Jorge de Jesús Silva Botello

Expediente 135/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
135/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
22/02/2017

Partes del expediente

  • Jorge de Jesús Silva Botello

Actuaciones

  1. Principal

    En veintidós de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del catorce al veinte del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dentro del juicio de amparo 135/2017-2 promovido por Jorge de Jesús Silva Botello.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de amparo promovida por Jorge de Jesús Silva Botello; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° de la propia ley de la materia, en relación con los diversos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. EMVG

  2. Principal

    En nueve de febrero de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con la circunstancia de que Pedro Perales Carlos tiene registrada su cédula profesional 1914293 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, con la demanda registrada con el folio 1838 y tres copias de ésta.-Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de febrero de dos mil diecisiete. CUENTA. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge de Jesús Silva Botello, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1,8, 14, 16 y 17 constitucionales. REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 135/2017-2, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. Autoridad responsable: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas Acto reclamado: La negativa de dictar sentencia definitiva dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario número 57/2016, promovido por Jorge de Jesús Silva Botello contra Juana García Olguín. DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la ley de la materia, el último aplicado en sentido contrario que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la Ley Fundamental o de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 170 y 171 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo..." II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, en lo que interesa, se deduce que por regla general, la vía en la que deben reclamarse los actos dentro de juicio que afecten derechos adjetivos o procesales del quejoso, es el juicio de amparo directo. Lo anterior, puesto que en esta vía de control constitucional es posible combatir las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieran afectado las defensas del quejoso y trascendido al resultado del fallo. Ahora bien, la regla expuesta encuentra su excepción cuando dentro del juicio surjan cuestiones que sean de imposible reparación para las partes, caso en el que puede acudirse inmediatamente al amparo indirecto. Ello, de acuerdo con el artículo 107, fracción V, del ordenamiento en mención, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El precepto citado establece la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación; tales actos se entienden como los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio tengan una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales en un juicio obtiene sentencia favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del procedimiento deben ser combatidas constitucionalmente, por regla general, en la vía de amparo directo, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, reclama la negativa de dictar sentencia definitiva dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario número 57/2016, por él promovido contra Juana García Olguín. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte el promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. En esa línea, la negativa de dictar sentencia dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario número 57/2016, por sí sola, únicamente tiene efectos procesales, por lo que se advierte que dicho acto no resulta ser de imposible reparación, toda vez que éste no produce una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasiona una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegará a trascender en el resultado del fallo de donde emana el acto que aquí se reclama. Además, este juzgado considera que no se advierte que exista una dilación evidente que implique la paralización total del juicio de origen, ya que el quejoso en su demanda de amparo, reseñó los antecedentes del acto reclamado y, bajo protesta de decir verdad expuso que: Promovió juicio civil ordinario de divorcio necesario registrado con el número 57/2016, contra Juan García Olguín, tramitado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Seguido el juicio en sus etapas de pruebas y alegatos, mediante proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, se señalaron las nueve horas con treinta minutos de quince de noviembre de dos mil dieciséis, para que tuviera verificativo la audiencia con las partes en que se ventilarían las cuestiones de alimentos, guarda y custodia y convivencia con los menores Jorge de Jesús, Jade Isabel y Miguel Ángel de apellidos Silva García. Inconforme con tal acuerdo, el actor por conducto de su abogado patrono, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró infundado. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, se levantó acta de no asistencia de persona alguna interesada a la referida audiencia, haciendo constar tal circunstancia. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en atención a la solicitud de la parte actora, en el sentido de que no se demostró interés alguno de las partes materiales en el desahogo de la diligencia, se pasaran los autos para dictar sentencia; ante ello, el juez responsable acordó que de manera previa a citar el juicio para oír sentencia, era necesario escuchar a las partes en torno a las cuestiones de alimentos, guarda y custodia y convivencia con los menores Jorge de Jesús, Jade Isabel y Miguel Ángel de apellidos Silva García. A su vez, mediante auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, se negó de nueva cuenta la solicitud de citar a las partes para oír sentencia en el juicio de divorcio necesario. Inconforme con tal proceder, el actor interpuso recurso de revocación, el cual se desechó por improcedente, mediante proveído de diez de enero de dos mil diecisiete. Finalmente, interpuso recurso de apelación contra este último acuerdo, el cual, por auto de dieciséis de enero del año en curso, se declaró inadmisible por no tratarse de un acuerdo apelable, en términos de lo previsto por el artículo 374, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, esta última interpretada en sentido contrario, pues la resolución reclamada no afecta los derechos fundamentales que a favor del individuo tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de que México es parte, lo procedente ese desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jorge de Jesús Silva Botello. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Perales Carlos, en virtud a que tiene registrada su cédula profesional 1914293, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Salva1dor Vidal, número 114, colonia Bellavista, en esta ciudad; y, como autorizado únicamente para tal fin, a José Cortés Carrillo, por asó haberlo solicitado el impetrante. Se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. L'JMZG.

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