Jorge Enrique Estrella Gutiérrez
Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jorge Enrique Estrella Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado de los autos se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto de siete de julio de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
uto. Hermosillo, Sonora, siete de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito de cuenta, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de Distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Pues bien, del examen del ocurso constitucional, se advierte que la demanda intentada es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Los dispositivos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, ambos de la ley de la materia determinan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Como se puede advertir, la Ley de Amparo prevé, en esencia, la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión adicional, precisa que en determinada situación los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, se condiciona al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos de los quejosos, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Complementa las características de la autoridad responsable en el juicio de amparo, la Jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Por otro lado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tanto en la abrogada ley como en la nueva, la condición que define la procedencia del juicio de amparo es una función prevista en una norma jurídica, cuyo efecto repercute de manera unilateral y obligatoria en el ámbito de derechos de cierta persona. La diferencia entre tales disposiciones, como ya quedó evidenciado, es que esa afectación puede derivar de una persona privada (un particular) y no sólo de un ente público. El Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. La aludida Sala del Máximo Tribunal del país, también ha establecido que el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos de gobierno o dependencias públicas del estado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque estos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." También, se cita al respecto, en lo conducente, el siguiente criterio jurisprudencial: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales" En el caso, el quejoso Jorge Enrique Estrella Gutiérrez, reclama del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora lo siguiente: a) La omisión de cumplir el laudo dictado dentro del juicio laboral 1087/2015, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora de diez de marzo de dos mil veintiuno. En su escrito inicial precisaron que en la fecha señalada, se dictó sentencia en el procedimiento laboral de origen, donde se condenó a las aludidas autoridades demandadas al pago de diversas prestaciones y se le requirió para el cumplimiento voluntario del consabido laudo. Que en virtud de que en la ley de la materia, no establece un procedimiento de ejecución forzosa de sentencia y por ello, la negativa u omisión de la parte demandada se traduce en un acto de autoridad que puede ser combatida mediante el juicio de amparo. En el caso se concreta el motivo de improcedencia señalado, dado que el acto que es atribuido al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, emana de un juicio laboral seguido ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en el cual, las señaladas como responsables en cuestión son parte demandada; incluso, la legislación aplicable es la Ley del Servicio Civil, en cuyo Capítulo IV denominado "De la ejecución de los laudos", artículos 132, 133 y 134, se determina que para hacer cumplir sus resoluciones, el tribunal podrá imponer multas de hasta $3,000.00 (tres mil pesos moneda nacional), que se harán efectivas por la Tesorería General del Estado. Además, el Tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; para ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma o términos que a juicio sean procedentes y cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución voluntariamente, dentro de los siguientes cinco días, a más tardar, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores. Como se puede advertir, la legislación aplicable contiene un procedimiento para ejecutar la sentencia, sin que obste que la misma no prevea el embargo, ni el auxilio de la fuerza pública, dado que no es el único mecanismo para garantizar la plena ejecución de resolución, como se señala en la jurisprudencia antes transcrita. Bajo ese contexto, la relación existente entre el peticionario y las multicitadas autoridades señaladas como responsables, es de coordinación, que son las establecidas entre particulares ubicados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado. Por tanto, en el caso particular no puede considerarse como autoridad para los efectos del juicio de amparo el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, porque el marco normativo que rige el acto, prevé un procedimiento específico para ejecutar la condena impuesta, en los términos que quedaron precisados, lo que es suficiente para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales regidas por el derecho privado y social. De manera que en el presente no son aplicables las tesis de rubros: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE DAR CUMPLIMIENTO A UN LAUDO FIRME DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIERON EN SU CALIDAD DE PATRÓN.", "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA."; "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE."; "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."; y "PRINCIPIOS DE PREVALENCIA DE INTERPRETACIÓN Y PRO PERSONA. CONFORME A ÉSTOS, CUANDO UNA NORMA GENERA VARIAS ALTERNATIVAS DE INTERPRETACIÓN, DEBE OPTARSE POR AQUELLA QUE RECONOZCA CON MAYOR AMPLITUD LOS DERECHOS, O BIEN, QUE LOS RESTRINJA EN LA MENOR MEDIDA." Lo anterior, porque la primera de ellas se ve anquilosada, en razón de lo aducido en párrafos precedentes, ya que esta es aplicable ante la inexistencia de una ejecución forzosa para la entidad o dependencia, para cumplir con una condena impuesta en una sentencia, lo cual se refutó y se acreditó de los preceptos legales plasmados de la Ley del Servicio Civil que rige el procedimiento laboral de origen. Por lo que respecta al segundo de los criterios señalados, no existe duda para este juzgador que los actos que reclama constituyen actos omisivos, por lo que no se hace mayor pronunciamiento al respecto. En cuanto a la tercer jurisprudencia citada, se incrusta, en lo que interesa, las características esenciales para el derecho fundamental del que se duele: (.) "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres derechos bien definidos, que son: (.) 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Este último derecho fundamental puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa (.) Atento a lo apenas reproducido, y como se desvirtuó con anterioridad, la ley que rige el procedimiento de origen, sí contempla una ejecución forzosa para la entidad o dependencia, para hacer cumplir con el laudo que se llegue a condenar. Igualmente, el tribunal ante el que se substancia el juicio laboral génesis, cuenta con los medios suficientes y necesarios para hacer cumplir la sentencia definitiva, máxime que si bien, el uso de la fuerza pública y el embargo no están previstos en la ley de la materia; cierto es que el artículo 10 de la multicitada Ley del Servicio Civil, contempla la supletoriedad con base en los principios del artículo 123 Constitucional apartado B, la Ley Federal de Trabajo, la jurisprudencia, el uso y la costumbre, cuestión imputable al tribunal mencionado, más no a las autoridades que intenta señalar como responsables. Por otro lado, del cuarto de los criterios en análisis, este se doblega con el discernimiento apenas contestado, mismo que se rectifica en cuanto a la perspectiva de que las autoridades señaladas como responsables no conculcan su derecho a un acceso a la justicia, toda vez que las mismas no pueden ser consideradas en un esquema de supra a subordinación y por ende, sus omisiones no se caracterizan como unilaterales. Luego, la jurisprudencia citada en último término, si bien, este en resumidas cuentas, obliga al operador jurídico a que, en relación con derechos humanos, su interpretación no sea discrecional, sino más bien, aquella que genere mayor o mejor protección a los derechos; lo cierto es que, esa interpretación dependerá de que los preceptos legales en los que se fundamente el impetrante de amparo, sean efectivamente aplicables al asunto que demanda, situación que, como se denota de lo aducido en párrafos precedentes, no aconteció, y en consecuencia, no hay entonces necesidad de emplear la fundamentación en la que basó su acción constitucional. En las relatadas consideraciones, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notaria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, transcrito, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Domicilio. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito. 4. Autorizados. En el caso que la parte quejosa sea el patrón, se tienen por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia que, dado el evento que la parte quejosa recaiga en el trabajador, se autoriza para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere al promovente para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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