Jorge Donato Rendón Muñiz
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Donato Rendón Muñiz
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual se remiten, con boleta de turno, los autos del juicio de amparo 771/2021, proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en la Ciudad de México, quien se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Donato Rendón Muñiz, por conducto de Rodrigo Rojas Lagunas, quien se ostenta como su apoderado legal, contra actos del Director General de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, y otra[s] autoridad[es], por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 482/2021-VII-A. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Incompetencia. De las constancias que integran el presente asunto, se advierte que por acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la indicada demanda de amparo, al estimar que los actos reclamados tendrán ejecución dentro del territorio en donde este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción, a saber, en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas; pues es en ésta ciudad en la que se encuentra el Hospital Regional de Pemex, al cual se deberá incorporar el quejoso -como su nuevo centro de trabajo, por lo que, sostiene el juez declinante, la ejecución de los actos se concreta en un lugar situado dentro del ámbito competencial de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, a modo de acordar lo conducente respecto de la competencia planteada, es de destacarse que del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo1, se llega al conocimiento de que la parte quejosa esencialmente reclama lo siguiente: ? El oficio de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el que se le notifica movilización definitiva de su actual centro de trabajo -Hospital Pemex de la Ciudad de México- al Hospital Regional Pemex, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en violación al derecho humano y constitucional de protección a la salud y vida, a través del incumplimiento a las disposiciones de carácter general contenidas en los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación motivados y/o relacionados con la emergencia sanitaria del COVID-19 (coronavirus), en especial los publicados el veinticuatro de marzo (Secretaría de Salud), veintiuno de abril (Consejo de Salubridad General) y catorce de mayo (Secretario de Salud) todos del año dos mil veinte; dados sus padecimientos de sobrepeso e hipertensión arterial acreditados, lo que lo coloca dentro del grupo que la Secretaría de Salud ha determinado como "vulnerable". Sobre esa base, este Juzgador de manera respetable no comparte las consideraciones que sustenta el homólogo federal en cita para declinar su competencia. En efecto, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: (.) De las hipótesis normativas que el citado precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: [1] el acto aún no ha sido ejecutado y [2] en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad; ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1) Actos de tracto sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute.- es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado, para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos que conllevan una ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Lo anterior, en el entendido de que, como lo establece el segundo párrafo del artículo transcrito, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el asunto de que se trata, está demostrado que el quejoso, lo que reclama es el oficio de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por el que se le notifica movilización definitiva de su actual centro de trabajo -Hospital Pemex de la Ciudad de México- al Hospital Regional Pemex, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, en violación al derecho humano y constitucional de protección a la salud y vida, a través del incumplimiento a las disposiciones de carácter general contenidas en los Acuerdos publicados relacionados con la emergencia sanitaria del COVID-19 (coronavirus), toda vez que los padecimientos que refiere tener -sobrepeso e hipertensión arterial, lo colocan dentro del grupo que la Secretaría de Salud ha determinado como "vulnerable". Ello es así, pues de los antecedentes narrados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo, se advierte que es trabajador de planta de Petróleos Mexicanos, con categoría de Médico Cirujano y Partero, Especialista en Epidemiología, Nivel 35, laborando en el Hospital Pemex en la Ciudad de México; asimismo, que presenta diversas enfermedades, entre ellas, sobrepeso e hipertensión arterial, padecimientos que han sido determinados por los servicios de salud Pemex (patrón), los cuales lo colocan dentro de del grupo que la Secretaría de Salud ha determinado como "vulnerable", razón por la cual, Petróleos Mexicanos, determinó que debía permanecer en resguardo domiciliario para evitar contagios por el virus COVID-19. No obstante a ello, mediante el oficio de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se le notifica movilización definitiva de su actual centro de trabajo -Hospital Pemex de la Ciudad de México- al Hospital Regional Pemex, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, a partir del ocho de febrero de dos mil veintiuno. De lo anterior se evidencia que, los actos reclamados por el quejoso, tienen ejecución material, puesto que el acto reclamado es un acto que por su propia naturaleza, presenta un principio de ejecución, ya que su efectividad implica el traslado que debe efectuar el quejoso, de su actual centro de trabajo residente en la Ciudad de México, al diverso ubicado en Ciudad Madero, Tamaulipas; asimismo, se torna patente que el lugar de ejecución de los actos reclamados recae en el supuesto del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, transcrito anteriormente, toda vez que no únicamente tendrán ejecución los actos en el lugar en que se sitúa el nuevo centro de trabajo del quejoso -Hospital Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas, sino que comenzó a ejecutarse en la Ciudad de México, lugar en el que se encuentra actualmente adscrito a su fuente de trabajo. Por consiguiente, este juzgador estima que en el caso se actualiza la regla competencial prevista en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de la cual se establece que es competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, cuando como aquí acontece, el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito. Por lo que, se reitera, este juzgador estima que el juez legalmente competente para conocer del juicio de amparo, es aquél ante el que se presentó la demanda, puesto que el acto de ejecución puede realizarse en más de un Distrito; esto de conformidad con lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Por lo que, se considera debe conocer el juez de Amparo en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, lo que se ajusta a la regla competencial prevista en el párrafo tercero, del artículo 37 de la Ley de la Materia, consistente en que cuando el acto reclamado requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; además de que es acorde con los principios de debido proceso, acceso efectivo a la justicia y seguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan y con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J./2/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: (.) COMPETENCIA. CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS PUEDEN ACTUAR DENTRO DEL AMBITO TERRITORIAL EN QUE EJERCEN JURISDICCION LOS JUECES CONTENDIENTES, DEBE FINCARSE EN FAVOR DEL QUE PREVINO. Asimismo, por las razones que informa, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a./J. 68/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En tales términos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia planteada; en consecuencia, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en la Ciudad de México, con auto inserto de la presente determinación. Solicitando el acuse de recibo correspondiente. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Intervención de autorizados. Se tiene[n] como autorizado[s] en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de Amparo a María Fernanda Buenrostro Anzaldo y Carmela Buenrostro Ansaldo, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se tiene al promovente, proporcionando el correo electrónico y número de teléfono que indica[n], para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. Conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.
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