Jorge Enrique Heredia Navarrete

Expediente 442/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
442/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • Jorge Enrique Heredia Navarrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    VII. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1904, de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas de la causa penal 912/2015, que adjuntó a su informe de ley. Cúmplase. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que en su único punto resolutivo NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN en el presente juicio de garantías, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se indica que en el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. En cuanto al valor jurídico, si lo tiene el presente juicio de amparo, y el incidente de suspensión derivado del mismo. Por último, devuélvase al Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, el legajo de copias certificadas del expediente 912/2015 de su índice, que remitió junto con su informe justificado, solicitándole acuse recibo del mismo.

  3. Principal

    VII. Visto lo informado por el Actuario de la adscripción, en su razón de cuatro de junio del año en curso, en la que indica que no logró notificar personalmente al quejoso Jorge Enrique Heredia Navarrete, la sentencia dictada en este asunto, pues al constituirse a la colonia "Azcorra" de esta ciudad, no logró localizar la calle treinta y cinco, pues de las placas municipales que se observan en las esquinas de esa colonia, se aprecia que la misma comienza en la calle sesenta y nueve, y avanza con numeraciones más altas; razón por la cual, no pudo realizar la diligencia encomendada. En mérito de lo anterior, y ante la imposibilidad de este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a la parte quejosa, la sentencia firmada el treinta de mayo de dos mil nueve; con fundamento en el inciso a), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase la notificación de esa resolución, y de este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las que deban ser personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de José Nerio Ojeda Echeverría, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 442/2019-VII, promovido por Jorge Enrique Heredia Navarrete, contra actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otra autoridad, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, posteriormente recepcionado en la Oficialía de partes de este juzgado, al día siguiente, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, Jorge Enrique Heredia Navarrete, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, que hizo consistir en el emplazamiento realizado en el juicio extraordinario hipotecario 912/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido inicialmente por "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Gerardo José Acevedo Macari y Raúl Alberto Castro Briceño, y continuado, por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas Montserrat Montes Valladares, en su carácter de cesionario de los derechos que le correspondían en ese juicio a "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Brandon Abbad Heredia Moguel, Jorge Enrique Heredia Navarrete, como acreditados, y María Anastacia de Jesús Moguel Espinosa, como obligada solidaria, así como su ejecución, la cual se la atribuye al Actuario adscrito a dicho Juzgado, y en vía de consecuencia, todo lo actuado en el procedimiento hipotecario de origen. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de tres de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, la cual se registró bajo el número de expediente 442/2019, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra los actos de autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de garantías. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de actos reclamados, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que el quejoso Jorge Enrique Heredia Navarrete reclama: - El emplazamiento que le fue realizado en autos del juicio extraordinario hipotecario 912/2015, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido inicialmente por "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, por conducto de sus apoderados generales para pleitos y cobranzas Gerardo José Acevedo Macari y Raúl Alberto Castro Briceño, y continuado, por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas Montserrat Montes Valladares, en su carácter de cesionario de los derechos que le correspondían en ese juicio a "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de Brandon Abbad Heredia Moguel, Jorge Enrique Heredia Navarrete, como acreditados, y María Anastacia de Jesús Moguel Espinosa, como obligada solidaria, así como, en vía de consecuencia, todo lo actuado en el procedimiento hipotecario de origen. - Así como la ejecución del referido emplazamiento, la cual, se la atribuye al Actuario adscrito a dicho Juzgado. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama, por lo que se tiene por cierto el mismo. Por su parte, el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de las constancias que remitió la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, se advierte la diligencia y la cédula de notificación, ambas de fechas de once de diciembre de dos mil diecisiete, practicadas con el hoy justiciable, que obran en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario 912/2015, a las que se les concede pleno valor probatorio por tratarse de documentales, que por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA." (Véase en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 97-102 Primera Parte, página 11). CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al no haber hecho valer las partes la actualización de una causa de improcedencia, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias que remitió la Juez responsable, se advierte, lo siguiente: 1. Mediante escrito de once de noviembre de dos mil quince, Gerardo José Acevedo Macari y Raúl Alberto Castro Briceño, como apoderados generales para pleitos y cobranzas de BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, promovieron formal demanda en juicio extraordinario hipotecario, en contra de Brandon Abbad Heredia Moguel, Jorge Enrique Heredia Navarrete, como acreditados, y María Anastacia de Jesús Moguel Espinosa, como obligada solidaria, en el que reclamaron el pago de diversas prestaciones en ejercicio de la acción hipotecaria relacionada con el predio quinientos dieciocho, de la calle sesenta, del fraccionamiento "Gran Santa Fe", de la localidad de Caucel, Municipio de Mérida, Yucatán, el cual fue admitido el veintiséis de noviembre de dos mil quince, y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2. El once de diciembre de dos mil diecisiete, se realizó de forma personal el emplazamiento a la parte demandada. 3. Por auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, tuvo por acusada la rebeldía de la parte demandada, al no contestar la demanda promovida en su contra. 4. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, emitió sentencia definitiva en los autos del juicio extraordinario hipotecario de origen, en la que, entre otras cosas, determinó procedente el juicio en el que la parte actora probó su acción y la demandada no contestó la demanda, y por ende, no opuso excepciones; condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad señalada en la aludida resolución, así como al pago de las costas y gastos del juicio de mérito. 5. Por acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, para todos los efectos legales que procedan. 6. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se reconoció a "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, su carácter de cesionaria de los derechos que en el citado juicio le correspondía a la persona moral denominada "BBVA Bancomer", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y se reconoció a Montserrat Montes Valladares, como apoderada general para pleitos y cobranzas del referido cesionario. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se fijó a la parte demandada, el término de tres días para que cumpliera con la citada sentencia. SEXTO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Resultan infundados los conceptos de violación, expuestos por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. El justiciable Jorge Enrique Heredia Navarrete, reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, el emplazamiento realizado en el juicio extraordinario hipotecario 912/2015, aduciendo que es propietario del bien inmueble objeto del juicio y no fue debidamente llamado al procedimiento hipotecario, así como, todo lo actuado en el juicio de origen. En primer término, es necesario realizar algunas precisiones respecto al emplazamiento a juicio, el cual, por su naturaleza, así como trascendencia, debe ser cuidadoso y correctamente hecho, siendo los vicios de forma, de estudio ineludible por parte de la autoridad federal, debido a las consecuencias jurídicas que puede causar a quien defectuosamente fue llamado a juicio, o no lo fue, y que la falta o defecto en el emplazamiento, constituye una violación procesal grave, que anula las defensas del demandado, por la ignorancia del procedimiento instaurado en su contra. Es por ello que el estudio de la legalidad del emplazamiento debe hacerse al tenor de lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues entraña una formalidad esencial de los derechos humanos que salvaguarda el artículo 14 Constitucional. Lo anterior significa que el estudio de la citación a juicio, puede realizarse aunque no se alegue por la parte demandada, o sea, sin que exista argumento alguno, facultad que se otorga a los tribunales federales de amparo, que tienen como función procurar que no se violen derechos humanos con los actos que se reclamen en el juicio de amparo, lo que hace indudable la aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes razonado, por similitud de razón, la jurisprudencia número P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En mérito de lo anterior, es conveniente destacar las disposiciones que para los emplazamientos en materia de juicios ordinarios civiles establece el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, vigente en la época de los hechos, las cuales son las siguientes: "Artículo 26. La primera notificación será hecha personalmente al interesado, en la casa designada por el promovente, leyendo íntegramente la resolución al notificarla y asentando en autos el día y hora en que se verificó. No encontrándose a la persona que se trate de notificar y cerciorado el actuario que el domicilio sea el que éste habita, le dejará citatorio para que lo aguarde al día siguiente en la hora señalada y, en caso de no hacerlo, se le hará la notificación por medio de cédula que entregará a los parientes, familiares o domésticos del interesado o cualquiera otra persona que se encuentre en el mismo; de no encontrarse ninguno de estos, o el domicilio se encontrare cerrado, se entregará la cédula a cualquier vecino, haciéndole saber su obligación de entregársela al interesado." "Artículo 27. En la cédula a que se refiere el artículo anterior, se hará constar el nombre y apellido del promovente, el tribunal que mandó practicar la diligencia, la determinación que se trata de notificar y la fecha y hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega." "Artículo 28. En el expediente se pondrá copia de la cédula entregada y se asentará todo lo correspondiente a la diligencia. Si el colitigante pidiere copia de la constancia relativa a la notificación, el Juez mandará dársela." "Artículo 33. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquella a quien se hacen; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere." En sus conceptos de violación, el quejoso, aduce en síntesis, que se vulneran sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que no fue debidamente notificado y emplazado al juicio extraordinario hipotecario 912/2015, tramitado ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, debido a que no se observaron las formalidades esenciales del procedimiento civil y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo que propició que se le dejara en total estado de indefensión, ya que se le impidió tener conocimiento oportuno de la demanda instaurada en su contra. No está por demás aclarar que el objetivo que debe perseguirse en torno a la importancia de la diligencia del emplazamiento en todo juicio, consiste en que esa actuación se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Para tal efecto, debe partirse de la premisa de que en la demanda el actor señaló con precisión el domicilio de la parte demandada, para efectos de que en ese lugar se realice el emplazamiento a juicio. Con ese mismo objetivo, se exige que el demandante adjunte a su demanda copias de ésta y de los documentos fundatorios de la misma, para constituirse en las copias de traslado. Satisfecho lo anterior, el juez, al pronunciar el auto admisorio de la demanda, deberá ordenar el emplazamiento a juicio a la parte demandada, en el domicilio señalado para tal efecto en la promoción inicial. Las formalidades del emplazamiento, atentos los principios que rigen a todos los ordenamientos procesales de las diversas entidades federativas, exigen de manera común el cumplimiento de formalidades solemnes, entre las cuales se encuentra, desde luego la prevista en el precepto legal mencionado (el 26 de la Ley adjetiva civil de esta entidad), que debe hacerse consistir en la obligación del actuario de cerciorarse que en el domicilio en el que se constituye y que hubiera sido señalado en la demanda, vive, trabaja o tiene su domicilio el demandado, para cuyo efecto deberán quedar plasmadas en el acta las razones de los medios por los que obtuvo la certeza del domicilio correcto, entendido éste como el lugar donde reside la persona con el propósito de establecerse, y a falta de éste, el lugar en donde se tiene el principal asiento de los negocios y a falta de uno y otro el lugar en que se encuentra. Lo anterior constituye la etapa inmediata precedente, a la práctica del emplazamiento, puesto que hasta el momento en que el notificador cuente con la certeza de que se constituyó en el lugar correcto, tiene la posibilidad legal de efectuar la diligencia, entregar al demandado o a la persona con la que entienda la diligencia, las copias de traslado, así como, cuando el caso lo requiera, la cédula de notificación que debe contener los requisitos que prevé el precepto 27 del propio ordenamiento legal. Sentado lo anterior, en el caso concreto se desprende que la actuaria responsable sí cumplió con las formalidades previstas en los artículos anteriores, y para poner de manifiesto lo anterior, resulta menester insertar a través del escáner, la diligencia actuarial de once de diciembre de dos mil diecisiete, levantada por el notificador señalado como responsable. De dichas constancias se desprende, que la fedataria judicial, a las trece horas con quince minutos, del once de diciembre de dos mil diecisiete, previo cercioramiento, se constituyó en el predio marcado con el número ciento noventa y nueve, de la calle veintiséis "B", entre las calles veinticinco "B" y veinticinco "C", de la colonia "Chuburná (Villas de Chuburná)", domicilio indicado en autos en el juicio extraordinario hipotecario, de donde emana el acto reclamado. Lo que corroboró previamente, de encontrarse en el domicilio correcto y que en ese domicilio vivía y habitaba el demandado Jorge Enrique Heredia Navarrete, hoy quejoso, pues así se lo aseguró el propio demandado, quien se encontraba en el interior de dicho inmueble, ante quien se identificó como actuaria judicial con su gafete oficial y le explicó el motivo de su presencia, mismo que bajo protesta de decir verdad le manifestó que efectivamente se llamaba Jorge Enrique Heredia Navarrete y era su buscado, quien no quiso identificarse, a pesar habérselo requerido, por lo que la fedataria lo describió, sosteniendo que su media filiación correspondía a la de un hombre, de tez clara, de complexión media, de cabello cano, lacio y corto, de aproximadamente un metro con setenta centímetros de estatura y de sesenta y dos años de edad. Dicha persona, también le refirió, que ese era el inmueble buscado, y que en aquél, vivía, habitaba y tenía su domicilio. Debido a lo anterior, esto es, al haber encontrado al buscado de forma personal, la actuaria judicial, procedió a realizarle la notificación ordenada en el auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como el emplazamiento, prevención, fijación de términos y traslado, ordenados en el auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, leyéndole íntegramente y en voz alta, los referidos proveídos, corriéndole traslado de la demanda a la parte demandada, en copias simples, debidamente selladas y cotejadas, mismas que le hizo entrega al nombrado Heredia Navarrete. Asimismo, le hizo de su conocimiento a la parte demandada, hoy quejosa, que tenía el término de tres días para que compareciera al citado juzgado civil, a contestar la demanda instaurada en su contra. De igual manera, le hizo entrega de la cédula correspondiente, misma que contenía preinserta los autos mencionados, la cual recibió aquél de conformidad; también, la fedataria asentó razón, en la que hizo constar que el entrevistado no quiso firmar la diligencia ni la cédula de notificación respectiva, y por último, anexó a los autos copia de la cédula de mérito. De dicha cédula, se advierte el nombre del promovente, el Tribunal que mandó practicar la diligencia, las determinaciones que se ordenaron notificar, la fecha y hora en que se dejó y la persona con quien se entendió la diligencia, es decir, el propio buscado. Como puede observarse, la diligencia de notificación y emplazamiento a juicio del aquí quejoso, fue realizado con apego a las disposiciones legales en la materia de que se trata, por lo que resulta razonable sostener la legalidad de la diligencia practicada por la Actuaria responsable, ya que, cuando se cuestiona la legalidad del emplazamiento en la forma en que lo hace la peticionaria de amparo, deben aportarse elementos de convicción suficientes e idóneos para desvirtuarla, pues las actuaciones o razones de notificación realizadas por los actuarios, quienes en su carácter de funcionarios están investidos y gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario suficiente, es decir, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario. Sin que el ahora quejoso hubiere aportado probanza idónea que evidenciara que el funcionario judicial no se apersonó a ese domicilio; que no lo habitara o bien, que habitaba en uno distinto o que la persona con quien atendió la diligencia, no era él, sino una diversa; a lo cual se encontraba obligada, tomando en consideración que los actuarios están investidos de fe pública, aunado a que sus actuaciones se tratan de documentos públicos y por tanto, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 786, consultable a fojas 532, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394742, que dice: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciero en su carácter de funcionario investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Y, por analogía, la jurisprudencia número 412, visible en la página 279, del Tomo IV, materia civil, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 392,539, que dice: "ACTUACIONES JUDICIALES, VALOR DE LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Teniendo las actuaciones judiciales el carácter de prueba plena acorde lo determinado por el artículo 562 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, y dada la fe pública de que están investidos los actuarios como funcionarios judiciales al actuar en ejercicio de su encargo, corresponde a quien pretende restar valor probatorio a las diligencias por ellos levantadas, el probar, con medios de convicción igualmente valederos o idóneos, que son ciertas las anormalidades o vicios de forma o materiales que se imputan a esas actuaciones." A mayor abundamiento, debe decirse que tampoco se demostró que dicho funcionario hubiera incurrido en alteraciones, falsedades o contradicciones, que negaran los principios de la lógica, máxime, si la diligencia de que se trata, la practicó directamente y de forma personal con el demandado, hoy justiciable, e incluso, lo describió, ante la negativa de identificarse con documento oficial, resultando de ello, que lo actuado en dicho emplazamiento tiene valor probatorio pleno, en virtud de la fe pública de la que se encuentra investido dicho funcionario judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número V.2º.155 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, del mes de Marzo de 1993, cuya instancia corresponde al Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que literalmente expresa: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En las condiciones apuntadas, se colige que la diligencia de emplazamiento a juicio practicada a la parte demandada, hoy quejosa, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata, sin que hubiere aportado pruebas idóneas y suficientes para desvirtuar la legalidad de la diligencia practicada por el Actuario responsable; por tanto, se estima que no se trastocó en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque tuvo pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra y por consiguiente, la oportunidad para ocurrir en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas y formular alegatos. En tales condiciones, al haber sido el quejoso debidamente llamado al juicio de origen, es inconcuso que los actos posteriores a dicho emplazamiento no pueden ser analizados en este juicio, pues al no ser extraño a juicio, ni siquiera por equiparación, estuvo en posibilidad de comparecer al procedimiento natural y hacer valer los recursos o medios de defensas previstos por la ley para combatir cada uno de los actos que le agravian, y al no haberlo hecho, impide legalmente analizar la constitucionalidad de dichas actuaciones. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que exista queja deficiente que suplir en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que legalmente procede es negar al quejoso Jorge Enrique Heredia Navarrete, la protección de la Justicia Federal solicitada, por lo que hace a los actos reclamados a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial y al Actuario responsable, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, consistentes en el emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario número 912/2015, y todo lo actuado, en el procedimiento hipotecario de origen. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Enrique Heredia Navarrete contra los actos que reclama de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario José Nerio Ojeda Echeverría, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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