Jorge Enrique Guzmán González

Expediente 756/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
756/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Jorge Enrique Guzmán González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    * Glósese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por licencia concedida al Titular, concede en Acapulco, en razón de que el cinco de julio del año en curso, se recibió vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el oficio de cuenta, acordándose lo conducente (fojas 69 a 74). ******

  2. Principal

    * Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, enviado vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a través del cual acusa recibo del oficio 18550/2019, por medio del cual este órgano jurisdiccional remitió los autos del juicio de amparo 756/2019 de nuestra estadística, promovido por Jorge Enrique Guzmán González; asimismo, informa que ese Juzgado asumió la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento del juicio de amparo al rubro citado, registrándolo bajo el número de amparo 646/2019. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: El presente cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la incompetencia para conocer de la demanda de amparo, encuadra en la clasificación prevista en el punto Segundo, fracción XX, del citado acuerdo, que dispone que son expedientes auxiliares: aquellos tales como exhortos, despachos, requisitorias, cuadernos de antecedentes, expedientillos varios, entre otros; por tanto, de conformidad con el diverso punto Vigésimo, fracción I de dicho Acuerdo, una vez transcurridos seis meses contados a partir de la presente determinación, será DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este cuaderno de antecedentes no es de relevancia documental histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo determinado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México en la consulta realizada por dicho órgano respecto a la competencia del presente juicio de amparo; remite el juicio de amparo indirecto 725/2019 promovido por Jorge Enrique Guzmán González por propio derecho de su índice, al haber resuelto dicha Comisión ser este Juzgado Primero de Distrito el legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, en principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. "[.]" Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es así porque en la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: * Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte en lo que interesa lo siguiente: Que mediante pedimento penal número 025/2015- de fecha 27 de mayo del 2015 y recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Primera Instancia en Materia penal del Distrito Judicial de Azueta, el 28 de mayo del año 2015 la agente del ministerio público especializada en delitos sexuales consignó sin detenido la averiguación previa número AZUE/AEDS/02/0041/2015, con la que ejercita acción penal, solicitó el pago de la reparación del daño y el libramiento de la orden de aprehensión en contra del suscrito JORGE ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ por el delito de violación cometido en el supuesto agravio de JULIANA SHESIT GARCÍA ACOSTA, misma que le tocó conocer al C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Azueta, la cual radicó bajo el número 34-2/2015 y dentro del término legal dictó orden de aprehensión en contra del suscrito, aprehendido que fui puesto a disposición declaré en preparatoria, ofrecí las pruebas, que estime pertinentes, feneció el término, con fecha 14 de julio del 2017, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de violación, y con la misma fecha se dictó auto de formal prisión por el delito de estupro, inconforme la denunciante MARÍA AGUSTINA ACOSTA RIVERA interpuso recurso de apelación en contra del prime punto resolutivo del auto de término constitucional de libertad por falta de elementos para procesar turnándose los autos al tribunal de alzada, formándose el Toca penal X-443/2018 quien con fecha 27 de febrero del 2018 resolvió en definitiva y la ahora responsable ordenadora en acatamiento a dicha resolución dictó el auto de fecha 17 de Abril del año 2018, violando las formalidades esenciales del procedimiento en virtud de que me imponía la obligación de recluirme de manera voluntaria en un término de cinco días en el centro de reinserción social de Zihuatanejo Guerrero para dar cumplimiento a la resolución que en su momento se combatió motivo por el cual interpuse juicio de garantías en donde se me concedió la protección de la justicia federal para efectos de que se dejara insubsistente dicha resolución y en su lugar con fecha 4 de septiembre del 2018 el Juez Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Azueta dictó auto de término constitucional de libertad por falta de elementos para procesar e inconforme con la resolución tanto el Ministerio Público como la denunciante MARÍA AGUSTINA ACOSTA RIVERA interpusieron recurso de apelación remitiéndose los autos al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso y con fecha 30 de abril del 2019 se resolvió el referido recurso con toca penal número I-21/2019, revocando el Auto de Libertad recurrido del 4 de septiembre del 2018, la cual vengo a impugnar por este conducto, por considerar que con la emisión de la Resolución que hoy impugno se violan mis derechos plenamente establecidos por nuestra carta magna en virtud de que los magistrados integrantes de la primera sala penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado han ordenado girar orden de reaprehensión en mi contra por el delito de violación cometido en agravio de J.S.G.A. por lo que se me debe de conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada Establecido lo anterior, se advierte que el quejoso reclama en esta vía la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en el toca penal I-21/2019, en la que libra orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Guzmán González, por el delito de violación cometido en agravio de la menor J.S.G.A y ordena la transcripción de dicha orden de reaprehensión al Agente del Ministerio Público adscrio a la Sala para que este a su vez ordene a quien corresponda su cumplimiento y ejecución y hecho lo anterior se ponga a disposición al citado quejoso del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta quien conoce de la causa penal de origen 34-II/2015. En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada no tiene ni tendrá ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ejerce jurisdicción, ya que los actos reclamados se ejecutarán dentro de la jurisdicción de los Juzgado de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, toda vez que la Sala libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Guzmán González, por el delito de violación cometido en agravio de la menor J.S.G.A y ordenó la transcripción de dicha orden al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala para que este a su vez ordene a quien corresponda su cumplimiento y ejecución y hecho lo anterior se ponga a disposición al citado quejoso del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta quien conoce de la causa penal de origen 34-II/2015, lugar donde este órgano federal carece de competencia legal de acuerdo al ámbito territorial de jurisdicción. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de la Materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde las consecuencias del acto reclamado se realizarán y se ejecutarán. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida si acepta o no la competencia planteada. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte.

  4. Principal

    * Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a lo determinado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México en la consulta realizada por dicho órgano respecto a la competencia del presente juicio de amparo; remite el juicio de amparo indirecto 725/2019 promovido por Jorge Enrique Guzmán González por propio derecho de su índice, al haber resuelto dicha Comisión ser este Juzgado Primero de Distrito el legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, en principio, resulta preciso destacar que la competencia constitucional de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. "[.]" Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se desprende de la trascripción anterior, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De esta manera, se advierte que el caso concreto encuadra en la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que alude que es competente el Juez de Distrito residente en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es así porque en la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: * Así mismo y diverso del mismo acto reclamo el libramiento de la orden de reaprehensión que dicto en mi contra por el delito de violación cometido en agravios de la menor pasivo J.S.G.A. ordenándose la trascripción de la misma al agente del ministerio público adscrito a la sala para que ordene a quien corresponda su cumplimiento y ejecución y hecho lo anterior se me ponga a disposición del Juez del conocimiento para que provea lo que en derecho proceda, el cual considero violatorio a los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna toda vez que el conocimiento de dicho fallo, no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, con la clara violación a mis derechos humanos y de la ejecutora reclamo el cumplimiento que pretenden dar a la emisión de dicho auto dictado por la ordenadora." (Lo resaltado es propio) Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte en lo que interesa lo siguiente: ".Que mediante pedimento penal número 025/2015- de fecha 27 de mayo del 2015 y recibido en la oficialía de partes común de los Juzgados de Primera Instancia en Materia penal del Distrito Judicial de Azueta, el 28 de mayo del año 2015 la agente del ministerio público especializada en delitos sexuales consignó sin detenido la averiguación previa número AZUE/AEDS/02/0041/2015, con la que ejercita acción penal, solicitó el pago de la reparación del daño y el libramiento de la orden de aprehensión en contra del suscrito JORGE ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ por el delito de violación cometido en el supuesto agravio de JULIANA SHESIT GARCÍA ACOSTA, misma que le tocó conocer al C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Azueta, la cual radicó bajo el número 34-2/2015 y dentro del término legal dictó orden de aprehensión en contra del suscrito, aprehendido que fui puesto a disposición declaré en preparatoria, ofrecí las pruebas, que estime pertinentes, feneció el término, con fecha 14 de julio del 2017, se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar por el delito de violación, y con la misma fecha se dictó auto de formal prisión por el delito de estupro, inconforme la denunciante MARÍA AGUSTINA ACOSTA RIVERA interpuso recurso de apelación en contra del prime punto resolutivo del auto de término constitucional de libertad por falta de elementos para procesar turnándose los autos al tribunal de alzada, formándose el Toca penal X-443/2018 quien con fecha 27 de febrero del 2018 resolvió en definitiva y la ahora responsable ordenadora en acatamiento a dicha resolución dictó el auto de fecha 17 de Abril del año 2018, violando las formalidades esenciales del procedimiento en virtud de que me imponía la obligación de recluirme de manera voluntaria en un término de cinco días en el centro de reinserción social de Zihuatanejo Guerrero para dar cumplimiento a la resolución que en su momento se combatió motivo por el cual interpuse juicio de garantías en donde se me concedió la protección de la justicia federal para efectos de que se dejara insubsistente dicha resolución y en su lugar con fecha 4 de septiembre del 2018 el Juez Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Azueta dictó auto de término constitucional de libertad por falta de elementos para procesar e inconforme con la resolución tanto el Ministerio Público como la denunciante MARÍA AGUSTINA ACOSTA RIVERA interpusieron recurso de apelación remitiéndose los autos al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso y con fecha 30 de abril del 2019 se resolvió el referido recurso con toca penal número I-21/2019, revocando el Auto de Libertad recurrido del 4 de septiembre del 2018, la cual vengo a impugnar por este conducto, por considerar que con la emisión de la Resolución que hoy impugno se violan mis derechos plenamente establecidos por nuestra carta magna en virtud de que los magistrados integrantes de la primera sala penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado han ordenado girar orden de reaprehensión en mi contra por el delito de violación cometido en agravio de J.S.G.A. por lo que se me debe de conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada." Establecido lo anterior, se advierte que el quejoso reclama en esta vía la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en el toca penal I-21/2019, en la que libra orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Guzmán González, por el delito de violación cometido en agravio de la menor J.S.G.A y ordena la transcripción de dicha orden de reaprehensión al Agente del Ministerio Público adscrio a la Sala para que este a su vez ordene a quien corresponda su cumplimiento y ejecución y hecho lo anterior se ponga a disposición al citado quejoso del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta quien conoce de la causa penal de origen 34-II/2015. En ese sentido, se aprecia que la determinación reclamada no tiene ni tendrá ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, ejerce jurisdicción, ya que los actos reclamados se ejecutarán dentro de la jurisdicción de los Juzgado de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, toda vez que la Sala libró orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso Jorge Enrique Guzmán González, por el delito de violación cometido en agravio de la menor J.S.G.A y ordenó la transcripción de dicha orden al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala para que este a su vez ordene a quien corresponda su cumplimiento y ejecución y hecho lo anterior se ponga a disposición al citado quejoso del Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azueta quien conoce de la causa penal de origen 34-II/2015, lugar donde este órgano federal carece de competencia legal de acuerdo al ámbito territorial de jurisdicción. La anterior conclusión cumple con el propósito que el legislador tuvo al establecer reglas de competencia, pues el mismo buscó facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pudiera disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. En esas condiciones, se actualiza lo dispuesto en el primer párrafo del citado numeral 37 de la Ley de la Materia, es decir, el acto reclamado por la parte quejosa no contiene ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por tanto, resulta competente para conocer de dicha demanda el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en el lugar donde las consecuencias del acto reclamado se realizarán y se ejecutarán. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero en Turno, con sede en Acapulco, a fin de que decida si acepta o no la competencia planteada. Solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y copia certificada de la determinación que se dicte. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Amparo Aragón Nava, Hugo Bucio Urzúa, Diana Militza Fernández López, Víctor Manuel Fernández Galeana, Víctor Pablo Bautista y Emilio Garay López, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos amplios a José Manuel García Cruz, por no tener registrada su cédula profesional en el consabido sistema. *

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