende, los quejosos están en condiciones de comparecer a dicho juicio, a efecto de hacer valer lo que en derecho corresponda, lo cierto es que sí es procedente el juicio de amparo en relación con los actos reclamados en consulta, consistentes en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de origen, en el que se ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles que la parte quejosa defiende, así como su ejecución. De ahí que deviene infundada la causa de improcedencia que postula la parte tercera interesada. En efecto, la orden del juez de origen correspondiente a anotar preventivamente la demanda en el Registro Público de la Propiedad, constituye un acto de imposible reparación, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ya que afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, del cual no se ocupará la sentencia definitiva ni podría repararse la afectación aun obteniendo sentencia favorable, pues la anotación en dicho registro limita el derecho de propiedad del titular del bien inmueble, porque durante el tiempo que dure, no podrá disponer libremente de él, sino que lo hará transmitiendo las consecuencias derivadas del juicio en el que se decretó. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Registro digital: 2008038 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.XXIX. J/1 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, página 1218 Tipo: Jurisprudencia ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 3043, fracciones I y III, 3044 y 3045, del Código Civil Federal se advierte, que las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos, pueden anotarse preventivamente en el Registro Público de la Propiedad; y que la anotación preventiva, perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación. Por lo tanto, la orden del Juez para anotar preventivamente la demanda y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad; constituye un acto de imposible reparación, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, ya que afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, del cual no se ocupará la sentencia definitiva ni podría repararse la afectación aun obteniendo sentencia favorable, pues la anotación en dicho Registro limita el derecho de propiedad del titular del bien inmueble, porque durante el tiempo que dure, no podrá disponer libremente de él, sino que lo hará, transmitiendo las consecuencias derivadas del juicio en el que se decretó." Luego, toda vez que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que este juzgador no tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que se cita a continuación: Época: Octava Época Registro: 205800 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, respecto de los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en el escrito de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa alega que los actos reclamados, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia, vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que se reseña a manera de conceptos de violación, en la forma siguiente: ? Síntesis de los conceptos de violación. Que el derecho a la propiedad no debe ser atacado ni por privación o por molestia, excepto que exista mandamiento judicial que sea el resultado de haberse agotado las formalidades de un proceso y que el afectado haya sido oído y vencido en el juicio respectivo. Que el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece la posibilidad que los asientos registrales y sus inscripciones sean susceptibles de ser modificados y cancelados, pero siempre atentos a los parámetros mínimos de los artículos 14 y 16 constitucionales. Que la parte quejosa no ha sido emplazada al juicio de origen, y tampoco ha solicitado un crédito hipotecario, ni ha dado motivo para que se le pretenda afectar su propiedad. ? Consideraciones del juzgado de distrito. En ese contexto, los conceptos de violación reseñados son inoperantes. En principio, resulta necesario establecer que en el caso no opera la suplencia de la queja deficiente en favor de la parte quejosa, toda vez que, como se ha precisado en esta sentencia, de las constancias que integran el juicio de origen se advierte que a los quejosos no les reviste el carácter de terceros extraños a juicio por equiparación, pues para que se actualice esta figura, es necesario que se haya dictado resolución definitiva en el juicio de origen; sin embargo, en el juicio ordinario civil de origen no se ha dictado sentencia, por lo que están en aptitud de integrarse a la relación procesal, para ser oídos y vencidos, así como para hacer valer lo que en derecho corresponda. De ahí que no es procedente suplir la deficiencia de la queja en su favor, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que los haya dejado sin defensa en relación con los actos que reclaman, consistentes en el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de origen, en el que se ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles que la parte quejosa defiende, así como su ejecución; aunado al hecho que los actos reclamados no actualizan el caso de excepción previsto en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, relativo a que el acto reclamado se funde en normas generales que hubieran sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito. Ahora, los conceptos de violación que postula la parte quejosa únicamente se limitan exponer de manera genérica los derechos fundamentales que deben regir en todo procedimiento y estima le fueron conculcados por las autoridades responsables; esto es, que i) el derecho a la propiedad no debe ser atacado ni por privación o por molestia, excepto que exista mandamiento judicial que sea el resultado de haberse agotado las formalidades de un proceso y que el afectado haya sido oído y vencido en el juicio respectivo; que ii) el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece la posibilidad que los asientos registrales y sus inscripciones sean susceptibles de ser modificados y cancelados, pero siempre atentos a los parámetros mínimos de los artículos 14 y 16 constitucionales, y que iii) la parte quejosa no ha sido emplazada al juicio de origen, y tampoco ha solicitado un crédito hipotecario, ni ha dado motivo para que se le pretenda afectar su propiedad. Sin embargo, los peticionarios del amparo no combatieron las consideraciones que sostuvo el juez de origen ni las actuaciones que llevó a cabo la autoridad registral responsable, respectivamente, al emitir y ejecutar el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil de origen, en el cual se ordenó realizar la anotación de la demanda de acción de nulidad de acto jurídico, en la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto de los bienes inmuebles que se defienden en este juicio de amparo. En efecto, la parte quejosa se limita a decir -esencialmente- que el derecho a la propiedad no debe ser atacado ni por privación o por molestia, excepto que exista mandamiento judicial que sea el resultado de haberse agotado las formalidades de un proceso y que el afectado haya sido oído y vencido en el juicio respectivo, así como que el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, establece la posibilidad que los asientos registrales y sus inscripciones sean susceptibles de ser modificados y cancelados, pero siempre atentos a los parámetros mínimos de los artículos 14 y 16 constitucionales, y que no han sido emplazados al juicio de origen, y tampoco han solicitado un crédito hipotecario, ni han dado motivo para que se les pretenda afectar su propiedad. Con todo, la parte quejosa no expresa argumento alguno por el cual sustentar que los actos reclamados en estudio no se emitieron con apego a derecho, lo que convierte dichas manifestaciones como genéricas, dogmáticas y sin claridad, lo cual imposibilita que este juez de distrito analice si dichos actos son contrarios a los principios establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, se estima que la parte quejosa se limita a hacer meras afirmaciones y manifestaciones, sin expresar con claridad cuál es el daño constitucional que se le causó, sin exponer argumentos o consideraciones suficientes para que este juzgador de amparo esté en posibilidad de analizar la inconstitucionalidad que afirma se actualizó con los actos reclamados; de ahí lo inoperante en que descansan los planteamientos que postula la parte quejosa. Máxime, que la parte quejosa al haberse impuesto de la totalidad de las constancias que integran el juicio natural con base en la vista que le fue conferida por proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, lo cual se le notificó personalmente el diez siguiente, estuvo en posibilidad de preparar y ampliar los motivos por los cuales consideró que el acuerdo impugnado y su ejecución fueron ilegales, y no limitarse a realizar las afirmaciones y manifestaciones que quedaron reseñadas en líneas anteriores. De lo hasta aquí expuesto, resultan aplicables las jurisprudencias con datos de localización, rubro y texto siguientes: Epoca: Novena Época Registro: 185425 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 81/2002 Página: 61 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Época: Décima Época Registro: 2010038 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III Materia(s): Común Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.) Página: 1683 CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." ? Conclusión del juzgado de distrito. En ese orden de ideas, y ante la imposibilidad legal de suplir la deficiencia en los conceptos de violación en consulta, los cuales resultaron insuficientes para ser analizados a la luz de los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es negar el amparo solicitado por Juan Carlos Canul Martínez, por derecho propio y en representación de Jorge Ermilo Quijano Puerto, en relación con los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero de esta sentencia. Ahora, no pasa inadvertido para este juez de distrito que la parte tercera interesada formuló manifestaciones a manera de alegatos, diversas a la causa de improcedencia planteada y que se desestimó en el considerando sexto de esta sentencia; sin embargo, al no formar parte de la litis en el juicio de amparo, su análisis no es obligatorio. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 1003194 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos Materia(s): Común Tesis: 1315 Página: 1480 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Canul Martínez, por derecho propio y en representación de Jorge Ermilo Quijano Puerto, contra los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en los incisos a), c) y e), del considerando tercero, del 2) Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en relación con los actos fijados en los incisos d) y e), del citado considerando, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, respecto del acto indicado en el inciso e), del aludido considerando, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juan Carlos Canul Martínez, por derecho propio y en representación de Jorge Ermilo Quijano Puerto, en relación con los actos reclamados del 1) Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y de la 3) Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, precisados en los incisos b) y d), del considerando tercero, en los términos expuestos en el octavo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez, Quintana Roo, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable, póngase a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
I. Fenece plazo para ampliar demanda de amparo. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento que le fue realizado en proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se le requirió para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo respecto a una nueva autoridad responsable en los términos ahí especificados. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto citado y se continúa el trámite del presente juicio de amparo únicamente por los actos reclamados y autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. II. Difiere audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el acusa del oficio dirigido a la autoridad responsable Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, mediante el cual se les comunicó del acuerdo de ocho de marzo del año en curso. Por tanto, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las nueve horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil veintidós.
- Incidental
Visto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 810/202 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitido con motivo del impedimento propuesto por la titular del citado órgano jurisdiccional, el cual fue calificado de legal mediante resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, dictada en el impedimento 1/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como la copia autorizada del auto dictado en esta fecha en el cuaderno principal, fórmese por duplicado el incidente de suspensión con el mismo número de expediente principal del índice de este juzgado: 202/2022-II.
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