Jorge Daniel González López

Expediente 725/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
725/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Daniel González López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos en que se actúa, se aprecia que para el día de hoy está señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no podrá llevarse a cabo en razón de que no transcurrió el plazo de ocho días a fin de que la defensora pública federal de la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, mismo que fue materia del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las trece horas con cincuenta minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey**

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: " ".Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que hasta este momento no se advierte, de manera fehaciente, la etapa en la que se encuentra la petición del quejoso, la protección constitucional se concede para el efecto de que la autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva, Director de Pensiones y Jubilaciones, Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones y Coordinación de Prestaciones, todas de dicho Instituto, con residencia en esta ciudad, realicen lo siguiente: 1. Lleven a cabo las gestiones necesarias para integrar el expediente del quejoso José Manuel Limón Aguilar. 2. Den respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente del amparo. 3. Le den a conocer la contestación respectiva. ." Sentencia que fue recurrida por la autoridad responsable Coordinación de Prestaciones Económicas y Sociales, Zona Costa, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, fallo que fue confirmado mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 85/2023, del índice del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, resolviendo lo siguiente: "[.] R E S U E L V E : ÚNICO. Se confirma la sentencia que se revisa y la Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa, en los términos y para los efectos precisados por el juzgado de distrito. (.)" Motivo por el cual mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, a través del correo electrónico institucional, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la delegada autorizada de la autoridad responsable, informó las gestiones encaminadas al cumplimiento del fallo protector, y remitió copia del oficio de catorce de junio de dos mil veintitrés, dirigido al aquí quejoso José Manuel Limón Aguilar, mediante el cual la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali, le dio respuesta congruente a su solicitud de pensión; asimismo, informó la imposibilidad de las autoridades responsables para notificar dicha respuesta al aquí quejoso. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, haya manifestado la imposibilidad que tuvo para realizar la notificación a la parte quejosa respecto del oficio DGPJ-483/2023 de catorce de junio de dos mil veintitrés, ya que conjuntamente con el auto en el que se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable, se ordenó a la persona Actuaria de la adscripción correr traslado con copia de dicho oficio, con lo que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Atento a lo anterior, queda demostrado que la responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo, ello es así, ya que emitió respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión del aquí quejoso José Manuel Limón Aguilar. Ahora, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por Francisco Javier Cueva Rodríguez, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, en el sentido de que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes en los que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ello por virtud de que no es dable analizar la legalidad de lo expresado por la autoridad responsable, pues, cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, ya que, en su caso, deberá ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XV. J/6 A, de la Undécima Época, materias Constitucional Administrativa, visible en la página 2141, Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 2024038, cuyo rubro dice: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada. PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO. Contradicción de tesis 9/2020. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 23 de noviembre de 2021. Mayoría de seis votos de los Magistrados Jorge Alberto Garza Chávez, Graciela M. Landa Durán, Gustavo Gallegos Morales, Susana Magdalena González Rodríguez, Adán Gilberto Villarreal Castro y Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado. Ausente: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Disidente: Alejandro Gracia Gómez. Ponente: Susana Magdalena González Rodríguez. Secretario: Óscar Jaime Carrillo Maciel. Criterios contendientes: El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver las inconformidades 35/2019, 2/2020 y 5/2020, y el diverso sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver la inconformidad 2/2020. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de rubro: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO." citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 203, con número de registro digital: 190356. Esta tesis se publicó el viernes 14 de enero de 2022 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de enero de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/cehc

  3. Principal

    seis de julio de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hago constar que de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, siendo las nueve horas de esta fecha, se notifica por medio de lista a Adriana Palao Mendoza, defensora pública federal del quejoso Jorge Daniel González López, el acuerdo dictado (a) el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional y se tiene por legalmente hecha la notificación del acuerdo antes citado, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos con vista a las partes, para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; lo anterior, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra habilitada la vinculación de las constancias que integran la causa penal 594/2023 del índice, del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, proceda la Secretaria encargada del trámite del presente juicio de amparo a realizar la certificación correspondiente de las mencionadas documentales; las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Luego, del informe que se agrega se advierte que el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-3, de la Unidad de Investigación y Litigación, Delegación Baja California, con sede en esta ciudad, fue quien intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado y, dado que no tiene el carácter de autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesada. En consecuencia, emplácesele por medio de oficio, haciéndole saber la fecha y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio. Finalmente, toda vez que de la certificación que remitida por el Juez de Distrito responsable se aprecia que dentro de la causa penal 594/2023, del índice de la responsable, a la presente data Adriana Palao Mendoza prevalece con el carácter de defensora pública del aquí quejoso; por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene por reconocida su personalidad en el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por la quejosa ********************; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintitrés, en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo. Por tanto, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia simple del escrito de expresión de agravios y una vez que el presente expediente se encuentre integrado, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda para la substanciación del recurso de revisión relativo. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/cehc

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