Jorge Erasmo Pérez Abarca
Expediente 1328/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2019
Partes del expediente
- Jorge Erasmo Pérez Abarca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de siete de octubre del año en curso (fojas 22 a 26), en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de dos de octubre del año en curso (fojas 16 a 19); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente se duele del auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente civil *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le impuso una multa por la cantidad de $********************.), por no permitirle las facilidades al perito valuador tercero en discordia ingeniero *************, para que realizara el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado en el juico de origen. Asimismo, reclama el diverso acuerdo ordenado en dicho auto, esto es, otorgar las facilidades al perito valuador mencionado para que realice el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado, con el apercibimiento que en caso de negativa se le aplique una multa de ochenta unidades de medida y actualización, lo que asciende a la cantidad de $************** Atento a lo anterior, cabe precisar que la parte quejosa en su escrito inicial fue omisa en manifestar la inconformidad que pudo haber hecho valer ante el superior jerárquico del juzgador priinstancial, contra de dicha determinación judicial que constituye los actos reclamados; asimismo, en proveído de dos del presente mes y año (foja 17 vuelta), se le previno bajo el inciso g), para que manifestara si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ello, sin que en el escrito aclaratorio de cuenta manifestará en forma afirmativa algún recurso ordinario o extraordinario que haya hecho valer. En tal virtud, al dar cumplimiento a la prevención decretada en autos, siendo omisa en exponer lo solicitado escrito su aclaratorio bajo protesta de decir verdad, en consecuencia, se advierte con meridiana claridad que no agotó el recurso ordinario previsto en la legislación procesal civil de la Entidad Federativa, por lo cual los actos de los que se duele no resultan definitivos. Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Motivo por el cual, respecto de dichos actos reclamados, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." La causa de improcedencia que provee la citada porción normativa se actualiza cuando en contra del acto reclamado procede un recurso por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Así, contra los actos que aquí se estudian, procede el recurso de apelación en términos de los artículos 659, 663, 664, 666, 667 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: "ART. 659.- LAS SENTENCIAS NO PUEDEN SER REVOCADAS POR EL JUEZ QUE LAS DICTA." (.) ART. 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ART. 664.- PUEDEN APELAR: EL LITIGANTE SI CREYERE HABER RECIBIDO ALGUN AGRAVIO, LOS TERCEROS QUE HAYAN SALIDO AL JUICIO Y LOS DEMAS INTERESADOS A QUIENES PERJUDIQUE LA RESOLUCION JUDICIAL. NO PUEDE APELAR EL QUE OBTUVO TODO LO QUE PIDIO; PERO EL VENCEDOR QUE NO OBTUVO LA RESTITUCION DE FRUTOS, LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS O EL PAGO DE COSTAS, PODRA APELAR TAMBIEN. (.) ART. 666.- LA APELACION DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCION EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERAN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA. (.) ART. 667.- EL LITIGANTE AL INTERPONER LA APELACION ANTE EL JUEZ, EXPRESARA LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE LE CAUSE LA RESOLUCION RECURRIDA. LA APELACION INTERPUESTA CONTRA AUTOS O INTERLOCUTORIAS DEBERAN HACERSE VALER EN EL TERMINO DE SEIS DIAS Y LAS QUE SE INTERPONGAN CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA, EN UN PLAZO DE NUEVE DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION. (.) ART. 669.- EL RECURSO DE APELACION PROCEDE EN UN SOLO EFECTO O EN AMBOS. TRATANDOSE DE APELACIONES CONTRA CUALQUIER CLASE DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE TRAMITARAN EN UN SOLO CUADERNO DE CONSTANCIAS, EN DONDE SE AGREGARAN LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, Y AL QUE SE ANEXARAN COPIAS DE TODAS LAS RESOLUCIONES A DICHAS APELACIONES, INCLUSIVE LA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE QUE SE TRATE. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA, SE DEJARA EN EL JUZGADO PARA EJECUTARLA, COPIA CERTIFICADA DE ELLA Y DE LAS DEMAS CONSTANCIAS QUE EL JUEZ ESTIME NECESARIAS, REMITIENDOSE DESDE LUEGO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL SUPERIOR. LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE DESDE LUEGO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, HASTA QUE CAUSE EJECUTORIA. CUANDO SE INTERPONGA CONTRA AUTO O INTERLOCUTORIA QUE POR SU CONTENIDO IMPIDA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS, SE SUSPENDERA LA TRAMITACION DEL JUICIO. DE NO SER ASI, SOLO SE SUSPENDERA EN EL PUNTO QUE SEA OBJETO DEL AUTO O LA INTERLOCUTORIA APELADA Y SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO EN TODO LO DEMAS. CAPITULO UNICO. (.) (.) "DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO." (.) "ART. 991.- LA APELACION DEBERA INTERPONERSE EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 666. CUANDO LA TRAMITACION DEL JUICIO SE HAYA REGIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CODIGO, IGUALMENTE SE REGIRA POR ESTAS DISPOSICIONES, POR LO QUE TOCA A LOS RECURSOS; PERO EN TODO CASO, SI LA PARTE RECURRENTE CARECIERE DE ABOGADO, LA PROPIA SALA SOLICITARA LA INTERVENCION DE UN DEFENSOR DE OFICIO, QUIEN GOZARA DE UN PLAZO DE TRES DIAS MAS PARA ENTERARSE DEL ASUNTO Y A EFECTO DE QUE HAGA VALER LOS AGRAVIOS O CUALQUIER DERECHO A NOMBRE DEL (SIC) LA PARTE QUE ASESORE." Del contenido de dichos artículos se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de los autos cuya resolución definitiva procede el recurso de apelación pues éstas no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. Ahora, conforme a lo establecido en el diverso artículo 991, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, contra la sentencia que en su caso se llegue a pronunciar en las controversias del orden familiar procede en su contra el recurso de apelación, pues en ese numeral se establece que dicho recurso debe interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666 del citado código. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del proceso de origen son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 de la legislación adjetiva citada, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, como acontece en el caso a estudio. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual los actos reclamados pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro IUS 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el auto reclamado y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente que el propio artículo señala; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO-. Agréguese el escrito de la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en auto de dos de octubre del año en curso (fojas 16 a 19); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la parte promovente se duele del auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente civil *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le impuso una multa por la cantidad de $********************.), por no permitirle las facilidades al perito valuador tercero en discordia ingeniero *************, para que realizara el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado en el juico de origen. Asimismo, reclama el diverso acuerdo ordenado en dicho auto, esto es, otorgar las facilidades al perito valuador mencionado para que realice el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado, con el apercibimiento que en caso de negativa se le aplique una multa de ochenta unidades de medida y actualización, lo que asciende a la cantidad de $************** Atento a lo anterior, cabe precisar que la parte quejosa en su escrito inicial fue omisa en manifestar la inconformidad que pudo haber hecho valer ante el superior jerárquico del juzgador priinstancial, contra de dicha determinación judicial que constituye los actos reclamados; asimismo, en proveído de dos del presente mes y año (foja 17 vuelta), se le previno bajo el inciso g), para que manifestara si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ello, sin que en el escrito aclaratorio de cuenta manifestará en forma afirmativa algún recurso ordinario o extraordinario que haya hecho valer. En tal virtud, al dar cumplimiento a la prevención decretada en autos, siendo omisa en exponer lo solicitado escrito su aclaratorio bajo protesta de decir verdad, en consecuencia, se advierte con meridiana claridad que no agotó el recurso ordinario previsto en la legislación procesal civil de la Entidad Federativa, por lo cual los actos de los que se duele no resultan definitivos. Manifestaciones que constituyen una confesión, que hace prueba plena en su contra, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2. Se afirma lo anterior, ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el artículo 95, señala las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye mediante el reconocimiento, expreso o tácito, de una parte formal o material, de un hecho que le perjudica. Establece lo siguiente el referido precepto legal: "La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." Es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, revisable en el Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XII, Diciembre de 1993, en la página 857, Octava Época, del rubro y texto: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Motivo por el cual, respecto de dichos actos reclamados, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." La causa de improcedencia que provee la citada porción normativa se actualiza cuando en contra del acto reclamado procede un recurso por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. Así, contra los actos que aquí se estudian, procede el recurso de apelación en términos de los artículos 659, 663, 664, 666, 667 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, del tenor siguiente: "ART. 659.- LAS SENTENCIAS NO PUEDEN SER REVOCADAS POR EL JUEZ QUE LAS DICTA." (.) ART. 663.- EL RECURSO DE APELACION TIENE POR OBJETO QUE EL SUPERIOR CONFIRME, REVOQUE O MODIFIQUE LA RESOLUCION DEL INFERIOR. ART. 664.- PUEDEN APELAR: EL LITIGANTE SI CREYERE HABER RECIBIDO ALGUN AGRAVIO, LOS TERCEROS QUE HAYAN SALIDO AL JUICIO Y LOS DEMAS INTERESADOS A QUIENES PERJUDIQUE LA RESOLUCION JUDICIAL. NO PUEDE APELAR EL QUE OBTUVO TODO LO QUE PIDIO; PERO EL VENCEDOR QUE NO OBTUVO LA RESTITUCION DE FRUTOS, LA INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS O EL PAGO DE COSTAS, PODRA APELAR TAMBIEN. (.) ART. 666.- LA APELACION DEBE INTERPONERSE POR ESCRITO ANTE EL JUEZ QUE PRONUNCIO LA RESOLUCION EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS SIGUIENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE APELACIONES EXTRAORDINARIAS. LOS AUTOS E INTERLOCUTORIAS SERAN APELABLES CUANDO LO FUERE LA SENTENCIA DEFINITIVA. (.) ART. 667.- EL LITIGANTE AL INTERPONER LA APELACION ANTE EL JUEZ, EXPRESARA LOS AGRAVIOS QUE CONSIDERE LE CAUSE LA RESOLUCION RECURRIDA. LA APELACION INTERPUESTA CONTRA AUTOS O INTERLOCUTORIAS DEBERAN HACERSE VALER EN EL TERMINO DE SEIS DIAS Y LAS QUE SE INTERPONGAN CONTRA SENTENCIA DEFINITIVA, EN UN PLAZO DE NUEVE DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION. (.) ART. 669.- EL RECURSO DE APELACION PROCEDE EN UN SOLO EFECTO O EN AMBOS. TRATANDOSE DE APELACIONES CONTRA CUALQUIER CLASE DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA RELATIVA A LA SENTENCIA DEFINITIVA, SE TRAMITARAN EN UN SOLO CUADERNO DE CONSTANCIAS, EN DONDE SE AGREGARAN LOS TESTIMONIOS RELATIVOS, Y AL QUE SE ANEXARAN COPIAS DE TODAS LAS RESOLUCIONES A DICHAS APELACIONES, INCLUSIVE LA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE QUE SE TRATE. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE SENTENCIA DEFINITIVA, SE DEJARA EN EL JUZGADO PARA EJECUTARLA, COPIA CERTIFICADA DE ELLA Y DE LAS DEMAS CONSTANCIAS QUE EL JUEZ ESTIME NECESARIAS, REMITIENDOSE DESDE LUEGO LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL SUPERIOR. LA APELACION ADMITIDA EN AMBOS EFECTOS SUSPENDE DESDE LUEGO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA, HASTA QUE CAUSE EJECUTORIA. CUANDO SE INTERPONGA CONTRA AUTO O INTERLOCUTORIA QUE POR SU CONTENIDO IMPIDA LA CONTINUACION DEL PROCEDIMIENTO Y LA APELACION SE ADMITA EN AMBOS EFECTOS, SE SUSPENDERA LA TRAMITACION DEL JUICIO. DE NO SER ASI, SOLO SE SUSPENDERA EN EL PUNTO QUE SEA OBJETO DEL AUTO O LA INTERLOCUTORIA APELADA Y SE CONTINUARA EL PROCEDIMIENTO EN TODO LO DEMAS. CAPITULO UNICO. (.) (.) "DE LAS CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO." (.) "ART. 991.- LA APELACION DEBERA INTERPONERSE EN LA FORMA Y TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 666. CUANDO LA TRAMITACION DEL JUICIO SE HAYA REGIDO POR LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL CODIGO, IGUALMENTE SE REGIRA POR ESTAS DISPOSICIONES, POR LO QUE TOCA A LOS RECURSOS; PERO EN TODO CASO, SI LA PARTE RECURRENTE CARECIERE DE ABOGADO, LA PROPIA SALA SOLICITARA LA INTERVENCION DE UN DEFENSOR DE OFICIO, QUIEN GOZARA DE UN PLAZO DE TRES DIAS MAS PARA ENTERARSE DEL ASUNTO Y A EFECTO DE QUE HAGA VALER LOS AGRAVIOS O CUALQUIER DERECHO A NOMBRE DEL (SIC) LA PARTE QUE ASESORE." Del contenido de dichos artículos se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de los autos cuya resolución definitiva procede el recurso de apelación pues éstas no pueden ser revocadas por el juez que las dicta y tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. Ahora, conforme a lo establecido en el diverso artículo 991, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles, contra la sentencia que en su caso se llegue a pronunciar en las controversias del orden familiar procede en su contra el recurso de apelación, pues en ese numeral se establece que dicho recurso debe interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666 del citado código. En consecuencia, se estima que los autos que se emitan dentro del proceso de origen son apelables, ya que conforme al segundo párrafo del artículo 666 de la legislación adjetiva citada, los autos son apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva, como acontece en el caso a estudio. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario por virtud del cual los actos reclamados pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro IUS 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), Décima Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, registro IUS 2005039, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo que, al no haberse promovido el medio legal que concede la ley ordinaria aplicable contra el auto reclamado y que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente que el propio artículo señala; es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos de la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1328/2019-2-C. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, resultan obscuras e imprecisas, pues señala como acto reclamado el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente civil número **********, del índice del órgano jurisdiccional tercero de lo familiar, en el que impuso una multa por la cantidad de $*************, por no permitirle las facilidades al perito valuador tercero en discordia ingeniero **********, para que realizara el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado en el juico de origen; asimismo, reclama lo ordenado en dicho auto, esto es, otorgar las facilidades al perito valuador mencionado para que realice el avalúo correspondiente al bien inmueble embargado, con el apercibimiento que en caso de negativa se le aplique una multa de ochenta unidades de medida y actualización, lo que asciende a la cantidad de $*************.). Por tanto, no se advierte qué acto en concreto reclama de las autoridades señaladas como responsables; cabe precisar que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise: A) Si lo que realmente reclama es el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente civil número *******, por medio del cual la Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, ordenó aplicar una multa consistente en la cantidad de $*********), así como lo requirió nuevamente para que brindara facilidades al perito bajo un nuevo apercibimiento y, en su caso, si los demás actos sólo los mencionó como antecedentes o consecuencias del reclamado en primer término. B) O bien, precise qué actos le atribuye a la Secretaria de Acuerdos y Actuaria adscritas al Juzgado responsable. C) La fecha exacta y la forma en la que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que les reclame. De igual forma, bajo protesta de decir verdad, manifieste: D) Todos los antecedentes del acto o actos reclamados a las citadas responsables, esto es, deberá hacer una narración de manera cronológica y sucinta de los hechos y abstenciones que le constan, relativos al juicio del que emanan el o los actos que reclame a cada una. E) Quiénes son las partes en el juicio de origen. F) Si es parte en el juicio de origen y si ha comparecido al mismo a deducir sus derechos. G) Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el acto reclamado o alguno relacionado; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se estudia. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de su autorizado que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. En el entendido que deberá exhibir ocho copias del escrito aclaratorio, para correrle traslado a cada una de las partes, toda vez que tres son para las autoridades responsables, dos para los terceros interesados, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y dos más para tramitar el incidente de suspensión, ya que de conformidad con el artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia, son necesarias para tramitar la demanda. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 36/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto Martínez Arce y en términos restringidos de dicho numeral a la diversa persona que menciona, toda vez que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
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