Jorge Eduardo Meixueiro Martínez.

Expediente 272/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
272/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
04/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Meixueiro Martínez.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 272/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. JORGE EDUARDO MEIXUEIRO MARTÍNEZ, mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "PRIMERO.- Del (sic) MIEMBROS INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE OAXACA, reclamo la resolución dictada en el juicio de origen con fecha VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, que me fue notificada con fecha VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO en virtud de la cual DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto en contra del acuerdo de ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS que negó aplicar el procedimiento de embargo contemplado dentro de los artículos 939 a 991 del Título Quince de la Ley Federal del Trabajo, denominado "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN", y con ello viola el artículo PRIMERO de la Constitución Federal en razón que deja de aplicar el PRINCIPIO PRO PERSONA y con ello la norma que resulta más favorable para el quejoso dentro de un caso de antinomia, en virtud que la responsable aplica dentro del procedimiento los artículos 6º de la LEY DE BIENES DEL ESTADO así como el 5º de la LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE OAXACA y al efecto el procedimiento implementado no respeta mis derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y expedita ni al debido proceso. SEGUNDO.- Del Presidente Ejecutor de la Junta responsable, la inobservancia para decretar la ejecución coactiva del laudo dictado dentro del juicio de origen 236/2006 (4) y obligar al INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN pública a efectuar el pago de los salarios del suscrito quejoso y por su parte también por omitir tomar las determinaciones necesarias para efectivamente reinstalarme dentro del centro de trabajo, dentro de los términos y plazos a los que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo que establece que los laudos deben ser cumplidos dentro del término de 72 Horas al tiempo en que hayan sido notificados y al no haberlo efectuado, la responsable transgrede en mi detrimento mi derecho fundamental de acceso a la justicia pronta e imparcial; así como mi derecho humano de acceso al trabajo consagrado en los artículos 5º y 123 de la Constitución del País en relación con los tratados internacionales de la materia tal es el caso del PROTOCOLO DE SAN SALVADOR adicional a la convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales en donde se contempla el derecho al trabajo como un derecho humano que m proporciona dignidad humana. TERCERO.- Del Representante del INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA; Así como del OFICIAL MAYOR y DIRECTOR FINANCIERO éstos últimos como funcionarios del INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA, reclamo la omisión en la que han incurrido para que dentro del ámbito de sus competencias para reinstalarme formal y materialmente dentro de mi centro de trabajo y de igual manera en la omisión de efectuar el pago de los salarios del suscrito en virtud que los artículos 27 y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA publicado en el periódico oficial del estado de Oaxaca con fecha VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, les faculta para efectuar el pago de mis salarios y efectuar la REEXPEDICIÓN DE LOS CHEQUES CANCELADOS que en su oportunidad han sido expedidos a mi favor por la Secretaría de Educación Pública y que por no haber sido entregados al suscrito precisamente por haberse encontrado en litigio mis derechos del trabajo han tenido que ser cancelados, y actualmente se traduce en la omisión en la entrega del pago de mi Salario durante todo el tiempo que duró la tramitación del juicio de origen, así mismo reclamo sus omisiones por la falta de entrega material (sic) favor del suscrito quejoso de los cheques que representan mi salario, lo que me ha dejado sin recursos suficientes para mi subsistencia humana, puesto que su omisión se traduce en la falta de pago de mis salaros y demás prestaciones del trabajo. Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y la audiencia constitucional la celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De los miembros integrantes de la junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revisión interpuesto en el juicio laboral 236/2006(4). Del presidente ejecutor de la referida junta, la omisión de tomar las medidas necesarias para que se le efectué el pago de las prestaciones reclamadas, así como para reinstalarlo en su fuente de trabajo. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Oficial Mayor y Director Financiero de dicho Instituto, la omisión para efectuar la reexpedición de los cheques cancelados, que en su momento fueron expedidos a su favor. TERCERO. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Oficial Mayor y Director Financiero de dicho Instituto, negaron la existencia de los actos que se les atribuye. Dicha negativa se admite en sus términos, tomando en consideración que de la copia certificada del laudo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce (fojas 87-96), no se advierte se hubiere condenado al Instituto demandado a la reexpedición de los cheques que refiere el quejoso, por ende, la omisión reclamada por JORGE EDUARDO MEIXUEIRO MARTÍNEZ, se torna inexistente, ya que al no existir mandato alguno por cual se ordene la reexpedición de los cheques solicitados, luego entonces, la omisión reclamada se torna inexistente; por ende, se sobresee en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. El presidente de la Junta Local Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí, y en representación de dicha junta, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que al efecto remitió, a las cuales, desde este momento se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, relativa al recurso de revisión interpuesto en el juicio laboral 236/2006(4), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)" Como se advierte del artículo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Además, se destaca que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el presente caso, se reclama la resolución incidental de revisión de actos del Presidente ejecutor, en la que se declaró en su resolutivo primero, improcedente el citado incidente de revisión, promovido por la parte actora, aquí quejosa, respecto del acuerdo de once de enero de dos mil dieciséis, en el que el Presidente de la Junta responsable, dio inicio al procedimiento establecido en los artículos 5, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, toda vez que la perdidosa (IEEPO), al ser un organismo público descentralizado, sus bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias pertenecen al Estado, de ahí que sean inembargables. Por tanto, la resolución reclamada, no es la última dictada en la etapa de ejecución; en el entendido de que, por "última resolución" debe conceptualizarse aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; calidad que no tiene la resolución que se reclaman en esta instancia constitucional, pues únicamente la misma determinó improcedente la revisión promovida, sin que diera por concluida la etapa de ejecución, por el contrario, se reiteró el procedimiento establecido en los artículos 5, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, y Sexto de la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Así también, la emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable a página 1482, Tomo XXVII, Marzo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del terno literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado al Presidente ejecutor de la junta responsable, consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para que se efectué el pago de las prestaciones reclamadas por el quejoso así como para reinstalarlo en su fuente de trabajo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI.-Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, el referido Presidente ejecutor, requirió al Instituto perdidoso para que dentro del término de tres días informara si incluyó en su presupuesto el pago de las condenas decretadas en el laudo dictado en el juicio de origen, así también, señaló las diez horas con treinta minutos del veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la reinstalación del quejoso en su fuente de trabajo, apercibiendo a la perdidosa que de no cumplir con la condena, se haría acreedora al medio de apremio previsto en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Luego, al haber ocurrido tal circunstancia con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías (catorce de marzo de dos mil dieciocho), ello conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden, al actualizarse las causales de improcedencias invocadas, conlleva a sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 272/2018, promovido por JORGE EDUARDO MEIXUEIRO MARTÍNEZ, en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos que el informe justificado de la autoridad responsable, fue agregado mediante proveído de veinte de abril del año en curso, resulta evidente que no fue conocido con la anticipación de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, a fin de que las partes no queden en estado de indefensión y estén en aptitud de imponerse de su contenido, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de cuenta que suscribe la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que se acompaña al oficio, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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