Jorge Eduardo Rovelo Nucamendi

Expediente 526/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
526/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2017

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Rovelo Nucamendi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Visto, la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, sin que haya sido recurrido el auto de seis de junio de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Así entonces, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del Expediente. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la manifestación de que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Incidente de suspensión. Tomando en consideración que en el presente juicio de amparo, no se formó el cuaderno incidental, se deja de proveer al respecto. Registros correspondientes. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. Documentos para devolver a las partes Toda vez que no se advierten documentos o tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    EN ESE TENOR, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION XXI, DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA PROCEDENTE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 63, FRACCION V, DE LA LEY DE AMPARO...

  3. Principal

    se notifica por lista a la parte quejosa, así como a los terceros interesados....EN ESE TENOR, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION XXI, DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA PROCEDENTE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 63, FRACCION V, DE LA LEY DE AMPARO...

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por Jorge Eduardo Rovelo Nucamendi, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 526/2017-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO PARCIAL En esas condiciones, respecto al acto consistente en la omisión de notificar el laudo que se llegue a dictar en el juicio laboral J/O/418/2015, reclamado al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, resulta improcedente el amparo solicitado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, ya que no le irroga al impetrante del amparo un agravio personal y directo. En efecto, del primer párrafo del artículo 6 de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del párrafo primero de la fracción I del artículo 5 de la misma ley. Así, en el artículo 5, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se establece que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la citada ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, de los citados numerales se colige que la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un agravio personal y directo que violente de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la quejosa, dentro de los antecedentes manifiesta lo siguiente: Entonces, si la impetrante de amparo se duele de la negativa de proporcionar número económico al vehículo de su propiedad destinado al transporte público y la orden de detención y/o aseguramiento de su unidad automotriz, a fin de que deje de prestar el servicio público, resulta inconcuso que los actos reclamados constituyen actos futuros e inciertos, entendiéndose como tales, aquellos actos que aún no se inician y no existen datos suficientes que hagan presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del mismo; es decir, que la ejecución de los hechos que se previenen es remota o no existe la certidumbre de que se ejecutarán. Ciertamente, los actos futuros e inciertos, constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la promovente o que existe una cercanía en la realización del perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido literal siguiente: ACTOS FUTUROS. La jurisprudencia de la Suprema Corte sobre que los actos futuros no motivan el amparo, se refiere a los actos futuros e inciertos, pero no a actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos. En el caso particular, el quejoso reclama al Actuario responsable la omisión de notificar el laudo que se llegue a dictar en el juicio laboral J/O/418/2015. Asimismo, en el escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, manifestó que aun cuando se han desahogado las pruebas en el referido juicio laboral y que mediante escrito de abril de dos mil quince, solicitó por escrito la Junta responsable dicte el laudo respectivo, esto último no acontecido; por ende, a la fecha de presentación de la demanda, no existía certeza respecto del acto controvertido por la parte quejosa; es decir, la omisión del Actuario responsable en notificar el laudo respectivo, toda vez que no existe la certeza de que en la mencionada controversia estén las condiciones para la emisión del fallo pretendido; ello, en términos del artículo 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que cerrada la instrucción se turnara los autos a resolución; por tanto, la omisión referida por el impetrante no le causaban un agravio directo, al momento en que instó el presente juicio; por ello, deben considerarse como futuro y de realización incierta, lo que hace improcedente el juicio de amparo. No se desatiende el contenido de la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral. Lo anterior, ya que para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues de un análisis de los elementos probatorios existentes como los hechos reconocidos y aceptados por la quejosa en la demanda, son los que califican a los actos de futuros e inciertos. Al efecto, resulta aplicable el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito, que dice: ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada y admitida la demanda de amparo. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, ciudad ACTOS RECLAMADOS De la demanda de amparo se advierte que se reclama: Omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral J/0/418/2015. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO En términos del artículo 117 de la ley normativa del juicio de garantías pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio de notificación, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibidas que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, se les impondrá en la sentencia respectiva, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con independencia de lo anterior, a falta de éste, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que al rendir informe justificado, en caso de aceptar su existencia, podrán enviar al correo electrónico oficial jorge.velazquez.avendano@correo.cjf.gob.mx, la resolución reclamada; lo anterior permitirá además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. OBLIGACIÓN DE INFORMAR LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, se conmina a las partes, para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y Séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO INTERESADO Por otra parte, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, se tiene como tercero interesado a REFRI -COMERCIAL MARÍN GUIZAR y/o Julio Armando Marín Guizar en su calidad de representante legal y/o Julio Ricardo Marín Ruiz, quien deberá ser emplazado a juicio a través de su apoderado, representante legal y/o gerente de esa fuente de trabajo, con domicilio en Libramiento Sur Oriente número seiscientos trece, del Fraccionamiento Bonampak, de esta ciudad, quienes deberán ser emplazados a juicio en el domicilio señalado, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado con copia simple del escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Segunda Oriente entre Segunda y Tercera Sur número 353, Planta Baja de esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12, parte infine, del segundo párrafo, en relación con el diverso 24, segundo párrafo, de la Ley de la materia a Gustavo Emmanuel Trujillo Velázquez y Gabriel Suárez Coello, por así haberlo solicitado, dado que se trata de la parte trabajadora en el juicio laboral. SOLICITUD DE MEDIOS MAGNETICOS. Se autoriza fotografiar este expediente mediante el uso de cualquier aparato electrónico, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo vigente. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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