Jorge Enrique Peña Ozaeta
Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Enrique Peña Ozaeta
- Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así se tiene a la parte quejosa Jorge Enrique Peña Osaeta, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Natalia Giovana Reza Rivas y Fátima Lizbeth Domínguez Pérez. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A: Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 675/2023, promovido por ********************contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el siete de julio de dos mil veintitrés, la parte quejosa promovió demanda de amparo en contra de actos de las autoridades, Juez Primero Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Segundo Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Tercero Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Cuarto Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Quinto Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Sexto Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Séptimo Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Octavo Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Noveno Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos, Juez Décimo Civil por Audiencia, del Distrito Judicial Bravos y Oficiales Notificadores adscritos a la Unidad de Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. A quienes en lo medular les reclamó la orden de desalojo o desposesión sobre el bien inmueble ubicado en calle Coyoacán número 1822, colonia Hidalgo, de esta ciudad, así como la omisión de llamarlo o emplazarlo al juicio de origen. SEGUNDO. Mediante interlocutoria de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se negó y reservo la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados; y se llevó a cabo la audiencia al tenor del acta precedente; por lo que, CONSIDERANDO: PRIMERO. La autoridad responsable, Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, negó la existencia del acto reclamado, sin que este último haya desvirtuado la negativa de las autoridades responsables descritas. Lo anterior, tiene apoyo con la tesis con número de registro 326347 visible en la página 5683 del Tomo LXXIII, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que reza: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTUA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de la suspensión, contra actos de esa naturaleza". Por consecuencia, se niega la suspensión de los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos SEGUNDO. La autoridad responsable, Juez Octavo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe previo, convino en la existencia de los actos que se les atribuye. Por tanto, como punto de partida, debe tomarse en cuenta que la parte quejosa señala como actos reclamados de las autoridades responsables, en concreto, la orden de desalojo o desposesión sobre el bien inmueble ubicado en calle Coyoacán número 1822, colonia Hidalgo, de esta ciudad, así como la omisión de llamarlo o emplazarlo al juicio de origen. Así, para resolver lo relativo a la suspensión solicitada, debe tomarse en consideración que los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, en su orden señalan: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alude la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la aquí incidentista, en el escrito de la demanda de amparo solicitó la medida suspensiva de los actos reclamados. Los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, don número de registro 206,395, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Lo anterior, conduce al suscrito juzgador a estimar, que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la inconforme. Sin embargo, entre el primero de los requisitos señalados por el precitado numeral 128 de la ley de la materia, también se encuentra inmerso el relativo a la acreditación del interés para obtener la suspensión, que por orden lógico y jurídico debe estudiarse previamente al requisito establecido en su fracción II. Así es, para resolver sobre la suspensión debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de esa medida, ya que siendo el objeto de ésta conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el análisis de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. Dicho en otras palabras, tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada en términos del artículo 107, fracción X, constitucional conlleva, inclusive, verificar si la prerrogativa cuya existencia se busca preservar mediante el otorgamiento de la suspensión, se encuentra inserta en el patrimonio jurídico del quejoso. Una vez verificado que el quejoso goza del derecho que pretende preservar a través de la suspensión del acto de autoridad reclamado, será factible, entonces sí, analizar si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público. Asimismo, conviene establecer que uno es el interés jurídico que se debe probar para hacer procedente la acción constitucional de amparo y adquirir el derecho procesal a que se resuelvan las cuestiones de fondo; y otro distinto es el derecho preconstituido que debe acreditarse cuando se pide la suspensión provisional o definitiva de los actos reclamados, con la pretensión de ejercer o llevar a cabo una actividad reglamentada. Bajo ese contexto, en la especie se considera que la quejosa, aquí incidentista, no justifica su interés suspensional, debido a que no acompañó a su demanda de amparo documento alguno para acreditar dicho interés, tomando en consideración que la figura de la suspensión no es constitutiva de derechos, es decir, para acreditar la propiedad y/o posesión del mismo, resulta necesario el contrato de compra venta celebrado al respecto, o cualesquiera otro documento que sirva para demostrar la posesión relativa. En ese sentido, si la parte quejosa no exhibió en autos prueba alguna que acredite su interés suspensional, su intención de obtener la suspensión en contra de los actos reclamados relacionadas con el bien inmueble que defiende, resulta improcedente, en tanto, que carece del presupuesto lógico consistente en la existencia previa del derecho que se busca preservar. Por consiguiente, al quedar manifiesto que hasta este momento procesal la parte quejosa no demuestra que los actos reclamados afectan su interés jurídico, es decir, no demuestra ni aun indiciariamente que tenga derechos sobre el bien inmueble, sobre el que afirma deriva la orden de lanzamiento reclamada; de ahí, que en el caso resulte improcedente otorgar la medida suspensiva solicitada, en virtud de que la parte quejosa no acredita el interés suspensional que le asiste para pedirla y así estar en posibilidad de reconocer y tutelar un derecho preestablecido a su favor. Cabe señalar, que la circunstancia de que todo lo declarado en la demanda de amparo se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no implica necesariamente una presunción que acredite el interés suspensional, y proceda por tanto, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, dado que ese hecho no exime a la quejosa de la obligación de exhibir en el cuaderno incidental algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto, pues esa situación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo en aplicación; por tanto, la mencionada protesta es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés suspensional para promover en defensa del derecho que alega tener. Sin que se esté en el supuesto, de que se deba conceder la suspensión al actualizarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, para determinar que exista un cálculo de probabilidades, a fin de anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad de los actos impugnados, toda vez que en el particular resulta irrelevante efectuar ese análisis, en la medida en que al no quedar colmado el requisito del interés suspensional, tampoco procede resolver si están colmados los diversos establecidos en la fracción II del artículo 128 de la ley en aplicación, pues en la propia jurisprudencia P./J. 15/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, página dieciséis, que es del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", se establece que sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 (que en su contenido corresponde al diverso 128 de la ley actual), es posible hacer una apreciación de carácter provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que en la especie no se puedo realizar por las razones antes precisadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando primero y segundo de la presente interlocutoria, se niega a ********************la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas en los referidos considerandos de esta interlocutoria.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua a primero de septiembre de dos mil veintitrés Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, en atención al oficio y anexo signado por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Juez del Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, téngasele rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, a primero de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Se tiene al Juez del Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe previo, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia incidental, con lo que se ordena dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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