JORGE ENRIQUE ROMERO ELIZALDE y Otros.
Expediente 284/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 284/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- JORGE ENRIQUE ROMERO ELIZALDE y Otros.
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo en el cual se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente lo haya hecho valer; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO QUE DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa en auto de veinticinco de febrero de este año, a fin de que compareciera ante el personal actuante de este juzgado a ratificar su escrito de desistimiento, sin que lo haya hecho; en consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento decretado y continúese con el trámite del presente juicio. Asimismo, también ha transcurrido el término concedido para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento contenido en el mismo; y, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, efectúensele por lista de acuerdos hasta en tanto subsane dicha omisión. Por otra parte, analizada la demanda de amparo que promueve Jorge Enrique Romero Elizalde, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se acuerda lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. (.)". De acuerdo con la disposición transcrita, las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral no pueden ser combatidas en el juicio de amparo. Por otra parte, es preciso destacar lo establecido en el artículo 33, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a continuación se transcribe: SECCIÓN SEGUNDA DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO "Artículo 33. Son atribuciones del Congreso: (.) IV. Legislar en materia de educación; de cultura y deporte; profesiones; bienes, aguas y vías de comunicación de jurisdicción local; de salud y asistencia social; combate al alcoholismo, tabaquismo y drogadicción; de prostitución; de desarrollo social y comunitario; de protección al ambiente y de restauración del equilibrio ecológico; de turismo; de desarrollo regional y urbano; de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero; de comunicación social; de municipio libre; de relaciones de trabajo del Gobierno del Estado o los ayuntamientos y sus trabajadores; de responsabilidades de los servidores públicos; de planeación para reglamentar la formulación, instrumentación, control, evaluación y actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo, cuidando que la planeación del desarrollo económico y social sea democrática y obligatoria para el poder público; así como expedir las leyes, decretos o acuerdos necesarios al régimen interior y al bienestar del Estado; sin perjuicio de legislar en los demás asuntos de su competencia; (.)". Del artículo anterior, se extrae que el Congreso del Estado tiene atribuciones legislativas para expedir leyes, decretos o acuerdos necesarios para el régimen interior y bienestar del Estado. HECHOS En el caso, en el escrito de demanda la parte quejosa, reclama destacadamente los siguientes actos: La iniciativa y sanción del proyecto de Decreto y Decreto que reforma y adiciona el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; La promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de veintidós de diciembre de dos mil diez, de la Ley Número 7 Reglamentaria del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de reformas constitucionales parciales, específicamente los artículos 4, 12, 13, 15, 17 y 18. La iniciativa y promulgación del proyecto de Decreto y Decreto 536, así como la publicación del mismo en la Gaceta Oficial de Número Extraordinario Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de nueve de enero de dos mil quince (lo anterior como acto de aplicación del artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz). De igual forma, se destaca que en el apartado de "Procedencia del Amparo", la parte quejosa manifestó lo siguiente: "(...) En efecto si observamos las reformas constitucionales contenidas en el DECRETO NÚMERO 536 QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, con absoluta claridad se observa que las mismas se refieren , unas a cuestiones electorales específicas relativas a la homologación de elecciones federales y estatales (artículo 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), pero otras evidentemente corresponden a muy diverso contenido ajeno a lo electoral (.)". Y en el apartado relativo a los conceptos de violación realizó las siguiente manifestación: "(.) El Decreto 536 de reformas de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señalado como acto reclamado (.) no solamente no cumplen con el real mandato de homologación de los procesos electorales federal y estatal instituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las reformas de dos mil siete y dos mil catorce, sino que además con tales actos legislativos, no se brinda la promoción y protección para la debida concreción de los aludidos derechos DESC, impidiéndose que se haga factible su goce, con la sola emisión de dicho Decreto de Reformas, al haber promovido mediante un acto legislativo con fines supuestamente electorales, pero alejado de los propósitos constitucionales y legales que los regulan un periodo de gobierno atípico, fuera del marco constitucional y legalmente previsto, implantando arbitrariamente un periodo de gobierno de dos años 2016-2018, que no cumple con la debida motivación y fundamentación de un acto legislativo, ni se ajusta al principio de supremacía constitucional que estructura y ordena nuestro régimen jurídico nacional. (.)". Del contenido de los apartados precisados y dela lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son de naturaleza electoral. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que los actos aquí reclamados, por su naturaleza y carácter procesal, no pueden ser impugnados por esta vía, pues de conformidad con el artículo 61 fracción XV de la Ley de Amparo, en relación con el 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, se trata de un acto emitido por una autoridad competente para emitir leyes o decretos en materia electoral. Además la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que los decretos y norma reclamados contengan un ordenamiento cuya denominación es electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, dicho contenido es electoral y versa sobre derechos políticos, pues en ese supuesto los actos reclamados están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad cuando se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: "Registro No. 168997 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Página: 5 Tesis: P.LX/2008 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables.." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO QUE DICE: Con la demanda de amparo que promueve Jorge Enrique Romero Elizalde, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 284/2015 que le corresponde. Por otra parte, agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Enrique Romero Elizalde; mediante el cual, manifiesta que desiste de la demanda de amparo. En relación con lo anterior, antes de abordar el estudio de la procedencia del juicio de amparo y estar en condiciones de acordar lo procedente, ordénese la ratificación del escrito de desistimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, requiérase al promovente para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que quede legalmente notificado de este acuerdo comparezca ante este órgano jurisdiccional, sito en Avenida Culturas Veracruzanas, número ciento veinte, Edificio B, primer piso, colonia Reserva Territorial, en esta ciudad, con documento idóneo, a ratificar el escrito de mérito; apercibido que, de no hacerlo, se acordará lo conducente respecto del trámite de la demanda de amparo que presenta. En ese mismo sentido, de ser el caso, que el Actuario Judicial de la adscripción, entienda la diligencia de notificación que se ordena con la parte quejosa, se faculta para que en el acto recabe y haga constar si es su voluntad desistir de este juicio de amparo; ello con estricta observancia a las formalidades legales conducentes. Sirve de apoyo la tesis de rubro siguiente: Registro No. 174481 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Agosto de 2006Página: 295Tesis: 2a./J. 119/2006JurisprudenciaMateria(s): Común "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. DOMICILIO La parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Prolongación Reyna Sofía, número 36 (treinta y seis), fraccionamiento Las Dalias, del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz; por tal motivo, con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, para que se constituyan en el domicilio precisado, a efecto de notificar este proveído; asimismo, le requiera para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica al promovente, con fundamento en los artículos 1 a 9, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8 de dicha ley y 9 del citado reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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