Jorge Eduardo Montoya Alanis
Expediente 612/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/08/2022
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Montoya Alanis
- Juez Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el catorce de julio de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, catorce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes por las consideraciones que se detallarán a continuación. Ahora bien, del ocurso inicial de demanda de garantías, se desprende que los actos que combate el impetrante Jorge Eduardo Montoya Alanís, se hacen consistir en: a) La omisión del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, de hacer cumplir sus determinaciones, en específico materializar lo peticionado por el quejoso consistente en poner a la vista del Agente del Ministerio Público los autos del expediente 1270/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, promovido por Jorge Eduardo Montoya Salinas, en contra de Ana Magdalena Lara Villela, para que manifieste lo que a su parecer convenga, ya que representa los intereses de los menores involucrados en dicho asunto. b) La omisión del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, de desahogar la citada vista. Enseguida, del contenido del informe rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que aceptó el acto que se le reclama; asimismo, enseguida refirió que una vez radicado el expediente 1270/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, promovido por Jorge Eduardo Montoya Salinas, en contra de Ana Magdalena Lara Villela, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita quien fue notificada el veinticinco de marzo de la presente anualidad. Así también, de dicho informe, así como del emitido por la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado responsable, se desprende que el veinte de junio de dos mil veintidós, el primero de ellos desahogó la citada vista. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por el quejoso Jorge Eduardo Montoya Alanís, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de los informes que han quedado detallados, se desprende en esencia que el veinte de junio de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, desahogó la vista ordenada por el citado tribunal, la cual fue acordada el veintitrés siguiente; por tanto, las omisiones que combate el quejoso encaminadas al acatamiento que ya efectuó el representante social, fueron subsanadas. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con treinta y ocho minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V...De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa así como a la tercera interesada Ana magdalena Lara Villela, la resolución de catorce de julio de dos mil veintidós, por medio de lista de acuerdos, por no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, doce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guarda el juicio de garantías en que se actúa, se advierte que la autoridad responsable denominada Juez Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial de esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el diecisiete de junio de la presente anualidad. Por tanto, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Juez Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial de esta ciudad, para que dentro del término de tres días, remita copia fotostática autorizada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto combatido; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha y se fijan para su desahogo las diez horas con treinta y ocho minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
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