Jorge De Ligorio Leal
Expediente 143/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 1 actuación registrada, la última del 13 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/06/2016
Partes del expediente
- Jorge De Ligorio Leal
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro Querétaro trece de junio de dos mil dieciséis COMPETENCIA Se tiene por recibido el oficio 5394/2016, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con el que remite los anexos descritos en la certificación que antecede; del proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, de la que se advierte que dicho tribunal declaró carecer de competencia para conocer de la demanda promovida por los quejosos ****, por cuanto hace a la resolución de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, que atribuye a la 1. Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Atento a lo anterior, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto; por lo que, remítase el acuse de recibo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de juicio de amparo 143/2016-II-A, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de los actos reclamados por los quejosos, consistentes en: La sentencia de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, emitida en el toca 119/2016 de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, mediante la cual determinó dejar insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil quince, pronunciada por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en el expediente 49/2011 y ordenó reponer el procedimiento respecto de los hoy quejosos hasta antes del auto que declara cerrada la instrucción de nueve de marzo de dos mil quince, para el único efecto de que el juez de origen ordene la ratificación de diversos medios de prueba. Resolución que fundó en la tesis número 1a. XXXIV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. (foja 95, del tomo XV de pruebas) Lo anterior por considerar que en el caso, los actos reclamados lo constituyen una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que es Estado Mexicano sea parte; . De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados en juicio, siempre que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo estos aquellos actos que afectan en forma material y presente un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando a un lado a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual, sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, para que pueda resentirse. La jurisprudencia ha sostenido que reponer el procedimiento para el desahogo de pruebas periciales es un acto de imposible reparación, ya que estas pueden ocasionar una reclasificación en el delito, sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata de la reposición para ratificar un dictamen, ya que el contenido del mismo no tendrá variante, será el mismo, lo único que se busca desaparecer el vicio formal para que el Juez pueda valorar adecuadamente en sentencia. En ese sentido la resolución reclamada, ordena únicamente la ratificación de dictámenes periciales, no así el desahogo; por tanto, el acto en sí busca subsanar un vicio formal mediante la ratificación correspondiente, a efecto que el juez pueda valorar la prueba debidamente en sentencia y con ello respetar el equilibrio procesal. A esa conclusión llegó la autoridad responsable fundándose en la tesis número 1a. XXXIV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE. Esta Primera Sala ha establecido, en la tesis aislada 1a. LXIV/2015 (10a.), (1) la inconstitucionalidad del artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, por vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal entre las partes al eximir a los peritos oficiales de ratificar los dictámenes que ofrezcan, pero obligando a que lo hagan los de las demás partes, lo que origina un desequilibrio procesal que conduce a considerar que la opinión pericial que no sea ratificada debe estimarse imperfecta y, en tanto no cumpla con dicha condición, carente de valor probatorio alguno; sin embargo, la desigualdad procesal advertida no da lugar a considerar que los dictámenes emitidos por peritos oficiales que no son ratificados constituyan prueba ilícita que deba ser excluida del análisis probatorio correspondiente, sino un vicio formal susceptible de ser subsanado mediante la ratificación correspondiente. Ello es así, en tanto que la formalidad en cuestión no trasciende de manera sustantiva al contenido de la prueba pericial en el proceso penal, es decir, a la metodología y conclusión del dictamen, sino que se vincula exclusivamente con la imposibilidad de conferirle valor probatorio, se insiste, hasta en tanto el mismo no sea ratificado por el perito oficial que lo haya rendido. En consecuencia, a fin de restaurar la igualdad procesal entre las partes, basta con que se ordene la ratificación del dictamen, incluso en vía de reposición del procedimiento, en su caso, para que el señalado vicio formal desaparezca y pueda estar en condiciones de ser valorado por el juez. Bajo esas consideraciones el acto reclamado no produce una afectación presente y material a derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso dependerá del valor probatorio que el Juez otorgue a las pruebas periciales en la sentencia que llegue dictar, y será hasta ese momento que pueda impugnarse en la vía constitucional previo agotar la definitividad correspondiente. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Toda vez que los quejosos manifiestan encontrase recluidos, de conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las citas y notificaciones de carácter personal o urgente en el***, lugar en que se encuentran internos. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Juan Carlos Corona Yáñez. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, personalmente y de manera inmediata a los quejosos en su lugar de reclusión.
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