Jorge Daniel Balderrama Contreras

Expediente 667/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
667/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Daniel Balderrama Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 667/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. a).- Se reclama de la responsable la omisión a expedir sentencia definitiva en términos de ley, así como el ser omisa a fundamentar la negación a pronunciar la resolución de cuenta, en juicio ejecutivo mercantil con número de expediente *******, cuyas etapas procesales han sido agotadas, aunado a ello, le reprocho el exceso de tiempo sin causa justificada a emitir la trastocada sentencia, según ha sido el caso hasta el día de hoy. SEGUNDO. Concesión de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno y se emitió la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisan a continuación: [.] el amparo y protección de la Justicia Federal se otorga para que el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: - Ajustándose a lo establecido por los artículos 1407 a 1409 del Código de Comercio y demás relativos, emita la sentencia que corresponda en el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice. [.] TERCERO. Primer requerimiento de cumplimiento. En auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, al no haberse inconformado las partes con dicho fallo, éste causó ejecutoria y se requirió al Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la resolución definitiva emitida dentro del presente juicio. Atento a lo anterior, mediante oficio ******* y anexo, que remite el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, informó que el veintiocho de octubre del presente año, dictó una sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ******* de su índice; de lo cual se le dio vista a la parte quejosa, mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, misma que ha transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, se procede a analizar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista personalmente a la parte quejosa, a fin de que precisara su inconformidad con el contenido del oficio mediante oficio ******* y anexo, apercibida de que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que haya hecho manifestación alguna. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En virtud de que la responsable dictó una sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ******* de su índice del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y la parte quejosa no realizó manifestación alguna en cuanto a su inconformidad con dicho cumplimiento. En tales condiciones, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al peticionario de amparo el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ********************-III ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 667/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADO. a).- Se reclama de la responsable la omisión a expedir sentencia definitiva en términos de ley, así como el ser omisa a fundamentar la negación a pronunciar la resolución de cuenta, en juicio ejecutivo mercantil con número de expediente *******, cuyas etapas procesales han sido agotadas, aunado a ello, le reprocho el exceso de tiempo sin causa justificada a emitir la trastocada sentencia, según ha sido el caso hasta el día de hoy. SEGUNDO. Concesión de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veintidós de octubre de dos mil veintiuno y se emitió la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisan a continuación: [.] el amparo y protección de la Justicia Federal se otorga para que el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: - Ajustándose a lo establecido por los artículos 1407 a 1409 del Código de Comercio y demás relativos, emita la sentencia que corresponda en el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice. [.] TERCERO. Primer requerimiento de cumplimiento. En auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, al no haberse inconformado las partes con dicho fallo, éste causó ejecutoria y se requirió al Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la resolución definitiva emitida dentro del presente juicio. Atento a lo anterior, mediante oficio ******* y anexo, que remite el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, informó que el veintiocho de octubre del presente año, dictó una sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ******* de su índice; de lo cual se le dio vista a la parte quejosa, mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, misma que ha transcurrido, sin que haya realizado manifestación alguna. Por tanto, se procede a analizar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. QUINTO. Vista a las partes. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista personalmente a la parte quejosa, a fin de que precisara su inconformidad con el contenido del oficio mediante oficio ******* y anexo, apercibida de que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que haya hecho manifestación alguna. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. La que suscribe procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En virtud de que la responsable dictó una sentencia en el juicio ejecutivo mercantil ******* de su índice del Juzgado Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y la parte quejosa no realizó manifestación alguna en cuanto a su inconformidad con dicho cumplimiento. En tales condiciones, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al peticionario de amparo el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto ********************-III ha quedado cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. En atención a lo anterior, debe precisarse que se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos: Ajustándose a lo establecido por los artículos 1407 a 1409 del Código de Comercio y demás relativos, emita la sentencia que corresponda en el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad jurisdiccional responsable, esto es, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informen a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se impondrá como sanción una multa que asciende a la cantidad de ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional ($8,688.00), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. No pasa inadvertido para el suscrito, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a ésta a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado al Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la cual para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no pude haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese por lista a las partes, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 667/2021-III, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. El veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: IV.- ACTO U OMISIÓN RECLAMADO.- a).- Se reclama de la responsable la omisión a expedir sentencia definitiva en términos de ley, así como el ser omisa a fundamentar la negación a pronunciar la resolución de cuenta, en juicio ejecutivo mercantil con número de expediente *******, cuyas etapas procesales han sido agotadas, aunado a ello, le reprocho el exceso de tiempo sin causa justificada a emitir la trastocada sentencia, según ha sido el caso hasta el día de hoy. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derecho vulnerado el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 667/2021-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que tiene lugar en el sitio en el que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclama al Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio ejecutivo mercantil *******, al ser omiso en dictar la sentencia correspondiente, dentro del plazo otorgado por el Código de Comercio. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice, mismas que envió adjuntas a su informe, de donde se colige que desde el tres de agosto de dos mil veintiuno, citó a las partes para oír sentencia, sin embargo, no ha sido pronunciada pese a que ya feneció el plazo de ocho días, otorgado en el Código de Comercio; por tanto, se tiene como cierto el acto que le fue atribuido. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al haber sido certificadas por una servidora pública en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria Judicial adscrita al juzgado responsable. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse la actualización de ninguna causal de improcedencia, se continúa con esta sentencia y se estudia el acto reclamado, el cual no se transcribirá en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio ejecutivo mercantil *******, argumentando, esencialmente, que el responsable Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, no ha emitido la sentencia correspondiente, dentro del plazo previsto por el Código de Comercio, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación es fundado. Ahora, el artículo 17, párrafo segundo, Constitucional, establece lo siguiente: 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades judiciales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y, además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades judiciales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Por su parte, los artículos 1406 y 1407 del Código de Comercio, disponen lo siguiente: Artículo 1406.- En la audiencia en la que se desahogue la última de las pruebas, el tribunal dispondrá que las partes aleguen por sí o por sus abogados o apoderados, primero el actor y luego el demandado; procurando la mayor brevedad y concisión. Los alegatos siempre serán verbales. Concluida la etapa de alegatos se citará para sentencia. Queda prohibida la práctica de dictar alegatos a la hora de la diligencia. Artículo 1407.- La sentencia se pronunciará dentro del plazo de ocho días, posteriores a la citación. Del primero de los preceptos transcritos se desprende que en la última audiencia de desahogo de pruebas, el tribunal requerirá a las partes, de ser su deseo, para que formulen sus alegatos correspondientes. Así, una vez concluida la etapa de alegatos, el órgano jurisdiccional los citará para oír sentencia, la cual, según el segundo de los numerales en cita, deberá ser pronunciada dentro de los ocho días posteriores. En la especie, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil *******, se advierte que, el seis de julio de dos mil veintiuno, se aperturó la etapa de alegatos, por un término de tres días comunes; fenecido el plazo, el tres de agosto del año en curso, el Juzgado responsable, citó a las partes para oír sentencia definitiva, de lo cual quedaron debidamente notificadas el cuatro de los mismos, mediante lista publicada en los estrados del órgano jurisdiccional; sin embargo, a la fecha no ha sido emitida la resolución correspondiente. Lo anterior, no obstante que el periodo de ocho días que establece el artículo 1407 del Código de Comercio, evidentemente, a la data (veintidós de octubre de dos mil veintiuno), ha transcurrido en exceso, pues han pasado más de dos meses, sin que el juzgado civil haya pronunciado la aludida sentencia; lo que evidencia sin lugar a dudas una abierta dilación al procedimiento judicial. Por tanto, la responsable infringió en perjuicio del solicitante del amparo el derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, violación que trasciende a su vez a los diversos de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, en la medida en que se vulnera el sentido y plazos establecidos en los numerales ya invocados. Así, con el propósito de hacer efectiva la tutela constitucional solicitada y los derechos humanos que se encuentran en juego, el amparo y protección de la Justicia Federal se otorga para que el Juez Séptimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: - Ajustándose a lo establecido por los artículos 1407 a 1409 del Código de Comercio y demás relativos, emita la sentencia que corresponda en el juicio ejecutivo mercantil *******, de su índice. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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