Jorge Enrique Quintero Higuera
Expediente 674/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Enrique Quintero Higuera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...causa estado auto de ocho de junio de dos mil dieciséis...archívese...expediente susceptible de destrucción... transcurrido plazo de tres años, remítase expediente a Centro Archivístico Judicial de Suprema Corte...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual ... cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, pues expresó la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Sentado lo anterior, el libelo y anexos que lo conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharlo de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, del propio ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario. En ese orden, la interpretación de los artículos citados revelan que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por gobernados que cuenten con legitimación en la causa, entendida como aquella persona que resintió de manera personal y directa el agravio, o bien, la que sufrió una afectación en su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, aduciendo un interés jurídico o un interés legítimo individual o colectivo, mismo que constituye un principio que rige al juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues el ejercicio de la acción de amparo se reserva, a quien aduzca tener interés jurídico, o bien, un interés legítimo individual o colectivo. Por lo que hace al interés jurídico, la procedencia del medio de control constitucional, se actualiza cuando al promovente le perjudique la norma general, acto u omisión que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De acuerdo con lo anterior, el interés jurídico que asiste a la parte promovente en un juicio de amparo requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste; de tal manera que el interés jurídico no se satisface si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si de existir, no se resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; por lo que si la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado le causa un perjuicio por invadir su esfera de derechos, se surte entonces la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, dado que únicamente están legitimados para promover la acción constitucional aquéllos individuos a quienes perjudique o cause agravio directo el acto que se combate, por lesionar sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual... Tampoco es obstáculo la existencia de apercibimientos decretados contra el quejoso, en caso de incumplimiento del acto reclamado, pues encuadran en la concepción de actos futuros e inciertos, ya que tales depende de la actividad previa del impetrante o del actuar de las autoridades responsables, por lo que con la sola vigencia del requerimiento reclamado no se ven violentan sus derechos. Por lo anterior, ante la existencia de causa de notoria improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta. Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda de garantías. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a parte quejosa, la determinación de ocho de junio de dos mil dieciséis, que en síntesis dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual ... cumple con el requerimiento formulado en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, pues expresó la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Sentado lo anterior, el libelo y anexos que lo conforman, revelan motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desecharlo de plano, acorde con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es así, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, del propio ordenamiento legal, interpretado en sentido contrario. En ese orden, la interpretación de los artículos citados revelan que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por gobernados que cuenten con legitimación en la causa, entendida como aquella persona que resintió de manera personal y directa el agravio, o bien, la que sufrió una afectación en su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, aduciendo un interés jurídico o un interés legítimo individual o colectivo, mismo que constituye un principio que rige al juicio de amparo. Lo anterior se considera así, pues el ejercicio de la acción de amparo se reserva, a quien aduzca tener interés jurídico, o bien, un interés legítimo individual o colectivo. Por lo que hace al interés jurídico, la procedencia del medio de control constitucional, se actualiza cuando al promovente le perjudique la norma general, acto u omisión que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional, esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De acuerdo con lo anterior, el interés jurídico que asiste a la parte promovente en un juicio de amparo requiere, por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a éste; de tal manera que el interés jurídico no se satisface si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si de existir, no se resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; por lo que si la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado le causa un perjuicio por invadir su esfera de derechos, se surte entonces la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, dado que únicamente están legitimados para promover la acción constitucional aquéllos individuos a quienes perjudique o cause agravio directo el acto que se combate, por lesionar sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual... Tampoco es obstáculo la existencia de apercibimientos decretados contra el quejoso, en caso de incumplimiento del acto reclamado, pues encuadran en la concepción de actos futuros e inciertos, ya que tales depende de la actividad previa del impetrante o del actuar de las autoridades responsables, por lo que con la sola vigencia del requerimiento reclamado no se ven violentan sus derechos. Por lo anterior, ante la existencia de causa de notoria improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta. Se arriba a la anterior decisión, con apoyo además en lo dispuesto por el numeral 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la celeridad que debe imperar en cualquier juicio, pues a nada práctico conduciría dar trámite a la presente demanda de garantías. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
Se resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo... Notifíquese personalmente...
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