Jorge Eduardo Salguero Vega

Expediente 248/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
248/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Salguero Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de marzo de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo del presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 27/FEBRERO/2023, QUE DICE: Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Se desecha demanda. Del estudio integral de la demanda de derechos promovida por Jorge Eduardo Salguero Vega, por conducto de su defensora particular Gladis Yaneth Calderón, se advierte que el acto reclamado al Juez de Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, se hace consistir en la determinación de no generar audiencia de prórroga o reapertura de plazo de investigación complementaria y rechazar la prórroga en sí, por haber transcurrido los seis meses, dentro de la causa penal 397/2022 del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que el primero de los ordenamientos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en este. Por su parte, el segundo, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). ." Por lo expuesto, el acto que por esta vía reclama el promovente del amparo, no constituye un acto de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente los derechos sustantivos; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por el contrario, el acto reclamado únicamente se traduce en un perjuicio procesal en los derechos adjetivos de la parte quejosa, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales, toda vez que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda se advierte que el Juez de origen declaró el cierre de investigación dentro de la causa penal 397/2022, y si bien la parte imputada -aquí quejosa- interpuso recurso de revocación, este fue declarado infundado en resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés sobre la premisa que en el expediente de origen transcurrió el plazo de seis meses para declarar el cierre de investigación. En ese contexto, la determinación que el quejoso pretende combatir en vía constitucional constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria son que -dentro de los quince días siguientes al cierre- el ministerio público realice lo siguiente: I. Solicite el sobreseimiento parcial o total; II. Solicite la suspensión del proceso, o III. Formule acusación. De ahí que, la determinación de no generar audiencia de prórroga o reapertura de plazo de investigación complementaria dentro de la causa penal 397/2022 del índice del Juzgado del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, no se ubica dentro del supuesto de los actos que producen una ejecución irreparable, esto es, no es de aquellos actos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, porque con el dictado de la resolución reclamada, no se afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el efecto y finalidad de la determinación aquí impugnada, no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado. A la par, no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aparte el imputado tiene derecho al descubrimiento probatorio en términos del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. En las relatadas condiciones, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), de la misma ley, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3. Domicilio. Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 5. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso Jorge Eduardo Salguero Vega en su lugar de reclusión, así como a su asesora jurídica Gladis Yaneth Calderón. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que corresponda. 2. Se desecha demanda. Del estudio integral de la demanda de derechos promovida por Jorge Eduardo Salguero Vega, por conducto de su defensora particular Gladis Yaneth Calderón, se advierte que el acto reclamado al Juez de Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, se hace consistir en la determinación de no generar audiencia de prórroga o reapertura de plazo de investigación complementaria y rechazar la prórroga en sí, por haber transcurrido los seis meses, dentro de la causa penal 397/2022 del índice de la autoridad responsable. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. Toda vez que el primero de los ordenamientos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en este. Por su parte, el segundo, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente, a diferencia de la abrogada, precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). ." Por lo expuesto, el acto que por esta vía reclama el promovente del amparo, no constituye un acto de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente los derechos sustantivos; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por el contrario, el acto reclamado únicamente se traduce en un perjuicio procesal en los derechos adjetivos de la parte quejosa, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales, toda vez que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda se advierte que el Juez de origen declaró el cierre de investigación dentro de la causa penal 397/2022, y si bien la parte imputada -aquí quejosa- interpuso recurso de revocación, este fue declarado infundado en resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés sobre la premisa que en el expediente de origen transcurrió el plazo de seis meses para declarar el cierre de investigación. En ese contexto, la determinación que el quejoso pretende combatir en vía constitucional constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque de conformidad con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria son que -dentro de los quince días siguientes al cierre- el ministerio público realice lo siguiente: I. Solicite el sobreseimiento parcial o total; II. Solicite la suspensión del proceso, o III. Formule acusación. De ahí que, la determinación de no generar audiencia de prórroga o reapertura de plazo de investigación complementaria dentro de la causa penal 397/2022 del índice del Juzgado del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, no se ubica dentro del supuesto de los actos que producen una ejecución irreparable, esto es, no es de aquellos actos que tengan sobre las cosas o las personas una ejecución de imposible reparación. Ello es así, porque con el dictado de la resolución reclamada, no se afecta algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues el efecto y finalidad de la determinación aquí impugnada, no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado. A la par, no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aparte el imputado tiene derecho al descubrimiento probatorio en términos del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del Ministerio Público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del Juez de Control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. En las relatadas condiciones, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), de la misma ley, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3. Domicilio. Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General, se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 5. Autorizado. En cuanto a la persona que menciona en su demanda, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En este apartado se hace la precisión que la parte quejosa proporciona el correo electrónico y número telefónico que indica en su escrito inicial de demanda para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al quejoso Jorge Eduardo Salguero Vega en su lugar de reclusión, así como a su asesora jurídica Gladis Yaneth Calderón. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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