Jorge Eduardo Triana Gomez

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje
  • Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
  • Jorge Eduardo Triana Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios y anexos de cuenta, agréguense al expediente electrónico que con el mismo se integre. Así, atento a su contenido, se tiene a ********************Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México; informando que, en sesión celebrada el doce de los actuales, en relación con el punto de acuerdo 170/2023, relativo al envío de remesas para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que la integraran, en términos del Acuerdo General 3/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se determinó que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa localidad del mismo nombre, remita a este Juzgado Sexto de Distrito residente en la localidad, una remesa de cuarenta y dos asuntos. Atento a lo anterior, fórmese expediente electrónico y regístrese con el número auxiliar ********************, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, ya que el presente asunto se encuentra vinculado con el juicio de amparo ******************** del índice estadístico del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en capital de esta entidad federativa, en el que, aparece como quejosa ********************. Asimismo, toda vez que de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional fue celebrada el día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, en continuación de dicha actuación, díctese la sentencia que en derecho corresponda. De igual manera, se tiene a la Jueza Octava de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital, remitiendo un tomo de pruebas, derivados del juicio de amparo ******************** de su índice; por lo que, se ordena abrir por separado un cuadernillo con su correspondiente número de folio, a fin de que sea tomado en consideración en el presente juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado. Finalmente, este proveído se firma de manera electrónica por el suscrito Juzgador y la Secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal -correspondiente- para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, ello, al tenor de los arábigos 3, fracciones I, V Y VII, así como 22, 35 y 36 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra de la resolución dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 68/2022-II-A, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, y ante este juzgado de Distrito el mismo día, el quejoso ********************, promovió demanda de amparo, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, de quien reclamó: "La omisión de acordar la radicación de la demanda laboral presentada y por ende la dilación procesal del expediente laboral ********************." SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derecho violado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se registró con el número 68/2023-II-A; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados pueden tener ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar la radicación de la demanda laboral presentada y por ende la dilación procesal del expediente laboral ********************. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues informó la radicación de la demanda laboral de origen; el señalamiento para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, que en acuerdo de veinte de enero del presente año, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto laboral planteado, y declinó la competencia en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, para que ésta conozca y resuelva el conflicto laboral; por tanto, el acto reclamado al momento de la interposición de la demanda se tiene por parcialmente cierto. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del juicio laboral de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Al respecto, la causal de improcedencia indicada, establece que el juicio de amparo resulta inviable, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, se estima que han cesado los efectos del acto controvertido por las razones siguientes: La parte quejosa considera vulnerados sus derechos fundamentales, ante la omisión por parte de la autoridad del trabajo responsable en acordar la radicación de la demanda laboral presentada y por ende la dilación procesal del expediente laboral ******************** de su índice hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, y por ende, -refiere- la autoridad no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal, en concordancia con el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, al no cumplir con el principio al debido proceso; asimismo, se duele en que la Junta no ha llevado a cabo la notificación del inicio del procedimiento; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa; la oportunidad de alegar y la correspondiente resolución que dirima el conflicto laboral puesto a su conocimiento. Al respecto, la Presidenta de la Junta Especial Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, informó que en proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós se radicó el juicio laboral ********************de su estadística, se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; así mismo se les notificara a las partes de dicho procedimiento laboral; en acuerdo de dieciséis de octubre del año próximo pasado y dieciséis de enero del presente año, se difirió en ambas ocasiones la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de no haber sido notificadas las partes procesales. Por otro lado, de las constancias de referencia, se advierte que la junta responsable en acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto laboral, declinando el asunto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad, a efecto de que conociera y resolviera el conflicto laboral planteado, determinación que se notificó a través de oficio al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el uno de febrero de los actuales, según sello de recibido por dicha autoridad. En ese contexto, en primer lugar se aprecia que la demanda laboral fue presentada con posterioridad a la emisión del auto de radiación de la demanda laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, el quejoso se duele de la omisión de acordar la radicación del asunto laboral en mención, es decir, del informe rendido por la responsable, se advierte que la emisión del auto de radicación lo fue el catorce de septiembre de dos mil veintidós y la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de enero del presente año, por tanto, no existe violación al principio del debido proceso alegado. Ahora, respecto a la dilación procesal que se duele la parte quejosa, se advierte que la junta responsable, emitió auto de veinte de enero del presente año, en donde se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto laboral, y declinando en favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta localidad; por tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, porque la Junta señalada como responsable ya se pronunció al respecto, actualizándose así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, contemplada en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por ende, ya no existe materia sobre la cual resolver en este juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la invocada ley, lo procedente es sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que desde luego no se opone a la Nueva ley de Amparo, la cual fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tal razón, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, en relación al acto reclamado en estudio en el presente considerando, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 68/2023-II-A, promovido por ********************, en términos del considerando último de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado y constancias del juicio laboral, con las que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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