Jorge Eder Nava Aranda
Expediente 611/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Eder Nava Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada con fecha seis de junio de dos mil diecisiete, por este Juzgado Federal, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con trece minutos del día seis de junio de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 611/2017, promovido por Jorge Eder Nava Aranda, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia el escrito inicial de demanda, auto admisorio, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se declara abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales que ofreció la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, al igual que la que acompañó a su informe justificado el Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría a través del Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal; asimismo se tiene por desahogadas la instrumental de actuaciones y presuncional, ofrecidas por éstas últimas autoridades mencionadas y por el Congreso del Estado de Morelos en su informe respectivo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se tienen por desahogados los formulados por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita en su intervención ministerial número MPF/180/2017, con lo que se procede a cerrar este periodo. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 611/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito, Jorge Eder Nava Aranda, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Morelos; Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos; Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; Subsecretario de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos; Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, de los cuales la parte quejosa reclamó lo siguiente: "IV.- LEY Y ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables ordenadoras se reclama: 1.- La aprobación, expedición, promulgación y publicación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en su artículo 77 fracciones II, IV y sus adicionales de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, relativa a los Derechos por Servicios Prestados por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos antes Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha cinco de julio de 2006 por el Director del mismo por considerar que es violatorio de la garantía consagrada en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. 2.- La aprobación, expedición, promulgación y publicación, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en sus artículos 94 TER AL 94 TER 11 y del 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos relativa a el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles por considerar que es violatorio de la garantía consagrada en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna. De las autoridades responsables ejecutoras se reclama: 1.- La indebida aplicación del artículo 77 fracciones II, IV y sus adicionales de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 2.- El indebido cobro sobre pago de derechos realizado al quejoso, con motivo de la aplicación del artículo 77 fracciones II, IV y sus adicionales de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 3.- La indebida aplicación de los artículos 94 TER al 94 TER 11 y del 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 4.- El indebido cobro sobre pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles realizado a la quejosa, con motivo de la aplicación del artículo 94 TER al 94 TER 11 y del 119 al 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fue remitido a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, a quien por turno correspondió conocer de la demanda de amparo; se registro con el número de expediente 611/2017; y mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se admitió a tramite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 31); y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, la cual forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52 fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2014 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten: 1. El proceso legislativo consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación, que dio lugar a la creación de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en sus artículos 77 fracciones II y IV, misma que fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cinco de julio de dos mil seis, la cual considera contraria al artículo 31 fracción IV constitucional. 2. El proceso legislativo consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación, que dio lugar a la creación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en particular sus artículos 94 Ter al 94 Ter-11 y 119 al 125, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la constitución federal. 3. La aplicación de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, al haberse efectuado el cobro de derechos por inscripción registral y adicionales. 4. La aplicación de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, al haberse efectuado el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sus adicionales. TERCERO. Las autoridades responsables Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos ambos a través del Subprocurador de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, al rendir el informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, que se les atribuye en el escrito de demanda, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna idónea para desvirtuar esa negativa; por ello, al no quedar demostrada la existencia de dicho acto, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobre el particular por identidad de razones jurídicas tiene aplicación la Jurisprudencia Número 1002, visible en la página mil seiscientos veintiuno, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDO A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtuaron esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. El Congreso del Estado a través de la Presidente de la Mesa Directiva, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, por lo que se tiene plenamente probado al tenor de la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio de garantías que hagan valer las partes o que de oficio advierta este Juzgador. Sirve de sustento jurídico la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, los normativos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6° y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada ..." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". La intelección de los normativos apuntados, permite establecer que el ejercicio de la acción constitucional, está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la Ley. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional; presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuya incidencia en la esfera jurídica de la entidad moral o física quejosa, constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado para que sea jurídico y por consiguiente legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente); de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue un agravio real, personal y directo así como actual en esa esfera jurídica, que resiente una lesión o un perjuicio en el derecho del que es titular y que resulta conculcado. En apoyo a los razonamientos que se esgrimen, es oportuno citar el criterio que informa la tesis jurisprudencial 1º.A.J/17, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta número sesenta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.- El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir en relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se cite sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En esta tesitura, si en el caso las normas reclamadas se refieren a los derechos que se causan por la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales, en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio o la posesión de los bienes inmuebles o derechos reales, que en el caso lo son, por compraventa, y la hipoteca, según lo señala la quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda, conforme al numeral 77, fracciones II y IV de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y por pago del Impuesto por Adquisición de Bienes Inmuebles y adicionales, acorde a lo estipulado por los numerales 94 Ter al 94 Ter- 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos, es necesario que la impetrante de garantías acredite fehacientemente encontrarse en la hipótesis mencionada, es decir, haber efectuado el pago correspondiente a esos conceptos, como en su escrito de demanda refiere, y que sería materia de prueba por parte del quejoso. Al respecto, en el presente juicio el quejoso, no exhibió prueba idónea que acredite los actos reclamados, y si bien es cierto, anexó a su escrito inicial de demanda copia simple de la escritura pública 300,821 de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, con un sello estampado, y de la misma puede evidenciarse que se calculó la cantidad que habría de enterarse por concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y adicionales, dicho documento por sí mismo, carece de valor probatorio pleno, pues para adquirir ese valor, es necesario que se encuentre admiculado con diverso medio de convicción para robustecer su fuerza probatoria, razón por la que sólo tiene el carácter de indicio, habida cuenta que como se ha dicho el interés jurídico en el juicio de amparo debe quedar demostrado fehacientemente; por lo que es inconcuso que el promovente del amparo no demuestra el acto de aplicación del ordenamiento referido, lo cual es necesario para acreditar plenamente el interés jurídico para acudir al juicio de garantías. Lo anterior es así, en virtud de que no basta simplemente afirmar que se le efectuó una retención o que se ubica en los supuestos mencionados, sino también demostrar tales hechos. En abundamiento, si la parte quejosa quien ocurre a esta instancia constitucional por su propio derecho, no ofreció documento idóneo, para acreditar el interés jurídico y por ende el acto de aplicación de las hipótesis contenidas en los preceptos legales tildados de inconstitucionales, que a decir de la parte inconforme le fueron aplicados por las autoridades ejecutoras, es incuestionable que no acredita la lesión a sus derechos fundamentales que le den la oportunidad de instar la acción de amparo. Máxime que, las autoridades ejecutoras negaron la existencia de los actos de aplicación que se les atribuyeron, y adujeron que no se enteró cantidad alguna ante ellas y que tampoco hay recibo de pago que se haya realizado y que haya expedido alguna autoridad recaudadora, y con dichos informes se le dio vista al quejoso, mediante acuerdo de veintiocho de abril y ocho de mayo de este año, sin que al efecto hubiere realizado manifestación alguna, lo que revirtió la carga de la prueba a la parte quejosa, sin que ofreciera prueba alguna al respecto, así, no se evidencia de manera alguna el acto de aplicación de la norma que se reclama. Sin que este juzgador se encuentre obligado a recabar pruebas de oficio con la finalidad de acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, pues con ello, se rompería el equilibrio procesal de las partes en el presente juicio de garantías. Por tanto, al no acreditar sus afirmaciones en el sentido de que se encuentra en las hipótesis a que aluden los ordinales tildados de inconstitucionales, pues el hecho de que haya practicado manifestaciones en ese sentido bajo protesta de decir verdad, no implica la demostración en forma eficiente que se encuentra colocada en el supuesto de la norma, ya que con ello no acredita fehacientemente que haya realizado un pago por los derechos que se causan por la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o cuál de ellos se concretó, conforme a los ordinales 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y por pago del Impuesto por Adquisición de Bienes Inmuebles y adicionales, acorde a lo estipulado por los numerales 94 Ter al 94 Ter 11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. En consecuencia, al no haber acreditado la parte quejosa su interés jurídico y el primer acto de aplicación, lo cual constituye un requisito indispensable de procedencia en el juicio de garantías para combatirse los actos que se estimen violatorios de garantías, ya que conforme a lo anterior, hasta este momento no se demostró de manera eficiente e indubitable con elemento de convicción idóneo que el peticionario del amparo se ubica dentro de los supuestos que contemplan los preceptos tildados de inconstitucionales, por habérsele aplicado, ello conduce a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías, de conformidad con la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de la Materia, respecto los artículos 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, y por pago del Impuesto por Adquisición de Bienes Inmuebles y adicionales, acorde a lo estipulado por los numerales 94 Ter al 94 Ter-11 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos. Al respecto se cita por identidad jurídica la jurisprudencia número 1ª./J. 4/99, visible en la página 103, del tomo IX, febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Así como, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 191, Tomo 109-114 Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL. Los sujetos que se consideren afectados por la ley que se impugna de inconstitucional, para comprobar su interés jurídico en el juicio de amparo, combatiéndola por esa causa, deben demostrar que están bajo los supuestos de la ley. La comprobación se puede hacer por cualquiera de los medios de prueba previstos en las leyes; y si no existe ninguna que demuestre que los quejosos estén bajo los supuestos de la ley, debe sobreseerse el juicio de amparo." De igual forma, resulta pertinente invocar el criterio del Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 147, Tomo 6, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que lleva la siguiente voz: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. NECESIDAD DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO. No es cierto que tratándose del amparo contra leyes, como el mismo se expide para afectar al patrimonio jurídico de la ciudadanía en general, de ninguna manera se requiera previamente la comprobación de ser titular de un derecho afectado por las mismas, pues ello equivaldría al reconocimiento de la existencia de una acción popular para reclamar la inconstitucionalidad de las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la fracción I del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; y por su parte, el artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la comprobación del interés jurídico del quejoso." También sirve de apoyo la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 193-198 Primera Parte, página: 110, Genealogía: Informe 1971, Primera Parte, Pleno, página 330, cuyos rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. En el juicio de amparo el interés jurídico para promoverlo no puede ser presuntivo, sino que debe acreditarse en forma indubitable. La Ley de Amparo dispone, a través del artículo 4o. el principio de "instancia de parte agraviada". El artículo 76 de la misma contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, prohibiendo a la vez una declaración general de la constitucionalidad de la ley o el acto reclamado. El artículo 80 del propio ordenamiento citado determina los efectos que tiene la sentencia dictada en un juicio de garantías, que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto. En razón de las disposiciones contenidas en los artículos aludidos; existe la necesidad de que el promovente de un juicio de garantías acredite plenamente su interés jurídico en promoverlo, para el efecto de que si así lo estima procedente la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en la posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas en forma particularizada por su interés, y a la vez se conceda la protección en el efecto procedente. Situaciones, las anteriores que no se podrían satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 74, 75, 76, 77, 119, 123, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Eder Nava Aranda, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando sexto de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte tercera interesada ALDO SALAZAR DÍAZ en representación de Ariadna Chillopa Torres, el auto y/o resolución del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: RESULEVE: ...UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Roberto Sanchez Carmoma...
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese la intervención ministerial número MPF/180/2017 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual hace diversas manifestaciones; atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la Representante Social, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto hace a la copia certificada que solicita, dígase a la promovente que una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio de amparo, previa reiteración que de la misma realice, se acordará lo procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Jorge Contreras Ramirez1837/2016
- JORGE CORONA MENDOZA y Otros.1347/2019
- Jorge Dallin Guzmán de León1610/2012
- Jorge Daniel Sierra Medina1054/2017
- Jorge Daniel Sierra Medina1650/2016
- Jorge David Rebolledo Peña315/2020
- Jorge Efren Carrion Mugica1071/2021
- Jorge Emilio Silva Velez457/2020
- Jorge Enrique Cervantes Amores158/2018
- JORGE ENRIQUE MARTlNEZ VALLE2207/2016
- Jorge Enrique Padilla Espinosa936/2019
- Jorge Ernesto Rivera Melgoza2718/2014