Jorge Erasmo Villavicencio Bernal
Expediente 509/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2018
Partes del expediente
- Jorge Erasmo Villavicencio Bernal
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General Adjunto Jurídico de Coordinación Fiscal de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual informa que no cuenta con atribuciones y facultades para llevar a cabo el registro de empresas, por lo que se encuentra imposibilitada para proporcionar el domicilio de la tercera interesada Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a lo anterior, téngase por cumplido el requerimiento inserto en auto de tres de abril del año en curso y déjese sin efectos el apercibimiento ahí decretado; asimismo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto obre en autos el resultado del exhorto 249/2018-Vi (orden 249/2018), por el cual se solicitó el emplazamiento de la tercera interesada. Por otro lado, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las once horas con veinticinco minutos del día de la fecha, como quedó establecido en el acuerdo de dieciséis de abril del año en curso (fojas 816); sin embargo, por auto de tres de abril de la presente anualidad se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México (fojas 802 a 804), a fin de que emplazará a la tercera interesada Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que a la fecha obre en autos dicha diligencia. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, motivo por el cual con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se ordena diferirla y, en su lugar, se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo del año en curso, para su desahogo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, México; veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Titular de División de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano de Seguridad Social, en cumplimiento al requerimiento realizado por auto de seis de marzo del año en curso (fojas 596 y 597), informa que localizó un domicilio el cual puede ser de la tercera interesada *******; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes, téngase por cumplimentado el requerimiento de mérito, dejando sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Sin que se haga mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de diecisiete de abril del presente año (fojas 759 y 760), se ordenó emplazar vía exhorto a la tercera interesada en el mismo domicilio que refiere la oficiante. Notifíquese.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Erasmo Villavicencio Bernal, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 509/2018. Luego, del análisis integro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, la determinación emitida en el juicio ordinario civil 200/2017, en la cual se ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre. 2. Del Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, la determinación emitida en el juicio ordinario civil 1004/2011, en la cual se ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre. Así, después de hacer un análisis del contenido de la demanda de amparo, resulta que los actos impugnados emanan de diversos procedimientos donde lo reclamado guarda autonomía en cada caso, pues los actos reclamados emanan de diversos juicios ordinarios civiles tramitados ante diversas autoridades responsables; de ahí que en el caso se afirme que cada asunto deberá ser examinado de manera independiente y autónoma. Ahora bien, el contenido del artículo 49 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. - - - Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. - - -En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. - - - Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio." Luego, si en el caso, de la demanda de amparo se advierte con claridad que se reclaman actos emanados de diversos asuntos, lo procedente es aplicar en sentido contrario el artículo transcrito y decretar la separación de juicios. Se cita en apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 76/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, septiembre de 1997, página 118, con número de registro 197671, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." En tales condiciones, este órgano de control constitucional se hará cargo en este asunto, del estudio del acto reclamado precisados en el punto uno, consistente en la determinación emitida por el Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil 200/2017, en la cual se ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre. Consecuentemente, se ordena obtener copia certificada de la demanda de amparo donde conste la fecha respectiva de su presentación en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, y una vez efectuado lo anterior, se remita a la citada Oficina de Correspondencia, para que se le dé el trámite de registro respectivo, por cuanto hace al acto reclamado derivado del juicio ordinario civil 1004/2011, del índice del Juez Séptimo Civil de la Ciudad de México, consistente en la determinación que ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre, para acordar lo que en derecho corresponda en lo que concierne al acto ahí controvertido. Asimismo, al oficio de remisión deberán acompañarse las copias exhibidas y no utilizadas para el trámite de ese asunto. Así, una vez efectuada la separación de juicios, este juzgado procede a acordar lo correspondiente sobre la demanda por lo que respecta al acto reclamado que emana del juicio ordinario civil 200/2017, del índice del Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, como ya se dijo, en el presente asunto el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la determinación emitida por el Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil 200/2017, en la cual se ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre. Luego, por lo que hace al acto reclamado en comento, éste órgano de control constitucional advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados, los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos ... Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la parte quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que el quejoso acude a esta vía constitucional para reclamar la determinación emitida por el Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario civil 200/2017, en la cual se ordena la entrega material y desocupación del bien inmueble que aduce poseer la parte quejosa y que se ubica en una fracción del lote número siete, manzana diez (10), zona uno (01), en la Avenida Alfredo del Mazo, número cuatrocientos uno (401), con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte cincuenta y dos punto noventa y dos metros (52.92), con lote número siete (07), al Sur cincuenta punto sesenta y dos metros (50.62), con límite de expropiación, el Oriente cuarenta y seis punto veintiún metros (46.21) con Boulevard Alfredo del Mazo, y al Poniente cincuenta y un metros (51) con calle sin nombre. Luego, del contenido de los antecedentes del acto reclamado se desprende que el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama desde el once de febrero de dos mil dieciocho, pues manifestó expresamente que en esa fecha, aproximadamente a las quince horas, cuando el citado salía en compañía de sus hijos y esposa del inmueble que defiende en esta instancia, se presentaron varias personas y una de ellas dijo que el motivo de su visita se debía porque tenía una orden judicial de lanzamiento sobre el inmueble que el promovente defiende en este asunto, motivo por el pregunto quién era él para poder llevar acabo dicho lanzamiento, por lo que el citado Funcionario le contestó que era un ejecutor judicial que venía de un juzgado civil de primera instancia de Toluca, y que la orden la había dictado un Juez Civil de la Ciudad de México. Asimismo, el quejoso refirió que en el citado acto el mencionado Ejecutor le mostro un documento donde pudo ver que la orden de lanzamiento provenía de los juzgados Trigésimo y Séptimo Civil de la Ciudad de México, en los expedientes 200/2017 y 1004/2011, de su índice, respectivamente. Tales manifestaciones deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto que tilda de inconstitucional, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado precisado con anterioridad transcurrió en exceso, dado que el peticionario de amparo como quedó precisado en párrafos precedentes tuvo conocimiento del acto reclamado el once de febrero de dos mil dieciocho. En esas condiciones, si la demanda de amparo de cuenta fue presentada hasta el trece de abril de dos mil dieciocho, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que dicho plazo transcurrió del doce de febrero al cinco de marzo del año en curso, previo descuento de los días inhábiles conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, a saber, los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de febrero, así como el dos, tres y cuatro de marzo, todos del año en curso. Es aplicable la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Erasmo Villavicencio Bernal, por propio derecho, contra actos del Juez Trigésimo Civil de la Ciudad de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27, fracción III, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en este Juzgado de Distrito. Luego, de acuerdo con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Abel Dávila Morales, pues carece de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de la materia, lo cierto es que en esta fecha se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese.
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