Jorge Eduardo López de la Torre

Expediente 904/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
904/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo López de la Torre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, por lo que queda firme dicho auto, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, de conformidad con el párrafo cuarto del ordinal 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente. Por otro lado, se hace el acotación que el presente asunto, es susceptible de depuración a partir del uno de octubre dos mil veinticinco, en virtud de haberse concedido a la parte quejosa la protección constitucional y por encontrarse en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del capítulo octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente al de su publicación, acorde al transitorio primero del citado acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 15, del capítulo quinto del citado acuerdo, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el citado acuerdo. De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación de cuenta. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones conducentes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.

  2. Principal

    Intégrese a los autos sin mayor trámite, el oficio que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali Baja California, sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno, dado que en auto de diecisiete de marzo del presente año, se acordó comunicado de similar contenido.

  3. Principal

    Agréguense para que obren como legalmente correspondan los oficios y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, a través del cual acompaña proveído dictado el diez de marzo en curso, en el que se asienta que no quedan pruebas pendientes por desahogar y se concede a las partes el termino para formular alegatos, dentro del expediente 705/2019-2A. En tal virtud, dese vista a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 705/19-2A de su índice; del que se advierte que se encuentra pendiente de desahogo la prueba de perfeccionamiento denominado cotejo y compulsa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, continúe remitiendo copia certificada de las constancias en las que se adviertan las gestiones realizadas para acatar el cumplimiento total del fallo protector -en el entendido que todas las actuaciones que se realicen deben efectuarse dentro del término de ley- y cerciorarse que vez llegadas las diligencias programadas estas se lleven a cabo. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 pesos (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establece el artículo 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo. De igual manera, requiérase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Baja California, con sede en esta ciudad, en su calidad de superior jerárquico; a fin de que por su conducto ordene a la autoridad responsable, para que dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; haciéndole del conocimiento que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada se encuentra obligado a conminar a ésta a dar el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el entendido que incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria dictada, en los mismos términos que su subalterno, lo anterior con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo.

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