Jorge Eduardo Alcaraz Martínez
Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Alcaraz Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", implementándose diversas medidas especiales que deben adoptarse del 12 de enero al 9 de febrero de 2021; entre ellas, que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Lo anterior operará en lo individual e iniciará su cómputo -desde luego-, a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del presente proveído. Esto se acota así, dado que se considera que deberá atenderse tanto la reanudación de actividades de las autoridades responsables, así como la oportunidad que se tenga (de acuerdo a las cargas laborales de este órgano jurisdiccional), de notificar a las demás partes procesales. En esa tesitura, y a fin de continuar la tramitación del presente asunto, se provee: Por otra parte, de una revisión del estado de los autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho auto que tuvo no presentada la demanda de amparo promovida por Roberto Santibáñez Martínez, quien, bajo protesta de decir verdad, se ostenta como defensor del directo quejoso Jorge Eduardo Alcaraz Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerreo, con sede en esta ciudad y otras autoridades, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, dado que no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Aunado a lo anterior, y dado que de las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta que obre documento original exhibido por las partes procesales, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso b), del Acuerdo General antes referido.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, signado por Roberto Santibáñez Martínez, en su carácter de autorizado legal del directo quejoso JORGE EDUARDO ALCARAZ MARTÍNEZ, por medio del cual solicita se sobresea el presente juicio fuera de audiencia, ya que por error involuntario el sábado doce de diciembre del año en curso, presentó dos demandas de amparo contra el mismo acto reclamado, mismas autoridades responsables y a nombre del mismo quejoso, mismas que fueron registradas bajo los números 730/2020 y 731/2020 del índice de este juzgado. En atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de catorce de este propio mes y año, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovido por Roberto Santibáñez Martínez, quien, bajo protesta de decir verdad, se ostenta como defensor del directo quejoso Jorge Eduardo Alcaraz Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerreo, con sede en esta ciudad; y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), como juicio de amparo indirecto 731/2020, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución (litispendencia), promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que un gobernado promueve un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades y por el mismo acto reclamado, cuando previamente accionó un juicio en el que existen las coincidencias mencionadas, y que se encuentra pendiente de resolver. En el caso, para demostrar la actualización de la litispendencia, conviene precisar que en este juicio 731/2020, se advierte lo siguiente: Roberto Santibáñez Martínez, quien, bajo protesta de decir verdad, se ostenta como defensor del directo quejoso Jorge Eduardo Alcaraz Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerreo, con sede en esta ciudad; y otras autoridades. Señaló como acto reclamado el siguiente: "La ilegal detención de la que fue objeto el quejoso por parte de los agentes de policía de tránsito de la ciudad de Chilpancingo, estado de Guerrero, cuya patrulla tiene el número de placa L43BBD, y a través de la cual se le privó de su libertad". De igual forma, y atendiendo a la segunda certificación de cuenta, se advierte que en el índice de este Juzgado se tramita el diverso juicio de amparo 730/2020, lo cual constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XII1.30A K, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2679, materia Común, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESUL TA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. " De las constancias que del mismo se glosan en copia certificada a este expediente, se aprecia que: a) Mediante escrito presentado el doce de este propio mes y año, vía electrónica, Roberto Santibáñez Martínez, quien, bajo protesta de decir verdad, se ostenta como defensor del directo quejoso Jorge Eduardo Alcaraz Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerreo, con sede en esta ciudad; y otras autoridades, en el que señaló el mismo acto reclamado en este juicio, esto es, La ilegal detención por parte de los agentes de policía de tránsito de esta ciudad. b) Juicio de amparo que con esa fecha se admitió. En el caso, se afirma que existe identidad en cuanto al quejoso, autoridad responsable y acto reclamado, porque del contenido de los escritos de demanda se aprecia que señalan idénticas autoridades responsables, mismo acto reclamado y e igual concepto de violación, resultando idéntica la relatoría de los hechos o antecedentes que constituyen el acto reclamado, tanto en el presente juicio de amparo 731/2020 como en el diverso 730/2020, este último, por el que se admitió la demanda de amparo. De ahí que, al ya existir procedimiento en el juicio de amparo 730/2020, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Por ello, se concluye que al existir un juicio de amparo en trámite, y como consecuencia pendiente de dictarse una resolución que quede firme y, toda vez que el quejoso en este asunto, se reitera, reclamó el mismo acto y señaló a las mismas autoridades responsables indicada en el juicio de amparo 730/2020; debe considerarse que resulta improcedente este juicio, con motivo de la litispendencia, pues la constitucionalidad de determinados actos respecto del mismo gobernado, sólo puede analizarse una vez, ya que el quejoso no podría verter nuevos conceptos de violación, debido a que cuando promovió el juicio de amparo 730/2020 ya expresó los motivos de inconformidad respecto del acto que estima inconstitucional y donde hace hincapié en los hechos sucedidos a Jorge Eduardo Alcaraz Martínez. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción X, 113 y 217 de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Roberto Santibáñez Martínez, quien, bajo protesta de decir verdad, se ostenta como defensor del directo quejoso Jorge Eduardo Alcaraz Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Guerreo, con sede en esta ciudad; y otras autoridades. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como autorizado del directo quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Santibáñez Martínez, toda vez que está acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, con fundamento en los artículos 772 , 793 y 934 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal5 , que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el 26, fracción IV de la Ley Amparo, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, para que realice la consulta del expediente electrónico, en virtud de contar con firma electrónica registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, siendo el usuario "RobertoSantibanez", que corresponde a Roberto Santibáñez Martínez; lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0; asimismo, tendrá efectos de notificación vía electrónica. Por tanto, se comisiona al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", a fin de que realice los movimientos necesarios en dicho sistema, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. Ello, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice el referido quejoso, establecidas en el artículo 6° del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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