Jorge Eduardo Juárez Oechler
Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Juárez Oechler
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el escrito de la parte quejosa, donde desahoga la prevención formulada en autos, al efecto se acuerda: De la lectura integral de la demanda y escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa reclama las siguientes resoluciones: a) De dieciséis de agosto pasado emitida en el toca 239/2021-1 que confirmó el auto de veintidós demarzo de este año. b) De dieciséis de agosto anterior dictada en el toca 239/2021-3 que confirmó el proveído de siete de abril de este año; y, c) De dieciséis de agosto pasado pronunciada en el toca 239/2021-4 que modificó la interlocutoria de veintidós de abril de este año. Actos que resultan autónomos entre sí, porque resuelven temas jurídicos diversos con una litis particular; por tal motivo, en atención a lo manifestado por el peticionario en el ocurso con registro 11756, en el presente juicio se tendrá como acto reclamado el señalado en el inciso c). Por lo que, se decreta oficiosamente la separación respectiva, en términos de la jurisprudencia P./J. 76/971, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SEPARACION DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; por tanto, se ordena enviar por separado copia certificada de la demanda y escritos aclaratorios, con senda reproducción autorizada de este proveído, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, para que sean remitidas al órgano que corresponda conforme las disposiciones inherentes al turno de asuntos, y se provea lo conducente respecto de los actos precisados en el inciso a) y b). SE DESECHA LA DEMANDA, RESPECTO AL ACTO SEÑALADO EN EL INCISO C). I. El artículo 113 de la ley de la materia2 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso 62 de la ley aplicable3, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la determinación de dieciséis de agosto anterior emitida por la Décima Sala Civil de la Ciudad de México, en el toca 239/2021/4, que revocó la interlocutoria de veintidós de abril pasado en el juicio especial hipotecario 139/2004 del índice del Juez Trigésimo 1 Visible en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Septiembre de 1997. 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." ...Sexto de esta ciudad y en su lugar ordenó reservar el examen de la excepción de falta de legitimidad activa opuesta para ser analizada en la sentencia definitiva. III. El juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado no es de imposible reparación, esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la normatividad citada, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto de lo anterior, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, indica: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. (.)" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que cuyo contenido es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que se generaron con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo4. En el particular, la determinación de segunda instancia que ordena reservar el estudio de la excepción de falta de legitimación opuesta, no afecta los derechos sustantivos de la impetrante, pues la pretensión del inconforme no ha sido desestimada, tampoco se le han constituido derechos a su contraparte sobre la materia de la petición, ni se han analizado las circunstancias sobre las cuales se sustenta la acción. Lo anterior revela que los aspectos materia del reclamo son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, que los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la propiedad, o la libertad, etc. -y que son los únicos que pueden afectarse en forma irreparable-, quedan excluidos de su alcance. 4 "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de que posteriormente el juez en el proceso natural, al analizar la excepción opuesta, dicte una resolución favorable a los intereses del quejoso; y en caso contrario, podrá combatir las violaciones procesales que considere le perjudican, conforme a las reglas previstas para ello. Sirve de apoyo la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramite en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Sustenta lo anterior la tesis aislada en materia civil con registro 225801 emitida por los tribunales colegiados publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 281, de rubro y texto: "LEGITIMACION, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL FALLO DE SEGUNDO GRADO QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE FALTA DE. Acatando la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe de labores rendido por su presidente al concluir el año de 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, registrada con el número 3, consultable en la página 69, del rubro: "Amparo indirecto. Resulta improcedente contra la resolución de apelación que decide la excepción de falta de personalidad. (Interrupción y modificación de la tesis jurisprudencial número 208, visible en la página 613, Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985)", este Tribunal Colegiado, varía el criterio que con anterioridad sostuvo en asuntos como el presente, para ahora determinar que contra la resolución de segunda instancia que decide el incidente de falta de legitimación en el demandado, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, atento a que no constituye un acto de ejecución irreparable al poder o no trascender al resultado del fallo, sino que se trata de una resolución que sólo produce efectos intraprocesales." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. En términos del ordinal 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., por propio derecho y como representante legal de ..., personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que exhibe, contra actos de la Décima Sala, Juez y Secretario de acuerdos adscritos al Juzgado Trigésimo Sexto, todos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.".
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