Jorge Enrique Peralta Castillo
Expediente 1383/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/09/2015
Partes del expediente
- Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Área Administrativa de la Contraloría Municipal, perteneciente al Ayuntamiento del Municipio de Puebla
- Jorge Enrique Peralta Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de septiembre de dos mil quince. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinte de agosto de dos mil quince, con fundamento en el artículo 288 del Códigos Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en consecuencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósense los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente administrativo Q-38/2013-PAR.49/2013, solicitando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que surta los efectos legales procedentes Tomando en consideración que las constancias remitidas por las autoridad oficiante, son voluminosas, para un mejor manejo, del juicio de amparo en que se actúa con esta fecha, se procede a integrar el ANEXO I. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Jorge Enrique Peralta Castillo, acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguiente (fojas 2 a 5): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial, área administrativa de la Contraloría Municipal, perteneciente al Ayuntamiento del Municipio de Puebla." IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad responsable reclamo su omisión y retardo para dictar resolución correspondiente (sentencia), dentro del procedimiento administrativo identificado con el número de expediente 49/2013, radicado ante la Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Área Administrativa de la Contraloría Municipal, perteneciente al Ayuntamiento del Municipio de Puebla, pese a que el tiempo que señala el artículo 68 fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se venció el pasado quince de junio de dos mil quince. Sin que hasta el momento la responsable haya dictado la sentencia correspondiente, por consiguiente se están vulnerando mis derechos humanos consagrados en nuestra carta Magna." Ahora, la autoridad responsable Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que: ".el día cinco de agosto del año en curso, mediante oficio número CM-SRSP-2740/2015 de fecha tres de agosto de dos mil quince, de manera personal se le notificó e hizo saber al C. Jorge Enrique Peralta Castillo, la resolución número DR.187/2915 correspondiente al expediente de Procedimientos de Responsabilidades Administrativa número Q.38/2013-PAR.49/2013 que en su momento fue instaurado en contra del ahora quejoso en el juicio de garantías debido a que el 17 de diciembre de 2011 la Unidad A 1255 placas SH 70645 marca Volkswagen tipo pointer pick up modelo 2009 a resguardo de Jorge Enrique Peralta Castillo adscrito a la Dirección de atención vecinal y comunitaria, sufrió un percance vial al ser conducido por José Luis Pérez Pérez adscrito a la misma Dirección, cuando el mismo se encontraba en estado de ebriedad, motivo por el cual la aseguradora no intervino y la unidad fue trasladada al corralón, ubicado en la 95 poniente y privada de la 13 B Sur, sin que hasta la fecha este Ayuntamiento haya podido recuperar dicho vehículo ." Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Jorge Enrique Peralta Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de la autoridad responsable de dictar la resolución correspondiente dentro del procedimiento administrativo 49/2013. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal, del Ayuntamiento de Puebla, mediante el oficio recibido el diecinueve del mes y año en curso (foja 23), a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintisiete de julio de dos mil quince, resolvió el expediente administrativo de responsabilidad administrativa número Q.38/2013-PAR.49/2013 en contra de Jorge Enrique Peralta Castillo y mediante notificación personal de cinco de agosto del año en curso, se notificó la misma al citado quejoso. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Se expone lo anterior, porque si la pretensión del quejoso al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable emitiera la resolución dentro del expediente administrativo de responsabilidad administrativa número 49/2013 en contra de Jorge Enrique Peralta Castillo; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintisiete de julio, la responsable resolvió el expediente administrativo de responsabilidad administrativa número Q.38/2013-PAR.49/2013 en contra de Jorge Enrique Peralta Castillo y el cinco de agosto siguiente notificó la misma de forma personal. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo Jorge Enrique Peralta Castillo, en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Jorge Enrique Peralta Castillo reclamó al Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Puebla, consistente en la omisión de resolver el expediente administrativo de responsabilidad administrativa número Q.38/2013-PAR.49/2013 instaurado en contra del aquí quejoso. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con cuarenta y cinco minutos del tres de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil quince. Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no le fue posible lograr el emplazamiento del tercero interesado, en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que el mismo no existe. Atento a lo anterior, tomando en consideración que el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, refiere que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero interesado pesa exclusivamente sobre la parte que promueve la demanda de garantías, quien deberá agotar todos los medios e instancias posibles para cumplir con tal obligación o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoce; en tal virtud, requiérase al quejoso , para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio correcto del mencionado ; bajo el apercibimiento que de no dar el debido cumplimiento dentro del término indicado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 238, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que este órgano jurisdiccional procederá como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Gobernación del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, autoridad señalada como tercero interesada, a fin de que surta los efectos legales conducentes, visto su contenido, téngasele apersonando al presente juicio con tal carácter, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y autorizando para recibirlas a las personas que menciona. En otro orden, vista la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado Federal, de la que se advierte que no le fue posible lograr el emplazamiento del diverso tercero interesado, en el domicilio señalado para tal efecto, en virtud de que el mismo es incorrecto. Atento a lo anterior, tomando en consideración que el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, refiere que legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero interesado pesa exclusivamente sobre la parte que promueve la demanda de garantías, quien deberá agotar todos los medios e instancias posibles para cumplir con tal obligación o en su caso, manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoce; en tal virtud, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione el domicilio correcto del mencionado; bajo el apercibimiento que de no dar el debido cumplimiento dentro del término indicado, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 238, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que este órgano jurisdiccional procederá como lo establece el artículo 27, fracción III, inciso b), de la citada ley. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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