Jorge Eleazar Vázquez Mancisidor
Expediente 1917/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1917/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Jorge Eleazar Vázquez Mancisidor
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Titular de Unidad Jurídica de la Dirección Local de Puebla de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifiesta que: -Tal como advirtió en su informe justificado el título de concesión 04PUE108130/18PMDL15, a nombre de Álvaro Sánchez Gómez, así como el número de expediente PUE-L-0898-21-07-15, no existen registros de la Comisión Nacional del Agua ni del Registro Público de Derechos de Agua, de acuerdo a lo informado por la Subdirección de Administración del Agua, por lo que procedió a realizar una denuncia de hechos por el delito de falsificación de documentos y de firma, en contra del aquí quejoso Álvaro Sánchez Gómez, ante la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra en proceso de investigación, (acreditando lo anterior con el acuse de recibo de dieciséis de agosto del año en curso del oficio BOO.920.00.1.730/2023) - Manifiesta la imposibilidad de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Puebla, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Atento a lo antes informado, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables el Director Local en Puebla de la Comisión Nacional del Agua, para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita lo siguiente: - Copia certificada de la actuación recaída a la denuncia de hechos por el delito de falsificación de documentos y de firma, en contra de la aquí quejosa Álvaro Sánchez Gómez, ante la Fiscalía General de la República, presentada el catorce de agosto de dos mil veintitrés. E informe el estado procesal que guarda dicha denuncia. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a cada una, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable, es decir, al Director General del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua; para que les ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, 251 y 259 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente de suspensión. Como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1245/2023, promovido por David Mendoza Juárez, en contra de los actos del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Requerimiento de informe. Con fundamento en los artículos 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, debiendo precisar lo siguiente: Concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan. Expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver la suspensión definitiva en términos del artículo 140 de la ley de la materia. OPC. Convenio de interconexión. FIREL. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que, con fundamento en el acuerdo general 21/2020 precitado podrán presentar físicamente su informe previo respectivo a través de la Oficialía de Partes Común del bloque al que pertenece este órgano jurisdiccional, en los términos indicados en el artículo 12 del acuerdo de mérito. Asimismo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitir el informe aludido a través de dicho sistema, en términos de los artículos 21 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con igual fundamento, hágasele saber a las autoridades que podrá rendir su informe vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlo sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Audiencia incidental Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado. De la lectura integra de la demanda, se advierte que David Mendoza Juárez reclama la resolución interlocutoria dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés en el incidente de guarda y custodia respecto de la adolescente A.M.G. derivado del juicio de divorcio incausado 1046/2021 del índice del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio de la cual -entre otras cosas- se declaró el ejercicio de la guarda y custodia de la adolecente A.M.G. a favor de su progenitora y se condenó al aquí quejoso al pago de gastos y costas. Efectos por los que se solicita la medida cautelar. Los efectos para los cuales solicita la medida cautelar es para que no se ejecute la sentencia dictada dentro del incidente de guarda y custodia derivado del expediente principal 1046/2021. Cabe resaltar que los efectos solicitados se estima que son acordes al acto reclamado, se hace la precisión pues el juzgador puede ocuparse de efectos distintos a los solicitados por el quejoso, lo que no implica que puedan introducirse a la litis (por virtud de la suspensión) actos nuevos y distintos de los reclamados en el juicios; esto ya que la materia de la suspensión siempre queda acotada a los actos cuya inconstitucionalidad se plantea en el juicio; por ende al pronunciarse sobre la suspensión, el juzgado no podrá introducir actos distintos de aquellos que constituyen la materia del reclamo en el amparo, pero sí puede modificar los efectos para los cuales otorga la medida. Por tanto, se proveerá solamente en relación a tal efecto, y se aplica al caso la tesis de jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro digital: 2019200 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materias: Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Página 14 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Análisis de la suspensión. En principio, cabe mencionar que la suspensión del acto reclamado, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria la protección de la Justicia Federal. En la reforma al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor desde el cuatro de octubre de dos mil once, se establece que los actos reclamados, pueden ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Adicionalmente, deben cumplirse los supuestos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, cuando la suspensión es a petición de parte. En ese sentido, la Ley de Amparo, al regular lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que promovida ésta, el órgano jurisdiccional, deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida (artículo 138, fracción I). En los casos en que proceda la suspensión a petición de parte (artículo 128) o en la que se aduce un interés legítimo (artículo 131) si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Con la posibilidad de revocar la suspensión provisional si surgen elementos que modifiquen la valoración sobre la afectación al interés social y el orden público, previa vista al quejoso (artículo 139). De igual forma, al resolver sobre la suspensión definitiva, de considerarse procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos (primer párrafo del artículo 147). Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo (segundo párrafo del artículo 147). De lo anterior, se puede apreciar que la regulación de la suspensión del acto reclamado, supone un cambio sumamente importante, respecto de la función y alcances que se venían dando a dicha medida cautelar en la regulación anterior en su aplicación y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, donde, bajo la premisa de que la suspensión nunca puede producir los efectos del amparo, o que su materia difiere completamente de la de éste, se negó a la medida la posibilidad de anticipar provisionalmente al quejoso en el goce de los derechos y garantías afectadas con el acto de autoridad. En ese contexto, la reforma constitucional mencionada recoge estos últimos criterios al establecer que se atienda a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, para conceder la medida de suspensión a fin de que cumpla cabalmente su finalidad protectora, al mismo tiempo, que ordena ponderarla con los posibles perjuicios al interés social, para evitar abusos en el ejercicio de la acción de amparo, según se determinó en la exposición de motivos: Por eso, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). Y las notas distintivas de tales medidas son la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado. De igual manera, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la medida suspensional, tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible (segundo párrafo del artículo 147). En la inteligencia de que no solamente, puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). Negativa de la suspensión provisional Por lo que hace al efecto de la medida cautelar consistente en que no se ejecute la sentencia dictada dentro del incidente de guarda y custodia derivado del expediente principal 1046/2021, es improcedente la concesión de la suspensión provisional. El artículo 131 de la Ley de amparo, enuncia lo siguiente: "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda" El segundo párrafo del citado numeral, establece que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Así de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de demanda y constancias remitidas por el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se advierten los siguientes antecedentes: a. El veintiocho de junio de dos mil veintiuno David Mendoza Juárez -aquí quejoso- promovió Juicio de Divorcio Incausado en contra de María de los Ángeles Gutiérrez López -tercera interesada-, el cual fue radicado con el número de expediente 1046/2021, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. b. El veintinueve de marzo de dos mil veintidós se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre David Mendoza Juárez y María de los Ángeles Gutiérrez López. c. Luego, el catorce de abril de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, resolvió el incidente de guarda y custodia promovido por María de los Ángeles Gutiérrez López, en contra de David Mendoza Juárez, respecto de la adolescente A.M.G., en la que declaró, el ejercicio de la guarda y custodia de la adolescente A.M.G., a favor de la parte actora incidental María de los Ángeles Gutiérrez López -tercera interesada -, en virtud de que el Juez de origen, bajo la ponderación del interés superior de la adolescente A.M.G., de trece años de edad, señaló que la citada determinación -otorgamiento de guarda y custodia para la progenitora-, representa un mayor beneficio para su cuidado y vigilancia, toda vez que la progenitora proporciona seguridad a la menor, afecto, confianza, que otorgan un beneficio para el crecimiento y desarrollo físico y emocional de la menor, sin perjuicio de ser modificada, si cambiaran las condiciones que estimó el juez de origen para su otorgamiento. d. Por otro lado, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés el Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, resolvió el incidente de visita y convivencia incoado por David Mendoza Juárez, en contra de María de los Ángeles Gutiérrez López, respecto de la adolescente A.M.G., en la que, en esencia, declaró, procedente el ejercicio de la visita y convivencia de la menor, con su progenitor David Mendoza Juárez, aquí quejoso, sin perjuicio de ser modificada, si cambiaran las condiciones que estimó el juez de origen para su otorgamiento. En el caso, no es factible otorgar la suspensión al quejoso para el efecto de que no se ejecute la sentencia dictada dentro del incidente de guarda y custodia derivado del expediente principal 1046/2021, esto es: que María de los Ángeles Gutiérrez López no ejercite la guarda y custodia de la adolescente A.M.G. concedida en resolución interlocutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, pues de otorgarse la medida cautelar estaría constituyendo derechos al impetrante de amparo que sólo en un momento dado serán materia de análisis en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Aunado a lo anterior, se estima que -sin prejuzgar sobre la legalidad del acto combatido- el juez responsable otorgó la guarda y custodia a la progenitora de la menor, por representar un mayor beneficio para su cuidado y vigilancia, al proporcionar seguridad afecto y confianza, que otorgan un beneficio para el crecimiento y desarrollo físico y emocional de la menor, Máxime que el juez de la causa de origen, está obligado a velar por el interés superior del menor en términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa medida, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado se estima necesario precisar que las normas que regulan las cuestiones donde se vean involucrados los intereses de menores, como es el caso, los juzgadores tienen que consideran su desarrollo armónico e integral. En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece diversos derechos fundamentales de orden personal y social a favor de los menores, tal como se desprende del artículo 4°, que dice: "Artículo 4o. (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." En armonía con lo anterior, como se dijo existe el concepto, "interés superior de la niñez" que implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas; de esta manera, las instituciones familiares sufren una transformación acercándose más hacia la niñez y alejándose más de los intereses de los adultos. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "Registro digital: 2008547 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. LXXXII/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1398 Tipo: Aislada INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. En ese contexto, de conformidad con los artículos 128, fracción II y 129, fracción VIII, se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso David Mendoza Juárez, atendiendo al interés superior de la niñez y, en virtud de que de concederse la medida provisional solicitada, sus efectos se traducirían en que María de los Ángeles Gutiérrez López no ejercite la guarda y custodia de la adolescente A.M.G. concedida en resolución interlocutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, efecto que es la materia de análisis en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. En otras palabras, no es susceptible de otorgamiento de la medida cautelar, pues la misma no puede constituir derechos que no tenía incorporados previo a la presentación de la demanda constitucional. Sin que pase desapercibido, el artículo 147 de la Ley de Amparo, pues la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén previamente incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan, que han sido vulnerados por la transgresión que les irroga la emisión o ejecución del acto reclamado -lo que en el caso no sucede-, pues lo establecido en el citado segundo párrafo del artículo 131 del mismo ordenamiento revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue a la parte quejosa el goce de una prerrogativa de la que ya no era titular al presentar la demanda de amparo. Se concede la suspensión provisional De conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, 139, 150 y 151 de la ley de la materia, procede conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto que no se ejecute la resolución interlocutoria dictada el catorce de abril de dos mil veintitrés en el incidente de guarda y custodia respecto de la adolescente A.M.G. derivado del juicio de divorcio incausado 1046/2021 del índice del Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con relación al resolutivo quinto de la citada sentencia interlocutoria, en donde se condenó al aquí quejoso al pago de gastos y costas. Esta suspensión surte efectos, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva en el presente incidente. Por otra parte, es de precisarse que la presente medida suspensional únicamente surtirá efectos respecto de los actos derivados incidente de guarda y custodia derivado del juicio de divorcio incausado 1046/2021 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Garantía suspensional Esta suspensión surte efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente; pero dejará de surtirlos si el quejoso no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, a su nombre, y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de esta ciudad, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada, con fundamento en los artículos 132, de la Ley de Amparo y 107, fracción X, constitucional. En la inteligencia que la cantidad se fijó, tomando en consideración el parámetro objetivo, consistente en los indicadores estadísticos judiciales relativos al tiempo promedio de duración de los amparos indirectos y su revisión en el Sexto Circuito (8.22 meses). Siendo este plazo adecuado y suficiente, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, la naturaleza de las violaciones reclamadas, las características intrínsecas del asunto (como lo es el grado de dificultad y/o complejidad de los temas involucrados y si son novedosos o no), ya que se trata de la materia familiar -civil- en el que la parte quejosa reclama la interlocutoria en la que se resolvió respecto a la guarda y custodia de la adolescente A.M.G, concedida a favor de su progenitora, aquí tercera interesada. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: "Registro digital: 2001334 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 46/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 363 Tipo: Jurisprudencia "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." En el entendido, de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Por otra parte, en caso de que el documento descrito en el párrafo que antecede adolezca de la leyenda de mérito, queda a cargo de la parte quejosa la inserción de la misma y no a cargo de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis "Registro digital: 191770 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LIII/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Mayo de 2000, página 315 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." Así como, la tesis de rubro y contenido siguientes: "Registro digital: 202563 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.3o.C. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 571 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera. Leyenda de billete de depósito Asimismo, se destaca que en caso de que la garantía sea exhibida en billete de depósito, el mismo deberá de ser requisitado con la leyenda: "para que surta sus efectos la suspensión provisional concedida a David Mendoza Juárez en el incidente de suspensión 1245/2023, a fin de garantizar daños y perjuicios a terceros." Notificación a la tercera interesada La notificación del presente proveído a la tercera interesada María de los Ángeles Gutiérrez López, se realizará por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito conforme a lo ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del que deriva este incidente de suspensión. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." Expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma.
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