Jorge Eduardo Garcia Imperial
Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Garcia Imperial
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado del juicio en que se actúa y considerando la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley para que la parte promovente de amparo hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda intentada; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, diez de febrero de dos mil veintidós. Escrito Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Eduardo García Imperial, contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California en esta ciudad; regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 144/2022-4. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Acorde a ello, de acuerdo a lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda, se precisa que el acto reclamado lo es el auto de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 382/2021-VI, en el que se fijó nueva fecha para la audiencia de conciliación demanda y excepciones, dada la inasistencia de las partes en la fecha anteriormente señalada, con independencia de los adjetivos o motivos de violación que se le atribuyen. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo por vía indirecta. Los invocados numerales disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". La aplicación sistemática de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, tratándose de actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre los derechos fundamentales reconocidos al gobernado tanto en la Constitución Federal como en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De manera que la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables; es decir, respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Bajo ese contexto normativo, como se adelantó, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama no incide ni tiene repercusión inminente o directa sobre derecho fundamental alguno reconocido en favor de la parte quejosa, ya sea en la Carta Magna o en convención internacional adoptada como parte del bloque de constitucionalidad. Por el contrario, la determinación de diez de enero de dos mil veintidós, por la que se reprogramó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el procedimiento arbitral de origen, solo tiene efectos intraprocesales en el conflicto de trabajo del que emana, es decir, sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que hasta este momento es inconcuso que no causa afectación sobre derecho fundamental alguno. Sin perjuicio de lo anterior, la improcedencia que ahora se decreta no deja en estado de indefensión al promovente, en tanto que si al resolverse el procedimiento burocrático se le impone una condena que estime lesiva de sus derechos, tendrá la aptitud de controvertir el laudo respectivo mediante la acción de amparo en vía directa, en el que desde luego deberá de alegar como violación procesal la determinación de la que ahora se duele, en función de su trascendencia en el fallo, de conformidad con los artículos 170, fracción I, y 172 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, atendiendo que el procedimiento de origen se encuentra en etapa de instrucción, es dable afirmar que la determinación de la Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California en esta ciudad, por el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 382/2021-VI, no constituye un acto que viole algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los cuales México es parte; por lo que se concluye que el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último de aplicación en sentido contrario. En consecuencia, al ser manifiesta y notoria la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notificaciones y Consulta electrónica de expediente Asimismo, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, por conducto del usuario Imperivmlll que para ello designa; de igual forma, con fundamento en el artículo 3º de la Ley en cita, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio. Lo anterior, sin perjuicio de la designación del domicilio procesal, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Asimismo, se autoriza a la parte quejosa la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, mediante el uso de objetos cámaras, celulares etcétera que las reproduzcan digitalmente bajo la supervisión del actuario o secretario correspondiente, quien agregará la constancia respectiva a los autos. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener. Notifíquese vía electrónica.Así lo acordó y firma Roberto Antonio Alcoverde Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con asistencia de Óscar Hugo Rocha Medrano, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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