Jorge Enrique Robledo Cossio
Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jorge Enrique Robledo Cossio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de mayo de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó y negó el amparo solicitado en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó y negó el amparo solicitado en el presente juicio. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 181, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo, sub punto 7.1.1, apartado 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio en el que se sobreseyó y negó el amparo solicitado, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y [.] 2 7.1.1 En los Juzgados de Distrito 1. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Nota: En amparo indirecto, aquellos expedientes en los que la sentencia ejecutoriada haya concedido o negado en alguno de sus puntos resolutivos. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 18 del citado instrumento normativo, el presente expediente será resguardado en el archivo de este juzgado durante tres años. Una vez fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes será susceptible de depuración, para su posterior transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud de que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Háganse las anotaciones respectivas en los libros que para tal efecto se lleven en este juzgado y respectivamente en la carátula del expediente para una mejor identificación. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN DESTRUIBLES Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 214, inciso d) del Acuerdo General de referencia, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2 sub punto 35, del IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 5 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión que derivan del presente juicio son susceptibles de destrucción, pues se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. En ese sentido, una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 256 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico 3. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Nota: Si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". Si se negó la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva el expediente será "destruible". 6 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 6 coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 217 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se vislumbra que bajo el resguardo de esta secretaria, obran un tomo de copias certificadas remitidas por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla; sin embargo, resulta innecesario proveer respecto a su devolución, toda vez que 7 "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. (.) En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá´ constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquella se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. " Erick Manuel Ruiz Abarca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.88.3d 27/05/22 10:25:10 7 Amparo indirecto 706/2021 ??????????????? no encuadra en el artículo citado en párrafo precedente, por lo que, será destruido junto al expediente principal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Erick Manuel Ruiz Abarca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. RAZÓN ACTUARIAL Vista la certificación de cuenta, se desprende la imposibilidad asentada por el actuario judicial para notificar personalmente al quejoso Jorge Enrique Robledo Cossio, la sentencia constitucional, por los motivos que ahí relata. NOTIFICACIÓN POR LISTA En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso por lista de acuerdos la referida resolución constitucional, el presente proveído y las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese por lista al quejoso. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 706/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el tres de noviembre del dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, Jorge Enrique Robledo Cossio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Incompetencia. De dicho asunto le correspondió su conocimiento al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; el cual mediante proveído de veintidós de diciembre siguiente se declaró incompetente por considerar que este Juzgado Federal tuvo conocimiento previo del acto reclamado. TERCERO. Trámite. En auto de veintiocho de diciembre del dos mil veintiuno, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada; registró la demanda con el número de expediente 546/2021, y la admitió a trámite; convalido las actuaciones del juzgado declinante y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo previo diferimiento, al tenor del acta que antecede. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -2- CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -3- Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado al 1Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Motozintla, Chiapas, al 2Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral con sede en Comitán, Chiapas, y al 3Comandante de la Policía Especializada con sede en Motozintla, Chiapas, consiste en: La orden de reaprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al 2Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral con sede en Comitán, Chiapas, quien al rendir informe justificado, lo negó categóricamente (foja 33), sin que la parte quejosa aportara elemento de prueba alguno tendiente a desvirtuar tal aserto. Ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 284, aparece 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -4- publicada en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al 1Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Motozintla, Chiapas y al 3Comandante de la Policía Especializada con sede en Motozintla, Chiapas, por así haberlo reconocido al rendir sus informes justificados (fojas 38 y 45), lo que se corrobora con las constancias que remitió la segunda de las citadas, consistente en copias certificada del expediente penal 31/2016, las que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Tiene aplicación en el caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". En distinto orden, del análisis de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia que se tenga que estudiar de oficio o que las partes hayan hecho valer, por lo que procede entrar al examen de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -5- QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Resultan Infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que se advierta materia para suplir en su favor la deficiencia de la queja, de conformidad con lo establecido por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ellos aduce, medularmente, que se vulnera en su perjuicio sus derechos humanos previstos en los numerales 1, 14 y 16 constitucionales, porque la orden privativa de libertad fue emitida sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Sentado lo antepuesto, se precisa que el impetrante se duele de que el acto reclamado [orden de reaprehensión] fue librada sin que se hayan satisfecho los requisitos contenidos en los numerales citados. Bajo esa premisa, se tiene que, para la emisión de la orden de reaprehensión reclamada, no es necesario el cumplimiento de los requisitos que para el dictado de una orden de aprehensión prevé el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, dada la diversa naturaleza y objetivos que existen entre el acto reclamado y la orden de aprehensión que reglamenta el citado dispositivo constitucional y que a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, no en las exigencias constitucionales a satisfacer en una orden de captura. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis3 publicada en la página 1399, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del 3 Registro digital: 187469, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Penal, Tesis: VI.1o.P.174 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1399, Tipo: Aislada. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -6- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. SU FUNDAMENTACIÓN ES DIVERSA A LA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Si la orden de reaprehensión reclamada deriva de que han cesado los efectos de la suspensión concedida al quejoso en el incidente relativo al juicio de amparo indirecto promovido en contra de la orden de aprehensión, es evidente que, para su emisión, no es necesario el cumplimiento de los requisitos estatuidos en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, ante la diversa naturaleza y objetivos que existen entre ésta y la orden de aprehensión, a pesar de que ambas incidan en la privación de la libertad personal, debiendo afirmarse que en estricto rigor, la orden de reaprehensión debe apoyarse legalmente en las normas que rigen el procedimiento penal, según sea el caso, y la orden de aprehensión en el citado precepto constitucional". En efecto, para emitir una orden de reaprehensión no es necesario abordar el estudio de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal en términos del artículo 16 Constitucional; por tanto, la orden de recaptura tiene como finalidad que el procesado continúe en esa situación jurídica. De ahí que, la orden de reaprehensión no se funda en el artículo 16 de la Carta Magna, sino en las normas que rigen el procedimiento penal, según cada caso en particular; por ende, para su emisión es innecesario acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal, tal como lo refiere el quejoso. Así es, la jueza o juez puede decretar la orden de reaprehensión, únicamente con los requisitos comunes a YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -7- todos los actos de autoridad, es decir, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; ello en atención al origen de la reaprehensión, pues la persona contra la que se dicta se encuentra sujeta a un proceso penal. Es así, pues como lo sostuvo el máximo tribunal del país, la orden de reaprehensión reclamada no necesariamente debe cumplir con los requisitos inherentes al dictado de una orden de aprehensión, atento a que éstos, en el caso concreto, ya fueron cumplimentados en la emisión de la orden de aprehensión de doce de abril de dos mil dieciséis, que dictó el juez responsable en contra del quejoso en la causa penal 31/2016, e incluso, en el auto de formal prisión de veinte de febrero de dos mil diecisiete [fojas 59 a la 73, y 115 a la 131 del tomo de pruebas]. Sentado lo antepuesto, se estima que el juez responsable, estuvo en lo correcto al ordenar la reaprehensión del encausado hoy quejoso, fundando su determinación en lo dispuesto por el artículo 195 del Código Penal del Estado de Chiapas, el cual establece que tratándose del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, si el sujeto activo incumple con el convenio dentro del término de dos años al en que fue pactado, se reactivará el procedimiento y se ordenará su reaprehensión. Se afirma lo anterior, en virtud que de las actuaciones del proceso penal, se desprende el convenio de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el hoy quejoso y la tercero interesada Roselbín Bartolomé Zunun, presentado ante el juez responsable, el cual fue debidamente ratificado ante éste el veinticuatro siguiente [fojas 186 a la 188, y 193 a la 195 ídem]. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -8- Que en virtud de dicho convenio, el citado juez mediante proveído de veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, suspendió el procedimiento en la causa penal 31/2016, previniéndose al procesado en el sentido de que si dejaba de cumplir con lo pactado, la consecuencia sería su reaprehensión, de lo cual quedó debidamente notificado, tal como se aprecia de la diligencia respectiva [fojas 199 a la 202 ibídem]. Luego, mediante escrito de veintiuno de octubre del dos mil diecinueve, el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, solicitó que realizara los trámites condignos para ver sí el inculpado había realizado los depósitos celebrados, o en su caso, se ordenara la reaprehensión del inconforme ante el incumplimiento del convenio pactado [foja 347 del tomo de pruebas]. Que en virtud de la petición de la representación social adscrita, en auto de doce de noviembre del dos mil diecinueve, el juez responsable solicitó al secretario de acuerdos un informe completo de los depósitos relativos al mes de octubre del dos mil diecisiete, así como de los diversos de abril a octubre del dos mil diecinueve [foja 358 del tomo de pruebas]. Recibido dicho informe, al advertir que los pagos correspondientes al mes de octubre del dos mil diecisiete, así como los relativos de abril del dos mil diecinueve en adelante no se habían efectuado, mediante auto de treinta y uno de enero del dos mil veinte, a fin de no violentar los derechos de Jorge Enrique Robledo Cossio, el juez de la causa lo requirió para que en el plazo de cinco días contados a partir de que se encontrara debidamente notificado, liquidara las pensiones adeudadas, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento daría vista al Fiscal del Ministerio Público [foja 366 ídem]. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -9- Hecho lo anterior, y notificado el aquí quejoso, en acuerdo de dieciocho de marzo del dos mil veinte, el juez mixto ordenó dar vista a la representación social al haber transcurrido los cinco días otorgados para que cumpliera con el pago de lo adeudado, sin que lo hubiera hecho; por lo que, en la constancia de notificación de dicho auto, el referido fiscal solicitó la orden de reaprehensión en contra de Jorge Enrique Robledo Cossio, la cual se acordó favorable en la misma fecha, ordenando la reactivación del procedimiento así como la reaprehensión del quejoso en trato [373 a 379 ibídem]. -Acto reclamado- En tales condiciones, se colige que el juez responsable estuvo en lo correcto al emitir la orden de reaprehensión combatida, pues aun cuando el hoy quejoso sí realizó depósitos hasta marzo del dos mil diecinueve a favor de la tercero interesada, como ya quedó acreditado en fojas 363 a 365, sin embargo, dejó de proporcionar al día de hoy el monto de las cantidades que corresponden a la suma pactada en el convenio suscrito por las partes en conflicto, aunado a que a la fecha de los informes de las autoridades, y desde el mes de abril del dos mil diecinueve, fue omiso en realizar el depósito mensual pactado de un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional. Adicional a ello, en las constancias relativas a la causa penal de origen, así como en las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa, no se advierte alguna causa justificativa o constancia legal del porqué no se realizaron los pagos de manera completa, es decir, por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales del mes de octubre del dos mil diecisiete, y de abril del dos mil diecinueve a la fecha, tal como fue pactado, o si en su caso ello obedece a una orden YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -10- judicial, es decir, con motivo de un incidente de reducción de pensión alimenticia o de modificación del convenio, dictada por un juez familiar, lo que en el caso no aconteció ni demostró el quejoso en el sumario constitucional en que se actúa. En consecuencia, se estima que el quejoso estuvo en aptitud de cumplir con las obligaciones a las cuales se constriñó y no lo hizo, no obstante que era conocedor de lo que ello representaba, pues derivado de su comportamiento, ya se había librado orden de aprehensión, y reaprehensión [el seis de febrero del dos mil dieciocho] por las mismas circunstancias; por tanto, se reitera que el juez responsable, actuó en estricto apego a la ley, al ordenar que se reactivara el procedimiento en el expediente penal 31/2016, y se procediera a reaprehender al inconforme, puesto que éste incumplió con lo convenido y todavía no había transcurrido el plazo de dos años que cita el artículo 195 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas. Ello se justifica, porque la orden de reaprehensión reclamada únicamente obedece al incumplimiento en que incurrió el quejoso al no realizar los depósitos convenidos, por ende, basta que la orden de reaprehensión reclamada se ajuste a los requisitos que todo acto de molestia debe contener (fundamentación y motivación), para determinar su constitucionalidad y legalidad. Circunstancia que en el asunto en cuestión se satisface, pues se advierte que la orden de reaprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada, es así, porque de la lectura de la citada resolución se observa que el juez responsable citó con precisión el artículo 195 del Código Penal para el Estado de Chiapas y que debido a la falta de cumplimiento del pacto suscrito, no obstante de estar debidamente notificado el quejoso de las consecuencias que YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -11- representaba el no cumplirlo, ordenó su reaprehensión, por ende, no es violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 constitucional. Por tanto, se pone de manifiesto que la orden de reaprehensión que por esta vía constitucional se reclama no conculca los derechos fundamentales que alega el peticionario del amparo, por cuanto el acto de autoridad fue decretado como consecuencia de la conducta de desobediencia de un mandato judicial por parte del quejoso, no obstante, que fue debidamente notificado de las consecuencias jurídicas en caso de incumplir dicha orden. En tal tenor, se concluye que, adverso a lo sostenido por el quejoso la orden de reaprehensión no es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable al caso, la tesis VI.1o.P.148 P4 de rubro y texto: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES LEGAL DECRETARLA CUANDO EL ACUSADO DESOBEDEZCA UNA ORDEN LEGÍTIMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 371, fracción I y 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, cuando el acusado desobedezca sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del Juez o Sala que conozca de su proceso, procede revocar su libertad y ordenar su reaprehensión. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alude al principio de presunción de inocencia que se define como el 4 Registro digital: 188563, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Penal, Tesis: VI.1o.P.148 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1152, Tipo: Aislada YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -12- derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. En efecto, el citado principio reposa en la necesidad de garantizar al imputado que no será condenado sin que existan pruebas suficientes que destruyan su estatus de inocente; su finalidad es brindarle seguridad jurídica puesto que si no se demuestra su culpabilidad, no debe dictársele una sentencia condenatoria. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que el principio de presunción de inocencia tiene por objeto evitar que se sancione penalmente al probable responsable antes de que se demuestre su culpabilidad en sentencia definitiva y ha establecido que el citado principio pertenece al ámbito del derecho penal, porque está vinculado con la "responsabilidad penal" del inculpado en la comisión del delito. En ese sentido, el hecho de que se haya revocado la libertad del quejoso en la causa penal que se le instruye, y en su lugar se dictara orden de reaprehensión, ello no viola en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, dado que éste principio ordena a los jueces evitar en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de emitir cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena, lo cual en modo alguno se actualiza en este asunto, ya que la orden de captura combatida no presupone una condena pues deviene del incumplimiento del quejoso a las obligaciones contraídas en el convenio celebrado con la tercera interesada. Ahora, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción a las garantías de YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -13- libertad, audiencia previa y principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular. Así, la revocación de la libertad provisional, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las garantías mencionadas porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, aunado a que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional, motivo por el cual no requiere darse audiencia previa al inculpado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis P. XXI/985 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: GARANTÍA DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 412, EN SUS FRACCIONES I Y VII, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO LA VIOLA. En síntesis, la norma citada establece que cuando el inculpado haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se le revocará cuando desobedeciere sin causa justa y comprobada las órdenes legítimas del tribunal que conozca de su asunto o no cumpla con alguna de las obligaciones que contrajo al obtener el beneficio. Ahora bien, la prisión preventiva por delito sancionado con pena privativa de libertad es una excepción 5 Registro digital: 196553, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: P. XXI/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 22 Tipo: Aislada. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -14- a las garantías de libertad, de audiencia previa, y al principio de presunción de inocencia, que tiene por objeto preservar el adecuado desarrollo del proceso y asegurar la ejecución de la pena, así como evitar un grave e irreparable daño al ofendido o a la sociedad, en prioridad al interés social sobre el particular; luego, la revocación de la libertad provisional bajo caución, como medida cautelar y no cuando obedece a la ejecución de la pena, también es una excepción a las citadas garantías porque, no obstante que priva de la libertad al procesado, atiende a los valores sociales antes indicados, de ahí que en este caso no requiere darse audiencia previa al inculpado sino posterior, máxime que puede solicitar nuevamente el otorgamiento de su libertad provisional bajo caución, pues no existe precepto constitucional ni ordinario que lo prohíba, y así sucede en la práctica jurisdiccional. En las relatadas circunstancias, cabe precisar que el motivo aquí adoptado -que la orden de recaptura se encuentra ajustada a derecho, además, fundada y motivada-, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.)6, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: 6 Registro digital: 2004748. Instancia: Primera Sala. Décima Época Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906 Tipo: Jurisprudencia. YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -15- PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 JUICIO DE AMPARO 706/2021 -16- derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se atribuye al 3Comandante de la Policía Especializada con sede en Motozintla, Chiapas [autoridad ejecutora], ya que no fue reclamado por vicios propios sino como una consecuencia de la orden de reaprehensión. Sirve de apoyo a tal consideración la Jurisprudencia II.3o. J/397, del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGATIVA DEL AMPARO CONTRA LAS ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenaron la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe negarse también respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73 a 76, y 217 de la Ley de Amparo; se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por Jorge Enrique Robledo Cossio, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo al 2Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral con sede en Comitán, Chiapas, atento los razonamientos expuestos en el diverso tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Enrique Robledo Cossio contra los actos 7 Registro digital: 217666. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materia(s): Común, Tesis: II.3o. J/39, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 60, Diciembre de 1992, página 52 Tipo: Jurisprudencia. reclamados en al 1Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Motozintla, Chiapas y al 3Comandante de la Policía Especializada con sede en Motozintla, Chiapas precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio al tercero interesado, a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación y por lista al diverso tercero interesado. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Yazmín Giselle Osorio Lecona, secretaria del Juzgado con quien actúa, el día de hoy treinta de marzo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
Intégrese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite un cuadernillo proveniente del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, del que se advierte que diligenció el despacho 101/2021, orden 176/2021 de su índice, es decir, notificó a la tercera interesada Roselbin Bartolomé Zunun, en su carácter de representante legal de la menor de edad de iniciales K.R.R.B.; el proveído de veintidós de diciembre del dos mil veintiuno en el que declinó la competencia por conocimiento previo a este juzgado federal; de lo cual se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes.
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