Jorge Dau Villafaña
Expediente 660/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/04/2022
Partes del expediente
- Jorge Dau Villafaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Citatorio principal.- Por este medio se notifica al perito de la autoridad responsable Luis Enrique Beltrán Robles, el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que dice: Visto el escrito y oficio de cuenta suscritos por los peritos designados por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, por medio de los cuales, hacen del conocimiento que se encuentran realizado los trabajos de gabinete y solicitan una prórroga a efecto de estar en aptitud de rendir sus opiniones técnicas correspondientes; glósense a los autos el escrito y oficio de cuenta para que surtan los efectos legales conducentes y atento a su petición, se le otorga una prórroga de diez días hábiles, a fin de que emitan el dictamen que les fue encomendado o manifiesten el impedimento que para ello tengan, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las pruebas periciales de mérito, se integrarán únicamente con el dictamen del diestro designado por este órgano de control constitucional.
- Principal
Del análisis de las constancias que conforman el sumario, se aprecia que por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio , suscrito por el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, adjunto al cual, exhibió copia certificada de la constancia con la que informó a este tribunal de amparo, la forma y términos en que se llevaron a cabo los actos tendentes a acatar la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, en dicho auto se ordenó dar vista a las partes interesadas con el comunicado de mérito y anexos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera con el cumplimiento dado por las citadas autoridades, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, éste órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la responsable. El acuerdo en comento le fue notificado a la parte agraviada el siete de enero siguiente y al tercero interesado el veinte de diciembre anterior, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este Juzgado de Distrito procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclamó de la autoridad señalada como responsable, el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio civil ordinario número 928/2010, mediante el cual, se desestimó el recurso de revocación promovido por el actor, contra el acuerdo de veinticinco de marzo anterior, en el que solicitó se tuviera por conforme a su contraparte respecto de la petición que formuló para que se girara oficio al Director de Catastro de dicha localidad. Por sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la Jueza Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco con sede en Puerto Vallarta, una vez que dejara insubsistente la sentencia reclamada, pronunciara otra en la que, en atención al principio de congruencia y exhaustividad, diera respuesta frontal a las manifestaciones contenidas en el recurso de revocación hecho valer y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que estimara procedente sobre dicho medio de impugnación, en el cual se controvirtió la negativa a girar oficio a la Oficina de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que llevara a cabo la cancelación de la anotación que fue gestionada. Por auto de ocho de noviembre siguiente, se declaró ejecutoriada la sentencia de que se trata y se requirió a la autoridad responsable obligada al cumplimiento del fallo protector. En atención al requerimiento de referencia, la autoridad laboral de trato, exhibió el comunicado y anexos a que se hace referencia en el primer párrafo de este acuerdo. Ahora bien, los actos que debía realizar la precitada autoridad responsable, eran los siguientes: I. Dejar insubsistente la resolución objeto de reclamo en sede constitucional. II. En su lugar, emitir otra en la que diera respuesta a las manifestaciones contenidas en el recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo que desestimó el recurso de revocación promovido por el actor, contra el acuerdo de veinticinco de marzo anterior, en el que gestionó que se le tuviera por conforme a su contraparte respecto de la petición que formuló para que se girara oficio al Director de Catastro de Puerto Vallarta, Jalisco, para que llevara a cabo la cancelación de la anotación respectiva y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que estimara procedente sobre dicha impugnación. Por oficio registrado en la Oficialía de partes de este órgano de control constitucional el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto exhibió el siguiente documento: ÚNICO. Copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual, conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, al avocarse nuevamente al estudio de los agravios hechos valer a través del recurso de revocación interpuesto, consideró fundado el recurso interpuesto, revocó el auto recurrido, estimó justificado el cumplimiento voluntario de la parte actora con la proposición tercera de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada en dicho asunto y ordenó girar atento oficio a la Oficina de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de que se realizaran las cancelaciones de las anotaciones catastrales que se hubieren realizado con motivo de la expedición de la escritura pública o manifestara la imposibilidad que tuviere para hacerlo. Debe decirse que el documento descrito, merece se le conceda valor probatorio pleno, al ser copias certificadas de unas de las actuaciones que conforman el juicio de origen. De ellas se desprende que el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, efectuó los siguientes actos: Dejó insubsistente la resolución impugnada en el presente juicio de amparo y, Emitió una nueva resolución en relación con el recurso de revocación interpuesto en el juicio de origen, en la cual se ciñó a las directrices establecidas en el fallo protector. Se afirma que la nueva resolución es conforme a los lineamientos expresados en la sentencia amparadora, por lo siguiente: Porque al emitir una nueva determinación en la que consideró fundados los agravios hechos valer en el natural y ordenó girar el oficio a la Oficina de Catastro para que se llevaran a cabo las anotaciones correspondientes, atendió a lo resuelto en el presente juicio de garantías. Por tanto, si los motivos que originaron la concesión del amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, medularmente fueron, porque se consideró que en la resolución impugnada vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de legalidad prevista en el artículo 16, de la Constitución Federal, así como, la de impartición de justicia, dada la inobservancia del principio de congruencia contenido en el artículo 17, constitucional y en cumplimiento al fallo protector, pronunció una nueva decisión en la que subsanó la violación en que incurrió, es evidente que con ello se colman las garantías por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Consecuentemente, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el otorgamiento de la tutela federal y carecer de relevancia documental, requiérase a las partes, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezcan a este Juzgado a recoger, los documentos originales o copias certificadas, que en su caso exhibieron en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Tal y como se ordena en autos por este medio se notifica al tercero interesado Sergio Alberto de la Peña Velasco el auto de fecha siete de marzo de dos mil veintidos que dice: Del análisis de las constancias que conforman el sumario, se aprecia que por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio , suscrito por el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, adjunto al cual, exhibió copia certificada de la constancia con la que informó a este tribunal de amparo, la forma y términos en que se llevaron a cabo los actos tendentes a acatar la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, en dicho auto se ordenó dar vista a las partes interesadas con el comunicado de mérito y anexos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera con el cumplimiento dado por las citadas autoridades, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, éste órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la responsable. El acuerdo en comento le fue notificado a la parte agraviada el siete de enero siguiente y al tercero interesado el veinte de diciembre anterior, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este Juzgado de Distrito procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, cabe hacer las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclamó de la autoridad señalada como responsable, el acuerdo de siete de abril de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio civil ordinario número 928/2010, mediante el cual, se desestimó el recurso de revocación promovido por el actor, contra el acuerdo de veinticinco de marzo anterior, en el que solicitó se tuviera por conforme a su contraparte respecto de la petición que formuló para que se girara oficio al Director de Catastro de dicha localidad. Por sentencia dictada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección solicitados, para el efecto de que la Jueza Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco con sede en Puerto Vallarta, una vez que dejara insubsistente la sentencia reclamada, pronunciara otra en la que, en atención al principio de congruencia y exhaustividad, diera respuesta frontal a las manifestaciones contenidas en el recurso de revocación hecho valer y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que estimara procedente sobre dicho medio de impugnación, en el cual se controvirtió la negativa a girar oficio a la Oficina de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para que llevara a cabo la cancelación de la anotación que fue gestionada. Por auto de ocho de noviembre siguiente, se declaró ejecutoriada la sentencia de que se trata y se requirió a la autoridad responsable obligada al cumplimiento del fallo protector. En atención al requerimiento de referencia, la autoridad laboral de trato, exhibió el comunicado y anexos a que se hace referencia en el primer párrafo de este acuerdo. Ahora bien, los actos que debía realizar la precitada autoridad responsable, eran los siguientes: I. Dejar insubsistente la resolución objeto de reclamo en sede constitucional. II. En su lugar, emitir otra en la que diera respuesta a las manifestaciones contenidas en el recurso de revocación hecho valer contra el acuerdo que desestimó el recurso de revocación promovido por el actor, contra el acuerdo de veinticinco de marzo anterior, en el que gestionó que se le tuviera por conforme a su contraparte respecto de la petición que formuló para que se girara oficio al Director de Catastro de Puerto Vallarta, Jalisco, para que llevara a cabo la cancelación de la anotación respectiva y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que estimara procedente sobre dicha impugnación. Por oficio registrado en la Oficialía de partes de este órgano de control constitucional el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto exhibió el siguiente documento: ÚNICO. Copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual, conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, al avocarse nuevamente al estudio de los agravios hechos valer a través del recurso de revocación interpuesto, consideró fundado el recurso interpuesto, revocó el auto recurrido, estimó justificado el cumplimiento voluntario de la parte actora con la proposición tercera de la resolución emitida por el Tribunal de Alzada en dicho asunto y ordenó girar atento oficio a la Oficina de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de que se realizaran las cancelaciones de las anotaciones catastrales que se hubieren realizado con motivo de la expedición de la escritura pública o manifestara la imposibilidad que tuviere para hacerlo. Debe decirse que el documento descrito, merece se le conceda valor probatorio pleno, al ser copias certificadas de unas de las actuaciones que conforman el juicio de origen. De ellas se desprende que el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, efectuó los siguientes actos: Dejó insubsistente la resolución impugnada en el presente juicio de amparo y, Emitió una nueva resolución en relación con el recurso de revocación interpuesto en el juicio de origen, en la cual se ciñó a las directrices establecidas en el fallo protector. Se afirma que la nueva resolución es conforme a los lineamientos expresados en la sentencia amparadora, por lo siguiente: Porque al emitir una nueva determinación en la que consideró fundados los agravios hechos valer en el natural y ordenó girar el oficio a la Oficina de Catastro para que se llevaran a cabo las anotaciones correspondientes, atendió a lo resuelto en el presente juicio de garantías. Por tanto, si los motivos que originaron la concesión del amparo y protección de la justicia Federal a la parte quejosa, medularmente fueron, porque se consideró que en la resolución impugnada vulneró en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de legalidad prevista en el artículo 16, de la Constitución Federal, así como, la de impartición de justicia, dada la inobservancia del principio de congruencia contenido en el artículo 17, constitucional y en cumplimiento al fallo protector, pronunció una nueva decisión en la que subsanó la violación en que incurrió, es evidente que con ello se colman las garantías por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Consecuentemente, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el otorgamiento de la tutela federal y carecer de relevancia documental, requiérase a las partes, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezcan a este Juzgado a recoger, los documentos originales o copias certificadas, que en su caso exhibieron en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente
- Principal
Aviso Principal: Por este medio se notifica al quejoso, el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, que dice: Del análisis de las constancias que conforman el sumario, se aprecia que por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio , suscrito por el Juez Tercero de lo Civil de Puerto Vallarta, Jalisco, adjunto al cual, exhibió copia certificada de la constancia con la que informó a este tribunal de amparo, la forma y términos en que se llevaron a cabo los actos tendentes a acatar la sentencia concesoria del amparo. Asimismo, en dicho auto se ordenó dar vista a las partes interesadas con el comunicado de mérito y anexos, para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniera con el cumplimiento dado por las citadas autoridades, apercibidas que, de no hacer manifestación alguna, éste órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la responsable. El acuerdo en comento le fue notificado a la parte agraviada el siete de enero siguiente y al tercero interesado el veinte de diciembre anterior, sin que oportunamente hubieran desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este Juzgado de Distrito procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por tanto, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Consecuentemente, en su oportunidad, archívese el presente asunto, previas las anotaciones en el libro correspondiente, como definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este tribunal considera que el presente juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el otorgamiento de la tutela federal y carecer de relevancia documental, requiérase a las partes, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezcan a este Juzgado a recoger, los documentos originales o copias certificadas, que en su caso exhibieron en el presente juicio, apercibidos que de no hacerlo en el aludido término, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término transcurrió sin que las partes, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco con sede en Puerto Vallarta, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita a este juzgado constancia fehaciente del cumplimiento que haya dado a la resolución de que se trata, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa. Finalmente, visto el escrito de cuenta, suscrito por el quejoso mediante el cual, realiza manifestaciones de las que se advierte que solicita se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por las razones que expone, a lo anterior, se acuerda; glósese a los presente autos el escrito de cuenta, y atento a su contendido dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden, lo anterior, para los efectos legales conducentes.
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