Jorge Enrique Ledesma Aranda

Expediente 755/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Enrique Ledesma Aranda
  • Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, del Partido Judicial de Tiuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta Ciudad, al que acompaña: Copia certificada del testimonio del recurso de queja civil ********************; y, Por tanto, hágase del conocimiento de las partes los puntos resolutivos del tenor siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la titular del entonces Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California,-ahora Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California-, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo 755/2022, por una razón diversa a la sostenida en el auto impugnado. SEGUNDO. El presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último considerando de esta ejecutoria." Acuse y anotaciones. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación y competencia a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Informa admisión de recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, el cual quedó registrado como queja civil ********************. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito que remite el quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de queja, en términos del artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (sic), en que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe correspondiente en el sentido de que es cierto el acto que se reclama, toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; sin embargo, el auto por el que se desechó fue el catorce de noviembre del año en curso, no así el veinticinco de noviembre del presente año, como lo refiere el promovente; ello, en virtud de haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos numerales 172, fracción V, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, por las razones expuestas en el mismo. Por tanto, remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del recurso y una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del mismo, se procederá a la autorización respectiva a que refiere el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la consulta del expediente electrónico por parte de la superioridad. Sin que sea el caso de previamente efectuar notificación de esta determinación a las demás partes, como establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que se trata del desechamiento de una demanda y por ende, no se proveyó respecto al reconocimiento de partes acorde al artículo 5 de la ley de la materia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Cumple prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por Jorge Enrique Ledesma Aranda, atento a su contenido, se le tiene por cumplida la prevención realizada en proveídos de diecinueve de octubre de dos mil veintidós y en el diverso de tres de noviembre del año en curso. Desechamiento. Por otra parte, una vez analizado el escrito de demanda de amparo y los escritos aclaratorios, este juzgado federal advierte que los mismos deben desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se advierte que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida desecharla. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "ACTOS RECLAMADOS: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y de ser ciertos los hechos antecedentes y abstenciones que me constan declaró el precisamente el proveído de fecha 15 de septiembre del 2022, el cual fue publicado en Boletín Judicial en fecha 22 de septiembre y me fue notificado personalmente en fecha 22 de septiembre del 2022. por medio del cual la Autoridad Responsable Confirma en grado de Apelación la Sentencia Interlocutoria manifestando que los agravios presentados por el Suscrito son Infundados e Inoperantes: olvidando el Juzgador todo acto de potestad. el cual debió haber estudiado de forma completa y exhaustiva al estar vinculado a salvaguardar los Derechos del Gobernado." PRIMERO. SE ACLARA ACTO RECLAMADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD señalando de manera clara y precisa en lo siguiente: Ahora bien de la Autoridad Responsable denomina como Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, tal como se mencionó en el escrito inicial de demanda se reclama la sentencia de fecha 15 de septiembre del 2022, el cual manifiesta otra vez que son infundados e inoperantes los agravios lo que resulta incongruente pues es EVIDENTE que hubo violaciones al Acceso a la Justicia primeramente del Artículo 17 Constitucional en el que afecta la igualdad procesal y el debido proceso, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimientos, vulnerando el Derecho Humano del Quejoso, por lo que dichos actos de las Autoridades Responsables trasciende más allá del ámbito personal del suscrito por lo que primeramente nos basamos en el Principio Pro Persona que se encuentran en el Artículo 1ero Constitucional por lo que tal gravedad impide el Ejercicio del Derecho, por consiguiente, confirma en grado de apelación la Sentencia Interlocutoria impugnada en fecha 22 de septiembre del 2021, en cual con motivo se presentó Recurso de Apelación el día 30 de Septiembre del 2021, misma Sentencia Interlocutoria el cual resolvió el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo civil de forma ilegal y totalmente arbitraria declara improcedente por Infundadas e Inoperantes el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES el cual se presentó en fecha 4 de junio del 2021, por ello se formaliza un acto de imposible reparación, demostrándose a toda luz la Inconstitucionalidad del acto por parte de las Autoridades Responsables su actuar ilegal e incongruencia a la igualdad procesal dejando al suscrito en un estado de indefensión grave su señoría que debe la exacta aplicación de la Ley como lo estipula el Articulo 76 de la Ley de Amparo. Manifestando que el acto de autoridad reclamado de la responsable Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad de Tijuana, Baja California es la ilegal resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad promovio (sic) por el suscrito que dio cabida a que la Segunda Sala Tribunal Superior de Justicia confirmada dicha resolución conculcando los derechos humanos y garantías ya que no se cumplieron las leyes esenciales del procedimiento ya que no fui llamado a juicio conforme a derecho de ahí que se actualizó el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos numerales 172, fracción V, y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que a la letra refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;" En ese contexto legal, resulta pertinente traer a colación además lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Luego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación de la materia vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece la ley reglamentaria del Artículo 107 constitucional para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Es decir, para que un acto sea calificado como irreparable, necesitará producir una afectación material a derechos sustantivos; por lo que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma evidente el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ello con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración; esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentren en el juicio de amparo directo (contra la sentencia definitiva), que es donde esa violación puede producir una afectación. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con registro digital 2006589, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sentado lo procedente, en el caso particular -como ya se precisó- el acto reclamado consiste en la determinación de quince de septiembre de dos mil veintidós, en que la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió el recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, en el Incidente de Nulidad de Actuaciones de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno que planteó el aquí quejoso en el transcurso del procedimiento, previo a la emisión de la sentencia definitiva. En efecto, en el escrito aclaratorio a la demanda de amparo el quejoso manifestó que, dentro del juicio especial hipotecario 41/2019, tramitado en su contra, el cuatro de junio de dos mil veintiuno promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto a la notificación de "reanudación de procedimiento", que fue resuelto por el juez natural en interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, de manera desfavorable a sus intereses. Que interpuso recurso de apelación contra dicha interlocutoria, el que fue resuelto por la sala responsable en sentencia de quince de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar la resolución recurrida. Por último, del contenido del propio escrito aclaratorio también se advierte que en el juicio de origen (especial hipotecario 41/2019) se dictó sentencia definitiva el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, la cual fue recurrida mediante recurso de apelación por el propio quejoso. Con base en esos antecedentes se llega a la convicción de que el acto reclamado se trata de una violación procesal, que -en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo- puede ser reclamada, de ser el caso, a través del juicio de amparo directo, pues además de que está enumerado como violación procesal en el precepto legal aludido, lo verdadero es que, como ya se indicó previamente, no afecta materialmente derechos sustantivos y por esa razón no se considera un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Ciertamente, el acto reclamado no produce una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la impetrante consagrados en la Constitución, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir como la vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal, de ahí que las consecuencias del acto reclamado son sólo intraprocesales. Por lo que en todo caso, la determinación que reclama podrá hacerla valer como una violación del procedimiento, en su caso, al intentar el amparo directo contra la sentencia definitiva de segunda instancia (del escrito aclaratorio presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se aprecia que la parte quejosa ya promovió recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio natural). Por las razones que informa y en lo conducente, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de título y contenido siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, puesto que es clara la naturaleza y efectos que produce el acto reclamado, que no implica una afectación material a sus derechos sustantivos -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -para las partes como para el propio Estado-. Notifíquese personalmente al quejoso.

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