Jorge Eduardo Segura Almazan
Expediente 928/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Segura Almazan
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda que se desechó la cual dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Eduardo Segura Almazán, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de gobierno respectivo con el número 928/2018-V-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:.. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: La resolución interlocutoria de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de pensión alimentaria provisional y definitiva 21/2017, promovido por Jesica Maribel Cota Martell, contra el ahora quejoso Jorge Eduardo Segura Almazán, en la que se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por el inconforme contra el auto de once de junio de la presente anualidad, en el que la autoridad responsable señala nueva fecha para el desahogo de la prueba confesional y de declaración a cargo del promovente Jorge Eduardo Segura Almazán; así como su consecuencia directa o inmediata traducida en al posible declaración de confeso. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. La suscrita considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen:. Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Respecto a tales actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos en el juicio que no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo estrictamente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. .. En ese tenor, resulta claro que la aludida resolución no constituyan acto cuya ejecución sea de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal como es que de no existir a la diligencia de desahogo de prueba confesional y de declaración a cargo del demandando en el juicio de origen ahora quejoso, se le declare confeso; es decir, meramente procesales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto. Por tanto, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con las actuaciones de las que se duele la parte quejosa, al constituir únicamente unas posibles infracciones a las leyes del procedimiento, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si seguidos los trámites procesales respectivos, la autoridad responsable dicta una sentencia que resulte favorable a sus intereses, y aún cuando no sea así, podrá reclamar las violaciones aquí aducidas, en el amparo directo que, sin prejuzgar sobre su procedencia, y en su caso, interponga en contra de la sentencia, en la medida en que dicha infracción adjetiva trascienda al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto por el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, como declarar improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de junio de la anualidad en el que se señalaron nuevas fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional y declaración a cargo de Jorge Eduardo Segura Almazán, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se estima resultan jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional, sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; por tanto, los efectos y consecuencias de alguna trasgresión que pudiere ocasionarse, pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable. Por tanto, resulta notoria y manifiesta la causa de improcedencia de la demanda de amparo contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está en presencia de aquéllos actos que puedan considerarse de imposible reparación, que trasgredan derechos sustantivos, y por el contrario, se consideran violaciones al procedimiento que afectan la defensa de la inconforme si trascienden al resultado del fallo, pero que en su caso pueden ser reclamadas en amparo directo. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupa que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Efrén Cruz Gutiérrez y Reynaldo Rodríguez Miranda, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las restantes personas que refiere, por no encontrarse registrados en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo.
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