Jorge Enrique Rivera Arizpe

Expediente 1247/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1247/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Enrique Rivera Arizpe
  • Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicia del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente, al estar totalmente concluido. En ese orden de ideas, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó al escrito inicial de demanda, previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia; de conformidad con el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente, al estar totalmente concluido. En ese orden de ideas, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó al escrito inicial de demanda, previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia; de conformidad con el último párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. Supervisión de registro diario. Finalmente, con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure le permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo de la persona Secretaria de trámite del Juzgado asignada al presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la comparecencia del quejoso JORGE ENRIQUE RIVERA ARIZPE, por el cual, ratificó la firma del escrito aclaratorio registrado con el folio 1480 en atención al requerimiento de diecisiete de diciembre de dos mil veinte. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo que promueve ÁLVARO LEOPOLDO SANTILLÁN VARGAS, quien se ostenta como apoderado legal de JORGE ENRIQUE RIVERA ARIZPE, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal resolución de fecha 19 de noviembre del 2020, resolución recaída ante el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha seis (6) de noviembre de 2020, así como el ilegal emplazamiento ordenado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, supuestamente el 5 de septiembre del 2019 a las 15:30, mediante exhorto derivado del expediente 494/2019-1 procedente del juzgado tercero Civil de Primera Instancia, actualmente 172/2020 segunda secretaria acumulado al 65/2019, en el Juzgado Primero Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, consistente en un juicio sumario civil promovido por ARTURO MORENO QUIROZ en contra de la sucesión de Alfredo Rivera Arizpe, mismo que es ilegal y además está plegado de irregularidades que más adelante expondré."(sic) A mayor abundamiento, del escrito inicial de demanda se desprende lo siguiente: La resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 172/2020, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de seis de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, derivado del emplazamiento ordenado por la responsable. Precisado lo anterior, quien resuelve advierte que respecto a la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 172/2020, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, que resolvió el recurso de revocación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." (.)" Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esas condiciones, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Así, tenemos que la resolución de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 172/2020, del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que resolvió el recurso de revocación que reclama la parte quejosa, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Se afirma lo anterior puesto que el reclamo del quejoso estriba en que a su parecer la responsable no analizó debidamente la personalidad del apoderado de la parte demandada al momento del emplazamiento a la contienda de origen. Es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa a la parte quejosa, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que el acuerdo reclamado emana de un procedimiento judicial. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de una determinación favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva que se emita en el recurso de apelación de origen, sino en que, con motivo de una determinación favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. Aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, ello es así, al advertirse que, si bien es cierto que, mediante la resolución recurrida, se declaró improcedente el recurso de revocación que promovieron en contra el auto de seis de noviembre de dos mil veinte, en atención a que no infringía derecho fundamental alguno de los recurrentes; en tanto que las consideraciones que la contienen -al margen de cualquier consideración sobre el que sean correctos o no- no hacen procedente el amparo. De lo que se tiene que con el acto reclamado no se afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, puesto que en el juicio de origen se podrá continuar la secuela procesal hasta el dictado de la sentencia, la que en todo caso puede resolverse en sentido favorable al interesado, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio el acuerdo que en esta vía se combate, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que la parte inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano. Máxime que, al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo vía violación procesal, en términos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, al margen de lo correcto o incorrecto de dicha actuación, la misma no reviste el carácter a que se refiere el ordinal 107, fracción V de la ley de la materia, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En lo conducente cobra aplicación la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página: 39, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, lo conducente cobra aplicación la jurisprudencia: P./J. 12/2018 (10a.), registro 2017109, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 6, de rubro: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Bajo ese contexto, es posible concluir que la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación que promovieron en contra del auto de seis de noviembre de dos mil veinte, no afecta derechos sustantivos, pues aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte. A mayor abundamiento, ciertamente la determinación combatida es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda promovida por JORGE ENRIQUE RIVERA ARIZPE. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Asimismo, dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. *ediaz

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