Jorge Eduardo Hernandez Chacon

Expediente 1035/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1035/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Hernandez Chacon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI.- Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO: Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, en la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se tuvo por no presentada la demanda en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que el peticionario de amparo ***, quien se ostentó apoderado de ***, no dio cumplimiento al proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, consistente en que dentro del plazo de CINCO DIAS hábiles siguientes, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, mediante escrito presentado vía electrónica: "1. Exhiba documento idóneo para acreditar la personalidad de apoderado de ***. 2. Exhiba las copias necesarias del documento con el que acredite su personería, a fin de correr traslado a las partes; en virtud de que dicho documento forma parte integrante de la demanda de amparo." Y se apercibió a la parte quejosa, que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se tendría por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, toda vez que ha transcurrido el término concedido en el referido auto, el cual le fue notificado el día cinco de enero siguiente, según constancia de notificación que obra agregada en autos, sin que el promovente hubiese cumplido con la prevención que se le hizo; en consecuencia, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI Agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, mediante el cual informa el acuerdo emitido el ocho de junio del año en curso del que se advierte que desechó el recurso de revisión interpuesto por el Director General de Amparos y Contencioso, en representación del Comandante de la Guardia Nacional, Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, Enlace Administrativo del Comandante de la Guardia Nacional, Coordinador de Administración y Finanzas, Director General de Recursos Humanos y del Presidente del Consejo de Honor Superior, todos de la Guardia Nacional, contra la sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, firmada el veintiocho de marzo del año en curso. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la sentencia referencia, en la que en su primer resolutivo, se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ***, para los efectos preciados en la citada sentencia; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA en sus términos dicha sentencia. Por otro lado, en el fallo protector que amparó a la parte quejosa, se determinó que respecto del acto reclamado consistente en el oficio por medio del cual le fue comunicado al quejoso su cese como elemento de la Guardia Nacional, las autoridades responsables deberán dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, paguen al quejoso la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde el momento en que se concretó la baja, y hasta que se realice el pago respectivo, lo cual deberán acreditar de manera fehaciente con las documentales respectivas. Lo cual deberán acreditar ante este Juzgado de Distrito en su totalidad, sin defectos, dentro del término en el que se precise en el auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce de sus derechos fundamentales violados; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, si este juzgado califica que la autoridad actuó injustificadamente en su actitud omisa y por el contrario, advierta una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que hayan propiciado un retardo en el cumplimiento en las ejecutorias concesorias de amparo; se iniciara el procedimiento de incumplimiento a la ejecución de las sentencias de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Para lo anterior, y toda vez que los oficios que se remiten a las autoridades responsables se han reenviado en diferentes ocasiones existiendo contumacia de las autoridades responsables en recibirlos y tomando en consideración que tales informes resultan necesarios para que cumplan con el fallo protector; en aras de evitar dilaciones procesales, así como de integrar el presente expediente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya ante las autoridades responsables COMISARIO GENERAL GN LUIS RODRIGUEZ BUCIO, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL; INSPECTOR GENERAL GN FERNANDO RAMIREZ PADILLA, DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES, EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD EN CARRETERAS E INSTALACIONES; ENLACE ADMINISTRATIVO DEL COMISARIO GENERAL GN LUIS RODRIGUEZ BUCIO COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL; COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL; DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GUARDIA NACIONAL; y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR SUPERIOR DE LA GUARDIA NACIONAL; Y LES NOTIFIQUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN. De igual forma, dígasele al Juez exhortado que se le faculta para que habilite los días u horas inhábiles que resulten necesarios para el desahogo de dicha diligencia. Por otra parte, con fundamento en la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese el exhorto de referencia vía electrónica. En el entendido de que de haber alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado del exhorto por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que previa certificación de ello, y sin ulterior acuerdo se remita el exhorto por vía ordinaria, en aras de no paralizar el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, una vez diligenciada la comunicación oficial respectiva, se solicita al Juez exhortado devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicho acuerdo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con los acuses de recibo de los oficios de las autoridades foráneas, con los que se les comunicó el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en autos, toda vez que dicha determinación no afecta el acto atribuido a ellas, por lo que en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, no se actualiza la hipótesis para que interponga el recurso de revisión. Tiene aplicación al respecto, la tesis XX,1 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, página 127,abril de 1995, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES, SÓLO ESTÁN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS...

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