Jorge Eduardo Morales Martínez

Expediente 1265/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1265/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Morales Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa el contenido del auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, en el que informa que en auto de quince de marzo de dos mil veintitrés se avocó al conocimiento del presente asunto con motivo de la incompetencia declinada por este juzgado. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al cuaderno de antecedentes, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se aceptó la competencia planteada, por lo que es susceptible de destrucción; por tanto, se realizará dicha circunstancia una vez transcurridos seis meses, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, esto con fundamento en el artículo 19 fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: De una revisión a los autos que integran el presente asunto, se advierte que en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés se recibió el oficio firmado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por medio del cual informó que por auto dictado en el juicio de amparo directo *, de su índice, se determinó que, previo a proveer sobre la competencia declinada por este juzgado, era necesario tener a la vista los autos originales del presente juicio de amparo, sin embargo, a la fecha no se ha informado respecto de lo anterior. Por tanto, se solicita atentamente al Ad quem que, de no tener inconveniente legal o material alguno, se sirva comunicar a este juzgado si aceptó la competencia declinada, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se remite expediente a Tribunal Colegiado. Se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente que remite la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en atención a lo que solicita, vía oficio, remítansele los autos originales del juicio de origen 817/2021 y demás anexos remitidos a este Juzgado Federal, toda vez que resulta necesario para el Órgano Colegiado a fin de decidir si acepta o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Con independencia de ello, se instruye a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que verifique si se encuentra habilitada la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado de referencia, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE Zapopan, Jalisco, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Estado de autos Atento a la certificación secretarial que antecede, tomando en consideración que en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, respecto del acto reclamado consistente en la orden de embargo decretada por el Juzgado Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro del juicio mercantil ejecutivo 817/2021, así como la ejecución de la misma, por ser idénticos a los reclamados en el diverso juicio de amparo 1752/2021, también del índice de este juzgado federal, reservándose el pronunciamiento respectivo en relación al diverso acto reclamado consistente en la sentencia dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, dentro del citado expediente 817/2021, hasta que dicho auto causara estado, lo que aconteció en auto de veintisiete de julio de dos mil veintidós, por tanto, se provee al respecto: Decisión sobre la acción constitucional. Al respecto, es menester precisar que este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo; así como del numeral 37, fracción I, inciso b), y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. A fin de establecer si la sentencia definitiva dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, emitida por el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, es impugnable en amparo directo o indirecto, es necesario señalar ambos supuestos de procedencia, según se encuentran previstos actualmente en el artículo 107 fracciones III, IV, V, y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 34, 47, 107, 170, de la Ley de Amparo; y, en el artículo 38, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de los mismos se desprende, que corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, independientemente de que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados, debiendo agotar previamente los recursos ordinarios que prevea la ley de la materia. Ahora bien, es necesario destacar algunas cuestiones generales relativas a la procedencia del amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, así como lo que debe entenderse por resolución que ponga fin al juicio, para los efectos del amparo, el momento y las razones por las que adquiere ese carácter, dado que son conceptos jurídicos que están estrechamente relacionados. A ese respecto, de la interpretación de los artículos 47 y 170 de la ley de la materia, se obtiene lo que debe entenderse por sentencia definitiva, y cuándo una resolución pone fin al juicio. Así, se está en presencia de una sentencia definitiva en dos casos, a saber: a) Cuando la sentencia decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. b) La sentencia dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice. Además, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley de Amparo, también es jurídicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que debe entenderse como tal, aquella que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En el artículo invocado, se establecen tres supuestos en los que ante un órgano jurisdiccional es presentada una demanda de amparo, de la cual, por razón de competencia debe conocer un órgano diverso, hipótesis en las cuales, el órgano jurisdiccional se declarará incompetente y remitirá la demanda al tribunal o juzgado que considere competente (artículo 47). Entendida la competencia como la idoneidad atribuida por la ley a un órgano jurisdiccional para resolver los asuntos llevados a su conocimiento. Luego, en este asunto, el quejoso reclama la sentencia definitiva dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el expediente de origen 817/2021, emitida por el Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial. Ahora bien, del capítulo de antecedentes del acto reclamado se observa que en la determinación reclamada al Juez Quinto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial, se dictó sentencia definitiva el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el expediente de origen 817/2021, de manera que dicha actuación constituye aquel acto que pone fin al juicio de origen. Tiene aplicación por analogía y las razones expuestas los siguientes criterios: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". (Época: Octava Época Registro: 207118 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990 Materia(s): Civil Tesis: 3a./J. 30/90 Página: 188). "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Época: Novena Época, Registro: 185437, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 139/2002, Página: 236) Dicho lo anterior, no se actualiza ninguno de los supuestos que otorgan competencia legal a este órgano jurisdiccional para conocer del juicio de amparo, en los términos del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues al tratarse de un proveído que pone fin al juicio, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de nuestra Carta Magna, no existe obstáculo para que un Tribunal Colegiado de Circuito, pueda conocer del acto que se pretende impugnar en esta vía . Resultan aplicables, por igualdad de razón, las tesis de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." (Época: Décima Época, Registro: 2008791, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 6/2015 (10a.), Página: 95) "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido." (Época: Décima Época, Registro: 2016973, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 41/2018 (10a.), Página: 1450) Por lo expuesto, este Juzgado de Distrito, se declara que carece de competencia legal por razón de la vía, para conocer el presente juicio de amparo, por lo que, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47, y 170, de la Ley de Amparo, se ordena remitir todo lo actuado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, para que tenga a bien remitirla al Tribunal Colegiado en esa materia, en turno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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