Jorge Eduardo Marquez Figueroa
Expediente 1151/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Marquez Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Eduardo Márquez Figueroa, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos (Lic. Ana Luisa Beltrán González). Acto reclamado: "La resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la cual se declara improcedente el recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta judicial 10/2021". SEGUNDO. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 584/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Mediante determinación de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente por antecedente en favor de este Juzgado Federal. CUARTO. Con fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual comunica la legal incompetencia declinada en favor de este Juzgado de Distrito, y remite los autos del juicio de amparo 584/2021. QUINTO. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto y radicó el asunto con el número de expediente 1151/2021, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la cual declara improcedente el recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la carpeta judicial 10/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias fotostáticas certificadas deducidas de la citada impugnación, y el disco compacto que contiene la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, que dio origen al acto reclamado, que remitió la juez responsable; pruebas que se valoran en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicables supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, por tratarse de documentos públicos y videograbación de la audiencia celebrada en un procedimiento penal de corte acusatorio oral, almacenada en disco compacto, respectivamente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia por contradicción 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, número de registro 2004362, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, consultable a página 703, cuyo rubro y texto dicen: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertir este juzgador, causal de improcedencia que pudiera concluir con el sobreseimiento total del juicio de amparo, lo procedente es abordar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En este sentido, no es necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer, por no exigirlo así la Constitución Federal en sus artículos 94 al 107, ni el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias de amparo. Lo anterior, no implica vulneración a los principios de congruencia y exhaustividad del juicio de amparo, pues tales principios se satisfacen al estudiarse todos los puntos sujetos a debate, las cuales deben corresponder a los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Novena Época, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, registro 164618, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En síntesis el quejoso hace valer como conceptos de violación por lo que respecta al acto reclamado que la determinación que reclama viola en su perjuicio los artículos 1º, 17 y 20 de la Constitución General, pues el juez responsable realizó una interpretación inadecuada del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no amplia, a la luz de la constitución y conforme a los derechos humanos. Invoca los criterios jurisprudenciales 1ª/J. 27/2018 y 1ª/J.28/2018. Aduce que, con base en dichos criterios, se puede apreciar la intención de reconocerle el derecho al imputado; esto es, no prohíbe o limita a recurrir esos actos a través del recurso innominado del artículo 258 de la ley nacional adjetiva penal. El concepto de violación que hace valer el quejoso es infundado; sin que este juzgado de distrito advierta deficiencia que amerite suplir la queja, en términos del inciso a), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. Al resolver la contradicción de tesis 177/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si el imputado o quien se ostente como tal, está o no obligado a interponer el medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Común, Undécima Época de rubro: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO". En dicho precedente, como se ve, si bien la Sala Constitucional centró su análisis sobre la procedencia del juicio de amparo conforme al principio de definitividad; hizo un importante pronunciamiento en cuanto a la parte legitimada para interponer el medio de impugnación a que se refiere el artículo 258, pues sostuvo que corresponde únicamente interponerlo a la víctima u ofendido y no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador. Lo contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la autoridad de manera correcta resolvió lo siguiente: ".Declarar improcedente la impugnación presentada por el defensor del imputado, contra el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual la fiscalía negó la devolución del vehículo asegurado, en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000489/2020. .Lo anterior en atención a las razones expuestas en audiencia, esencialmente por considerar que aun cuando la impugnación fue presentada de forma oportuna, no están satisfechos presupuestos de legitimación y procedencia. .toda vez que si el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solo hace alusión a la víctima u ofendido como sujetos procesales que pueden impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público, y en el presente caso quien pretende ejercer este medio de defensa es la persona imputada, Jorge Eduardo Márquez Figueroa a través de su defensor, es claro que carece de legitimación para ello; además si bien el juez de control tiene función cautelar, esto se circunscribe al objeto del proceso penal, esto es, aquello que tenga relación con la investigación del delito y responsabilidad de las personas imputadas; empero, tal función no puede equipararse a la de un juez de control constitucional concentrado, a quien deben someterse todos aquellos actos que alguna de las partes o algún tercero, consideren violatorios de sus derechos aunque versen sobre temas ajenos en sí mismos al proceso. .el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no comprende determinaciones ministeriales como las referentes a la negativa de devolver un vehículo asegurado, pues no paralizan o suspenden una investigación, que es el tópico que subyace en las determinaciones ministeriales contempladas en el precepto legal en cita, según ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios invocados en audiencia.". Argumentos que este juzgado de distrito retomará para justificar el sentido de esta sentencia. Ahora bien, el artículo 258, prevé la posibilidad de que la víctima u ofendido puedan impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), las determinaciones sobre abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; añadiéndose además en la diversa contradicción de tesis 233/2017, que, por medio de dicho recurso innominado, también se puedan impugnar las omisiones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". De igual forma la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, de contenido literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Por lo anterior, se puede estimar que esas determinaciones no se limitan a las cuestiones taxativamente previstas en dicho numeral, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Respecto de las determinaciones de la autoridad ministerial, se prevé que su impugnación deberá ser dentro de los diez días posteriores a su notificación; y, en esos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. Esta impugnación encuentra razón constitucional en el artículo 20, apartado C, fracción VII, como un derecho de la víctima u ofendido. Además, el artículo señalado estipulaba literalmente que esa facultad de impugnación contra actos del Ministerio Público, corresponde a la víctima u ofendido de un delito y no prevé el supuesto de la interposición por parte del indiciado. En ese contexto, se advierte que la intención del legislador ha sido darles mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses de dicha figura. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y los entes encargados de protegerlos. Comunicación que suele ser escasa, pero sobre todo poco productiva. Así, la reforma judicial de dos mil ocho, incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De esta manera, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en que el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar, por un lado, en el mejoramiento progresivo de la función ministerial y, por el otro, en una mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. Por tanto, la finalidad de la reforma constitucional de dos mil ocho, se plasmó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgando a la víctima u ofendido de cualquier delito mayor relevancia, revalorando su papel dentro del procedimiento, con la finalidad de que no sean simples espectadores en el proceso penal, sino que realmente sientan que las soluciones penales que ofrece el Estado, también atienden a la recuperación de sus bienes afectados. Asimismo, no pasa desapercibido que las determinaciones u omisiones del representante social, pudieran causar afectación a los derechos fundamentales del imputado; sin embargo, para ese caso específico, la parte quejosa tenía la posibilidad de acudir directamente al amparo biinstancial. Sobre esas bases, este juzgado de distrito advierte que la determinación de la juez responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, por tanto, no es violatoria del artículo 16 y 20, apartado A de la Constitución General. En efecto, el pronunciamiento de la juez de distrito responsable es acorde con la doctrina constitucional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente, al sostener que, por tratarse de la persona investigada, no tenía la legitimación que exige el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establece expresamente que quien puede interponerlo es la persona que tiene calidad de víctima u ofendido. Por otro lado, la norma no señala si hay calidad alguna de la cual se desprenda que también el imputado o alguna otra parte procesal pueda accionar ese mismo recurso, porque eso ya escapa a la naturaleza por completo de lo que ahí estableció el legislador. Es decir, señaló la responsable, las cuestiones atinentes o que pueden ser en perjuicio del imputado, no guardan relación expresa con lo que ahí se refiere, esto es, omisiones que pongan o que paralicen una investigación o bien que sean las del no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, archivo temporal o criterio de oportunidad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 9/2021 (11a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841, Materia Penal, Común, de contenido literal siguiente: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Finalmente, y también en respuesta al concepto de violación, este juzgado de distrito no pasa inadvertido que, en tutela judicial efectiva, señala que la parte quejosa tiene expedito el derecho para controvertir, en todo caso, los acuerdos del representante social por algún otro medio extraordinario u ordinario de defensa que se encuentre a su alcance para analizar la legalidad de esa determinación. Lo que también es acorde con lo resuelto por la Primera Sala, cuando sostuvo que no soslayaba que las determinaciones u omisiones del representante social, pudieran causar afectación a los derechos fundamentales del imputado; sin embargo, para ese caso específico, tenía la posibilidad de acudir directamente al amparo biinstancial. Además, conforme al criterio invocado, y contrario a lo argumentado por la parte quejosa, no se viola el principio de igualdad, atendiendo al nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, asociado a los derechos humanos, y donde se prioriza la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal. Así, este órgano de control constitucional considera que el juez responsable no vulneró los principios que rigen el sistema penal acusatorio y, por tanto, se reitera, la determinación reclamada se encuentra debidamente, fundada y motivada, conforme al artículo 16 constitucional. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jorge Eduardo Márquez Figueroa, contra la determinación de cuatro de mayo de dos mil veintiuno dictada por el Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, Ana Luisa Beltrán González, en los autos de la impugnación 10/2021, en la cual resolvió que el quejoso Jorge Eduardo Márquez Figueroa, no contaba con legitimación para promover el recurso que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76 al 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jorge Eduardo Márquez Figueroa, contra el acto y la autoridad señalada en el resultando primero, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy dieciséis de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
. Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual solicita información acerca del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo indirecto en que se actúa. Al respecto, infórmesele que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, quedó celebrada la audiencia constitucional; por lo que este Juzgado Federal se encuentra pendiente de dictar la resolución correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que, a la fecha no obra constancia legal alguna de la que se advierta que la parte tercera interesada Tanya Elena Díaz Carrillo, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, Titular de Célula 11-2, de la Unidad de Investigación y Litigación, de la Fiscalía General de la República, Delegación Morelos, se encuentre emplazada tal y como se ordenó en autos. En consecuencia, para dar margen a que se lleve a cabo dicho emplazamiento y a que sea devuelto el acuse respectivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre del año pasado, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/4431/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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