Jorge Delfino Linares Cruz
Expediente 995/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 995/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Delfino Linares Cruz
- Miguel Ángel Serafin Larios Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 995/2022-V. Puebla, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la queja 179/2022, que en sus puntos resolutivos establece: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ++++++++++++++++++++++, contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 995/2022-, en el que se desechó de plano la demanda de garantías.". Además, el citado secretario devuelve un tomo, consistentes en copias certificadas del presente juicio de amparo. Por consiguiente, se ordena glosar el testimonio de la ejecutoria al juicio original; y acusar recibo a la superioridad - vía interconexión- por el oficio y anexo mencionado. Además, se ordena destruir en la trituradora de hojas con la que cuenta este órgano jurisdiccional, las copias certificadas de este juicio. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido; por tanto se ordena su archivo. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la oficial judicial A para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, por lo tanto se ordena notificar el presente proveído a través ++++++++++++++++++defensor público de los mismos. Notifíquese; por conducto del defensor público a los quejosos y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 995/2022-V.. Puebla, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Tribunal colegiado informa admisión de queja y acusa. Se agrega al expediente un oficio de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por los quejosos, contra el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y acusa recibo de los anexos remitidos. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-179/2022, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese
- Principal
JUICIO DE AMPARO 995/2022-V. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintidós. Recurso de queja y requerimiento. Se agrega al expediente el ocurso signado por los quejosos ++++++++++++++++++++++++, mediante el cual interponen recurso de queja y formulan agravios contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que fue desechada la solicitud de tutela constitucional. Por otra parte, toda vez que del punto "5" de petitorios se desprende que los quejosos señalan todas las constancias que integran el presente juicio de amparo, a fin de que sean remitidas a la superioridad para resolver el recurso de queja interpuesto, contra el desechamiento de su solicitud de tutela constitucional, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja por parte de los quejosos, contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de amparo. Informe de este juzgado. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el cuatro de octubre de dos mil veintidós se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito original y una copia del recurso de queja, y las copias certificadas de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se instruye a la Oficial Judicial "A" responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano" para que la superioridad esté en oportunidad de consultar este expediente de manera íntegra. Indicación a la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio de remisión, remita el escrito original, una copia del recurso de queja, y las copias certificadas de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Respecto a la petición realizada por los quejosos en el punto "3", se les informa que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso K, de la Ley de Amparo1, les serán notificadas en el lugar de su reclusión, las resoluciones que a juicio de este órgano jurisdiccional lo ameriten; pero no aquellas en las que no tengan derecho procesal alguno por ejercer, máxime que se encuentran representados en este juicio por el defensor público ++++++++++++++++++ a quien se le notificarán las determinaciones que se estimen conducentes. Por otra parte, respecto a las manifestaciones que realizan los quejosos en el punto "4" de petitorios de su escrito de cuenta, se les reitera que en acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, con motivo de que se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario, y no designaron profesionistas para que los asistan en el trámite de este juicio y tampoco nombraron personas para recibir notificaciones, se ordenó girar oficio a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la fecha cuando le fuera notificado dicho proveído, designara un asesor jurídico o un defensor público para que los asista en este juicio de amparo. Por ello, en atención a la designación del defensor público +++++++++++++++++++++ realizada por la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, en diligencia de tres de octubre se le discernió dicho cargo con motivo de su aceptación, a efecto de que los asista en este juicio de amparo para que puedan ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en este juicio de amparo que promovieron. Lo anterior al aplicar la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". En esas circunstancias, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud en el sentido que sólo facultan al defensor público +++++++++++++++++++ para que les brinde asesoría de manera personal, pero no lo facultan para que en su nombre y representación por sí mismo interponga recursos, ofrezca y rinda pruebas, alegue en las audiencias, solicite suspensión o diferimiento o realice cualquier acto; pues la designación cumple el propósito y el espíritu del criterio jurisprudencial en que se apoyó el nombramiento del referido defensor público para que los asista durante el trámite de este juicio de protección de derechos. Notifíquese; y en forma personal a los quejosos (en el centro penitenciario donde están recluidos); y por oficio al defensor público de los quejosos
- Principal
JUICIO DE AMPARO 995/2022-V.. Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Versión escrita de audiencia. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia, el día tres de octubre de dos mil veintidós, en la que ++++++++++++, aceptó el cargo de defensor público de los quejosos ++++++++++++ y +++++++++++++. Notificación personal al quejoso. A fin de que los quejosos tengan conocimiento del defensor público que habrá de asistirlos en el trámite de este juicio de amparo, se ordena notificarle en forma personal tanto la referida audiencia como el presente acuerdo. Pero también se hace notar a los quejosos, que los subsecuentes acuerdos y determinaciones de carácter personal, le serán notificados por medio de lista y por oficio a su defensor. Sobre todo porque ya tiene un defensor público y éste ha asumido las obligaciones procesales en el presente juicio de amparo, como imponerse de los acuerdos y cualquier resolución, que le sean notificadas por medio de lista y por oficio. Segundo escrito aclaratorio. Por otra parte, se agrega al expediente el escrito signado por los quejosos Miguel Ángel Serafín Larios Cruz y Jorge Delfino Linares Cruz, mediante el cual desahogan la prevención formulada en autos y precisan lo siguiente: 1.- Que no tramitaron la revisión de la medida de prisión preventiva conforme al artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2.- Por lo anterior, manifiestan que no es su deseo reclamar la resolución que el Juez de la causa emitió respecto a la revisión de prisión preventiva conforme al artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3.- Precisan que no existe fecha, autoridad judicial que haya emitido resolución alguna al respecto de la revisión de la medida cautelar en cita. 4.- Indican, que en contra de la resolución de la revisión de medida de prisión preventiva no interpusieron recurso de apelación, por lo que no existe fecha ni sala que haya emitido determinación alguna al respecto. 5.- Por ello los quejosos, reiteran que señalan como autoridad responsable a la indicada en la demanda, esto es, a los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. 6.- Dado lo anterior, los quejosos precisan que el acto que por esta vía reclaman lo es: "EL ACTO QUE RECLAMAMOS A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE CONSISTE EN: TENERNOS A SU DISPOSICIÓN JURÍDICA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN 202/2002 DE SU ÍNDICE INTERNO, AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA AL BATÁN KM 2.5 COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN ÉSTA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA; PRIVADOS ILEGALMENTE DE LA LIBERTAD BAJO LA FIGUERA PROCESAL DE PRISIÓN PREVENTIVA, QUE INCICIÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 Y DEBIÓ CONCLUIR EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018." En consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada en autos, y por precisado el acto reclamado en los términos señalados en el párrafo precedente, por el cual se procede a proveer en los siguientes términos: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el caso, se observa que la demanda presentada por +++++++++++++++++ queda subsumida en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es necesario destacar lo señalado en el segundo escrito aclaratorio de la demanda en el que los quejosos precisan como acto reclamado, el siguiente: "EL ACTO QUE RECLAMAMOS A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE CONSISTE EN: TENERNOS A SU DISPOSICIÓN JURÍDICA DENTRO DEL TOCA DE APELACIÓN 202/2002 DE SU ÍNDICE INTERNO, AL INTERIOR DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN CARRETERA AL BATÁN KM 2.5 COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL EN ÉSTA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA; PRIVADOS ILEGALMENTE DE LA LIBERTAD BAJO LA FIGUERA PROCESAL DE PRISIÓN PREVENTIVA, QUE INICIÓ EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017 Y DEBIÓ CONCLUIR EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018." Al respecto, a juicio de este órgano judicial, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 105 y Quinto Transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y 75 de la Ley de Amparo, que prevén: Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.-- No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación.-- A. De los principios generales.-- (.) IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral.-- (.) VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución". Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 6. Principio de contradicción.-- Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código"."Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal.-- Son sujetos de procedimiento penal los siguientes:-- (.) Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico". "Quinto.- Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código". Del contenido del precepto constitucional y diversos numerales transcritos, se advierte que, la subsistencia de la continuación de la prisión preventiva por más de dos años de la que se duele la parte quejosa, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, sino que es necesario que, en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar la referida subsistencia de la prisión preventiva, sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, lo cual, además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo Quinto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis del referido ordenamiento procesal penal, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia de que los imputados, ahora quejosos, de acuerdo a lo que refieren en el capítulo de antecedentes del acto reclamado en cuanto al tiempo que llevan en prisión preventiva, deben en términos de lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis del Código Nacional de Procedimientos Penales, plantear la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la mencionada medida cautelar, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial -como en el caso-, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas. Porque la razón del artículo quinto transitorio refiere al entendimiento del artículo 1o. constitucional, según el cual no debe haber un trato desigual de los sujetos procesados en ambos sistemas, por lo que apunta al esfuerzo de homologar las medidas que el mismo legislador consideró pertinentes en la reforma a la que pertenece ese artículo quinto transitorio, de esta manera se entiende la naturaleza más favorable de la norma del nuevo sistema en relación a la prisión preventiva. En el entendido de que la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, sino que ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado o inculpado) y el debate que sostengan las partes durante el desarrollo de la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 453 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2015309, intitulada: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016". Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda de amparo promovida por los quejosos, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido por el artículo Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Notifíquese; y de forma personal a los quejosos (en el centro penitenciario donde se encuentra recluidos, ubicado en la ciudad de Puebla); y por oficio a su defensor público; y cúmplase
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Jorge Claudio Valle Chávez1132/2023
- Jorge Contle Flores799/2019
- Jorge Contle Flores310/2019
- Jorge Cuatepotzo Aleman647/2021
- Jorge David Rosas Armijo900/2022
- Jorge David Rosas Armijo1095/2019
- Jorge Domínguez Fuentes (Hijo)82/2023
- Jorge Eduardo Fuentes de Maria Castillo772/2019
- Jorge Eduardo Lara Vela780/2019
- Jorge Eduardo Tellez Pérez1410/2017
- Jorge Eduardo Téllez Pérez1339/2017
- Jorge Emilio Cesin Sanchez23/2022