Jorge Edgar Salazar Benitez

Expediente 956/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
956/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Jorge Edgar Salazar Benitez
  • JORGE EDGAR SALAZAR BENITEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Ciudad de México; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda la razón suscrita por el actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad para notificar personalmente a la quejosa la sentencia de catorce de enero de dos mil veintidós, por las razones que en la misma expone; en virtud de que tal como lo precisa, realizó la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, de manera electrónica. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió en exceso el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de enero de dos mil veintidós, en la cual se determinó sobreseer el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2° y la Tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo VII, junio de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En otro orden de ideas, del estado de autos se advierte que no hay actuación pendiente de acordar, en tal virtud, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. En consecuencia, para dar cumplimiento al artículo 21, del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el juicio de amparo en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en el supuesto descrito en el inciso a) del citado artículo. En lo que toca al cuaderno original relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Fundamento: Artículo 18, fracción I, inciso a) del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Fundamento: Artículo 20, fracción II, inciso a), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Déjense por separado los cuaderno del incidente de suspensión para su mejor manejo y custodia. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 956/2019, promovido por *******************, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Presentación. Por escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 4), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, Jorge Edgar Salazar Benítez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que se precisarán en esta sentencia. SEGUNDO. Turno y radicación en este juzgado de Distrito. Por razón de turno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió los autos a este órgano jurisdiccional, en donde por auto de cuatro de junio de dos mil diecinueve, radicó la demanda con el número de expediente 956/2019; y se determinó desechar de plano por notoriamente improcedente. Inconforme con la determinación de este juzgado federal, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra dicho auto, el cual se dio trámite en proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 61). TERCERO. Turno y radicación del recurso de queja por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. De las constancias se advierte que, en proveído de veintisiete de junio del dos mil diecinueve (foja 72), fue radicado dicho medio de impugnación por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, registrado con el número de recurso de queja 824/2019, de su índice. CUARTO. Recepción de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región. De igual manera, en auto de veintisiete de septiembre de ese mismo año (foja 86), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución dictada por dicho tribunal relativa al citado medio de impugnación, el cual fue declarado fundado y se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo. En ese sentido, mediante proveído de quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 93), se tuvo por desahogado dicho requerimiento por la parte quejosa, se tuvo por señalada como autoridad responsable a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se ordenó admitir a trámite la demanda de amparo, se ordenó la apertura del incidente de suspensión, asimismo se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, de igual manera se dio la intervención ministerial de la adscripción a este juzgado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral Primero del Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al trámite, resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que se reclaman, entre otros actos, la discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Decreto de reformas a esas disposiciones contenido en el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2019, el Presupuesto de Egresos de la Federación en la parte respectiva a remuneraciones de los servidores públicos, así como manuales, circulares y diversas disposiciones normativas que regulen las remuneraciones y prestaciones en general de los Servidores Públicos de la Federación, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. SEGUNDO. Criterios aplicables. Los criterios que se invocarán en esta sentencia son aplicables aún y cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Los artículos 12 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que se aprueba el presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019. La implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales. La inminente aplicación de los actos reclamados. Cabe señalar que, las normas generales se reclamaron, según se apreció en la demanda, como parte de un sistema normativo complejo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales. Es aplicable a la precisión de actos antes realizada, la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." CUARTO. Actos inexistentes. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Junta de Gobierno, Presidente, Director General de Programación, Presupuesto y Recurso Materiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se hicieron consistir en la inminente aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019; lo anterior, dado que así lo refirieron las mencionadas autoridades al momento de emitir su respectivo informe con justificación; además, la parte quejosa no exhibió prueba alguna para acreditar la existencia de tales actos y correspondía a ella la carga de la prueba al tratarse de actos positivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 81 del código supletorio que prescribe que quien afirma debe probar su dicho. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/93, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS DE CARACTER POSITIVO. LOS VICIOS DE CARACTER NEGATIVO QUE SE ATRIBUYAN NO RELEVAN AL QUEJOSO DE LA OBLIGACION DE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE TALES ACTOS." Por tanto, ante la falta de evidencia probatoria atribuible a la parte quejosa, procede sobreseer al respecto en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. QUINTO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Junta de Gobierno, Presidente, Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, así como el Director General de Organización y Recursos Humanos, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en implementar las políticas, normas y procedimientos de administración de sueldos, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Por otro lado, son ciertos los actos legislativos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Presidente de la República [4], que se hicieron consistir, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, en: La discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Es importante mencionar que, el tener o no como ciertas las conductas atribuidas a las autoridades legislativas o administrativas no depende únicamente de lo manifestado en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables o en las omisiones en que éstas hayan incurrido, ya que corresponde al juzgador pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba y el artículo 88 del código supletorio. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.65/2000 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone la obligación de analizar oficiosamente las causas de improcedencia en el juicio por ser una cuestión de orden público y preferente al análisis del fondo del asunto. En razón de ello, se procede al estudio de las causas de improcedencia que, de oficio, se advierten actualizadas en este juicio de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 158, de rubro: "IMPROCEDENCIA." Así como la jurisprudencia 228, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS." I. Artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (no se acredita el interés legítimo e interés jurídico) El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados, dado que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el contenido del artículo 107, fracción I, contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señalan: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. (.). Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.). Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) De la interpretación sistemática de las porciones normativas transcritas, se advierte en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De modo que el peticionario del amparo está obligado a demostrar la existencia de un acto concreto y que le cause un perjuicio o agravio a sus derechos o intereses, a efecto de evidenciar que se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo, en la inteligencia de que tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Al respecto, el artículo 107 constitucional que establece los principios rectores del juicio de amparo, pondera la existencia del agravio personal y directo, definido como: "todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En otras palabras: la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. El concepto de interés jurídico está estrechamente ligado al de agravio, pues si un acto de autoridad no lo causa, no es posible que exista aquél para ejercer válidamente la acción constitucional en su contra. De los preceptos antes transcritos, se tiene que la acción de amparo puede promoverse cuando se aduzca ser titular de un derecho, o bien cuando se afirme tener un interés legítimo individual o colectivo; empero, es importante resaltar que, en todo caso, al acudir al juicio de amparo el solicitante del amparo debe situarse en alguna de las hipótesis jurídicas, esto es, como afectado de manera directa en un derecho jurídicamente tutelado (interés jurídico), o aduciendo contar con un interés legítimo individual o colectivo en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En el caso, tratándose de actos que provienen de la expedición de normas que tilda de inconstitucional, la regla es que el quejoso debe acreditar el interés jurídico, es decir, demostrar que es titular de un derecho jurídicamente protegido. Es aplicable al caso, la tesis II.2o.C.92 K, de rubro es: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE." Además, como lo prevé el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés "simple" en ningún caso podrá invocarse como interés jurídico, de modo que es necesario que tal interés descanse en un derecho derivado de la ley, que faculte a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa, y como consecuencia lógica, el correlativo deber de cumplirla. En ese sentido, hay "interés jurídico", cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal, que legitime a exigir de la autoridad determinada conducta. Asimismo, el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." Resulta ilustrativa en la parte que aquí interesa la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." De lo anterior, se advierte que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo implica la existencia de dos presupuestos: a) La titularidad de un derecho subjetivo, y b) Que ese derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Luego, el interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica ya sea constitucional, legal o contractual, confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa normativa, tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad del derecho conferido. Cabe precisar que el interés jurídico para la promoción del juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.16/94, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Respecto al tema, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo se sigue a instancia de parte agraviada, y se entiende como tal quien "aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", mientras que la Ley de Amparo, abunda sobre esta definición. Su artículo 5, fracción I, en la parte que interesa, define como quejoso a quien "aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo", cuando alegue que el acto reclamado viola derechos humanos y ello produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, es válido afirmar que la noción de perjuicio, para efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, cuya transgresión por una autoridad o por alguna ley es factor determinante para que su titular ocurra ante el órgano de control de la constitucionalidad a demandar el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, es el interés jurídico que la ley de la materia exige para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XXVII.1o. (VII Región) J/4 (10a), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011." De ahí que el interés jurídico de quien promueve la acción de amparo, sólo se surte en la medida en que se demuestre que el acto reclamado afecta su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones legalmente salvaguardados. Por tanto, la demostración del perjuicio que el quejoso dice le causa el Decreto reclamado constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de su constitucionalidad, pues para la procedencia de la acción constitucional, se requiere que el acto combatido incida en la esfera jurídica del solicitante de la protección de la Justicia de la Unión. En el caso concreto, el solicitante de la protección constitucional refiere que con motivo de la discusión, aprobación y promulgación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, así como de los artículos 12 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el que se aprueba el presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, la implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales y su inminente aplicación, se le causa una afectación a su esfera de derechos. . En efecto, para que una afectación sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, es necesario acredite encontrarse en el supuesto de la norma combatida, por lo que se debe exhibir documentales que produzcan la convicción en primer lugar que es trabajador de la autoridad responsable (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), esto es, que de manera temporal, o permanente desempeñe una función, empleo, cargo o comisión en tal dependencia y por consiguiente que es sujeto del presupuesto anual interno con base al presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2019, así como de la implementación de políticas, normas y procedimientos internos que se obtengan con base al presupuesto de egresos de la federación que disminuyan las remuneraciones y prestaciones laborales; lo cual no aconteció, en virtud que no ofreció prueba alguna para acreditar que se ubica en los supuestos de la norma que combate, es decir, acreditar que es sujeto de la norma. Por todo lo anterior, debe decirse que no basta que el solicitante de amparo manifieste encontrarse en la hipótesis de la norma reclamada, sino se requiere la demostración fehaciente de la existencia de derecho preexistente que pueda defender en la presente vía, es decir, demostrar tener un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante para impugnar las normas señaladas como actos reclamados. Así para considerar que el ordenamiento legal impugnado impacta en la esfera de derechos de la parte quejosa, ésta debió probar, como mínimo, ser trabajador del (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), y del sello de recepción de la demanda no se advierte que se haya presentado con anexos. En suma, no demostró la afectación a su interés jurídico. Con base en lo anterior, es claro que la parte quejosa no tiene interés, siquiera legítimo, para reclamar las normas combatidas, por lo que el presente juicio de amparo resulta improcedente, ya que la parte quejosa no demostró tener interés para combatirla, al no ser parte del grupo de individuos a quienes puedan afectar las normas impugnadas. En este orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no se acreditó la afectación a un interés jurídico ni legítimo, por lo que procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia VI.1o. J/23, con número de registro 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En razón de ello, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Jorge Edgar Salazar Benítez. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México; diez de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibo el oficio del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual solicita a este juzgado federal, que Informe el estado procesal de los autos del juicio de amparo 956/2019, asimismo solicita copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de amparo y en su caso de la sentencia respectiva, dado la posible existencia de conocimiento previo de la demanda que dio origen al juicio de amparo promovida por los mismo quejosos en el diverso asunto 388/2020 del índice de dicho juzgado. Por tanto, hágase del conocimiento al Juzgado oficiante que en el presente asunto se encuentra en trámite y se señalaron las doce horas con cincuenta y cinco minutos del trece de enero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, como lo solicita se ordena remitir copia certificada de la papeleta y del escrito inicial de demanda a la autoridad oficiante para los efectos legales que haya lugar. Fundamento: Artículo 279 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido en representación del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual remite testimonio de la resolución pronunciada por dicho órgano colegiado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 1783/2020, de su índice. En tal virtud, hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y realícense las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno electrónico. Hágase del conocimiento de las partes lo resuelto por el citado Tribunal Colegiado. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Por otra parte, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, éste órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Amparo, suspendió el procedimiento hasta en tanto fuera resuelto dicho recurso y en virtud de que ya se resolvió el recurso de mérito, se ordena reanudar el procedimiento. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en proveídos cuatro de noviembre, cinco de diciembre, ambos de dos mil diecinueve y nueve de abril de dos mil veintiuno, se reservó acordar lo conducente respecto de los oficios registrados con los números 24955, 30406 y 14897, a través de los cuales las autoridades responsables pretendían rendir su respectivos informes justificados; sin que pase inadvertido que en relación con la promoción 14897, en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno se señaló que correspondía a la autoridad responsable Presidente de la Republica, siendo lo correcto respecto de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora bien, en razón de lo señalado en párrafos que anteceden en los que se reanudó el procedimiento en el presente asunto, se levanta la citada reserva y se acuerda lo conducente: Ténganse por recibidos los oficios de cuenta signados en representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Junta de Gobierno, Presidente, Director General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales y Director General de Organización y Recursos Humanos, todos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por los cuales rinden su respectivo informe justificado; dese vista a las partes con los mismos. Relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican y se tienen por acreditados como delegados de su parte, a las personas que mencionan. De igual modo, se tienen por hechas las manifestaciones de las responsables, en relación a las causales de improcedencia que hacen valer sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento procesal oportuno. Fundamento: Artículos 9, 117 y 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, visto el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa el contenido del proveído de dieciséis de noviembre del presente año, dictado en el juicio de amparo 388/2020 de su índice y solicita se le habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la consulta del presente juicio de amparo en consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta y como lo solicita, se COMISIONA al personal encargado del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE)", hacer los ajustes necesarios a efecto de hacer disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2. Por tanto, a afecto de que el presente expediente se encuentre debidamente integrado, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo aquéllas, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Quedan 28 actuaciones en este expediente

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