Jorge Eduardo García Buenrostro

Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo García Buenrostro
  • Verónica Mendez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve el despacho 377/2022 del índice de este juzgado. Sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento de lo anterior debido a que el dos de agosto del año en curso, diversa autoridad auxiliar devolvió debidamente diligenciado el despacho de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/4738/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 183, fracción II, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del diez de agosto de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 630/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitió con su informe justificado el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, así como con las que acompañó la parte quejosa a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Francisco Manuel Cárdenas Arriaga, apoderado jurídico de Jorge Eduardo García Buenrostro, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 1.4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo. Admisión. Mediante auto de diez de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda en los términos propuestos y se registró bajo el número 630/2022, por lo que se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En el propio auto, se reconoció carácter de tercera interesada a Verónica Méndez Cervantes, por ser la contraparte del quejoso en la incidencia de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consiste en: La sentencia interlocutoria de ocho de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del incidente de incumplimiento de convenio derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 321/2009, que sobre divorcio por mutuo consentimiento promovieron Verónica Méndez Cervantes, y el aquí quejoso Jorge Eduardo García Buenrostro; y, La ejecución de dicha resolución, en la que se declaró procedente el incidente planteado y se condenó al incidentado al cumplimiento del pacto volitivo celebrado en el expediente de origen y por tanto, al pago de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no cubiertas. Tercera. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consistente en la emisión de la interlocutoria aquí combatida, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable con su informe, consistentes en copia autorizada de las constancias de las diligencias de jurisdicción voluntaria 321/2009, así como del incidente sobre incumplimiento de convenio derivado de ese expediente [constantes de dos tomos de pruebas]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Actos consentidos. En la especie, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal. A efecto de explicar la premisa planteada, conviene traer a glosa el contenido de los preceptos legales que prevén el indicado motivo de improcedencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." [.]" Del contenido del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Asimismo, que en el precepto 18 de la Ley de la Materia, el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo previsto en diverso 17 del mismo ordenamiento, para la promoción del juicio de amparo: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución o acto que reclama, o de su acto de ejecución; y, A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, se actualiza el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues no obstante que el apoderado jurídico de la quejosa en la demanda de amparo no señaló la fecha de notificación de los actos reclamados, de las constancias que integran el juicio e incidente de origen y que fueron allegadas por la autoridad responsable, se desprende que la resolución interlocutoria de ocho de febrero de dos mil veintidós, le fue notificada personalmente al autorizado del incidentado aquí quejoso el once de febrero siguiente; incluso, mediante escrito presentado ante la responsable el uno de marzo siguiente, el quejoso pretendió promover recurso de apelación contra la interlocutoria de mérito, medio de impugnación que no le fue admitido por extemporáneo [fojas 138 y 143 a 149 vuelta, del tomo I de pruebas]. Motivo por el cual debe establecerse como fecha de conocimiento del acto reclamado, la que obra en la notificación practicada respecto del propio acto, esto es, el once de febrero de dos mil veintidós, pues esa fecha no fue desvirtuada por el quejoso ni realizó sobre ese aspecto manifestación alguna. De suerte que, si la notificación de la interlocutoria reclamada se realizó personalmente al autorizado del quejoso el once de febrero de dos mil veintidós, el término para impugnar dicha resolución empezó a correr desde el día siguiente hábil en que se practicó dicha notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 762 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, lo que evidencia que si los actos que aquí reclama los conoció en la propia fecha de su notificación, su demanda resulta extemporánea, como se ilustra a continuación: Febrero 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *11 12 13 14 Día 1 15 Día 2 16 Día 3 17 Día 4 18 Día 5 19 20 21 Día 6 22 Día 7 23 Día 8 24 Día 9 25 Día 10 26 27 28 Día 11 *Fecha de notificación del acto reclamado. El término judicial empieza a correr desde el día siguiente hábil. Marzo 2022 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día 12 2 Día 13 3 Día 14 **4 Día 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 **Último día para la presentación de la demanda. En ese estado de cosas, si en el caso la parte quejosa fue notificada personalmente del acto reclamado, desde el once de febrero de dos mil veintidós, el plazo de quince días con que contaba para la interposición de la demanda empezó a contar al día hábil siguiente de acuerdo a lo que dispone el citado precepto legal 762, esto es, el catorce del mismo mes y año, por lo que concluyó el cuatro de marzo siguiente, descontando los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, por ser sábados y domingos. Sin embargo, la demanda que nos ocupa fue presentada hasta el ocho de junio de dos mil veintidós, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia; esto es, después de concluido el término respectivo. Apoya lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, visible en la página 1931 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro número 165582 del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Por tanto, se concluye que el juicio de amparo no fue promovido dentro del término de quince días que establece la ley de la materia, puesto que la parte quejosa fue notificada de los actos reclamados desde el once de febrero de dos mil veintidós, y en ese sentido, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -ocho de junio de dos mil veintidós-, habían transcurrido en exceso los quince días que para ese efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Esto es así, puesto que el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo establece que los términos previstos en el artículo 17 de la misma disposición, se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame, [en el caso, dicha notificación surtió efectos en la propia fecha en que se practicó]. Lo anterior, porque cuando una persona sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante juicio de amparo y deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, tal conducta se tiene como manifestación de conformidad con la mencionada actuación lesiva de sus derechos. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Junio de mil novecientos noventa y tres, página doscientos treinta y cinco, que expresa: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Luego, al operar la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Eduardo García Buenrostro, por conducto de su apoderado jurídico Francisco Manuel Cárdenas Arriaga, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, en los términos precisados en la consideración cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio suscrito por el Juez Primero Menor Mixto del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, por el cual informa la fecha en que devolvió el despacho 377/2022, lo anterior, debido a que el dos de agosto del año en curso se tuvieron por recibidas las constancias relativas al medio de comunicación que refiere en su escrito de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio y anexos remitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve el despacho 377/2022, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento de lo anterior, debido a que el dos de los corrientes se acordó lo propio respecto de las constancias que integran el despacho de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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