Jorge Eduardo García Torres

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 1 actuación registrada, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo García Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Eduardo García Torres, contra actos del Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro Integral de Justicia Penal con sede en Rioverde, San Luis Potosí, y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. REGISTRO. Fórmese el expediente relativo, anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 633/2022-I-A. INCOMPETENCIA. El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación mediante Acuerdo General número 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del dos mil trece, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en los que se divide la República Mexicana, y por lo que toca al Noveno Circuito, precisó en el punto cuarto, fracción IX, que los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Catorce, Cedral, Cerritos, Cerro de San Pedro, Charcas, Ciudad Fernández, Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Rioverde, Salinas, San Luis Potosí, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Santo Domingo, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Vanegas, Venado, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Villa Hidalgo, Villa Juárez y Zaragoza. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. El C. JUEZ DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL ADSCRITO AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL CON SEDE EN RIOVERDE EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., con domicilio oficial conocido en esta entidad. III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS 1).- EL C. JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL REGIONAL SALA SEDE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EJECUTORAS 2).- EL C. COMISARIO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN por sí y como encargado de todo los elementos a su cargo, con domicilio oficial en eje vial e insurgentes, edificio Daniel Berrones Meza, San Luis Potosí, S.L.P. 3).- El C. ENCARGADO DE LA POLICIA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CON RESIDENCIA EN RIOVERDE, S.L.P., con domicilio oficial conocido en esa entidad." "IV.- ACTOS RECLAMADOS. a).- A la Autoridad de responsable Ordenadora, le reclamo la orden de Aprehensión que tengo conocimiento se ha librado en mi contra, desconociendo los datos del expediente en que fue librada. b).- a las Autoridades Responsables Ejecutoras, les reclamo la cumplimentación que pretenden llevar a cabo de la orden supracitada y privarme de mi libertad dejándome a disposición de la autoridad responsable ordenadora. C) A todas las autoridades les reclamo las consecuencias de derecho y de facto que deriven de los anteriores actos reclamados." Al respecto, se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]" De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1. Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3. Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. En ese tenor, tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En la especie, como ya se indicó el peticionario del amparo señaló como actos reclamados la orden de aprehensión librada en su contra, la cumplimentación, así como las consecuencias de derecho y de facto que derive de los anteriores actos reclamados; además, precisa como lugares de residencia de las autoridades señaladas como responsables San Luis Potosí -capital- y Rioverde, San Luis Potosí, este último donde se han suscitado los actos de molestia que reclama. De lo anterior, se colige que los actos que reclama el quejoso, son de aquellos que requieren ejecución material, por lo que corresponde al Juez Federal con jurisdicción en las indicadas demarcaciones, conocer de la demanda de amparo de que se trata. Por lo tanto, se estima que de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral 37 de la ley de la materia, el Juez Federal competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí Capital, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en las expresada demarcación territorial, conforme con lo establecido además al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Resulta aplicable la tesis 1a./J. 12/95, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Septiembre de 1995, Novena Época, con número de registro 200455, que establece: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Así como la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, tomo I, agosto 2013, página 383, registro digital 2004166, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase ésta así como las copias correspondientes, al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí Capital, que se encuentre en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. AUTORIZADOS. En otro contexto, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo, a los profesionistas Carlos Miguel Martínez Lozano, Guadalupe Anahí Rangel Morín y Jorge Aurelio Castillo Herrera. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita, se autoriza a la parte quejosa el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa con el usuario "Carlos78", ello conforme a los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia que las notificaciones se tendrán por hechas a partir de su consulta o cuando el sistema genere automáticamente la constancia de notificación, de conformidad con el artículo 60 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por ende, instrúyase al Secretario de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) es con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter, al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. DATOS DE CONTACTO. Asimismo, se le tiene señalando como dirección electrónica el que indica, a fin de que, en caso de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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