Jorge Daniel Balderrama Contreras
Expediente 845/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Daniel Balderrama Contreras
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la ley de la materia, sin que la parte interesada interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó su demanda de amparo; en tales condiciones, se declara que el mismo causa estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido y en su oportunidad remítase al área respectiva de este juzgado para su resguardo. Por otro lado, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que en este asunto se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental, de conformidad con el numeral 15 del citado acuerdo. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de garantías, firmada por el licenciado Eloy Alejandro Ríos Ortega, quien promueve con personería de endosatario en procuración del quejoso Jorge Daniel Balderrama Contreras, la que en este acto se reconoce, de conformidad con el numeral 11 de la Ley de Amparo, pues así la tiene acreditada en el juicio de origen, según lo acredita con el auto admisorio de ocho de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 550/2020; contra el acto del Juez Primero de lo Civil por Audiencias de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos y Secretario adscrito a ese órgano judicial, ambos residentes en esta ciudad. Fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el consecutivo 845/2021-VII. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, cabe señalar que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario de garantías en forma previa a acudir a esta instancia constitucional no agotó el principio de definitividad. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al amparista a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso se duele del auto de dieciséis de noviembre del presente año, dictado por el Juez Primero de lo Civil por Audiencias de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 550/2020, en el que medularmente se decretó lo siguiente: "(.) se ordena regularizar el procedimiento a fin de realizar una aclaración, toda vez se advierte que fue debidamente depositada la fianza fijada mediante proveído de fecha cuatro de noviembre de la presente anualidad, con motivo de la tramitación del juicio de garantías, por lo que se tiene al licenciado CARLOS ALBERTO LOMELÍ RANSOM, exhibiendo el comprobante de Resguardo de Valor, con número de folio 09636, expedido por el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Distrito Bravos, mediante el cual se acredita que depositó en dicha institución la cantidad de $14,270.19 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 19/100 MONEDA NACIONAL), a través del Billete de Depósito número 786246, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca en Desarrollo, a fin de que surta efectos la Suspensión Decretada en el auto citado con anterioridad. Aclaración que se tiene hecha para los efectos legales a que haya lugar". Al respecto, es conveniente precisar que no se soslaya que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, siendo lo correcto dieciséis de noviembre de la presente anualidad, esto es, tal como se advierte de las constancias que anexa a su ocurso de demanda, entre las que destaca precisamente la del auto de ese fecha y del que efectivamente se duele según lo expuesto en sus antecedentes del acto de autoridad; por lo anterior, dicha corrección, por el momento permite acceder a la solicitud del promotor del amparo, evitándose de esta forma caer en rigorismos excesivos, que pudieran dejarlo en estado de indefensión. Resulta aplicable al respecto, la tesis P. XLVIII/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, materia común, en su Novena Época, página: 69, del rubro y contenido siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto." Refiere el citado impetrante de garantías, que Carlos Alberto Lomelí Ransom no cuenta con personalidad para promover en el procedimiento natural -550/2020-, lo que trasgrede en su criterio los derechos humanos de la parte quejosa. Ahora bien, es indispensable precisar que de las constancias que adjuntó a su escrito inicial, entre la que destaca el auto admisorio de ocho de octubre de dos mil veinte, emitido en el expediente 550/2020, en el que se tuvo al aquí quejoso promoviendo juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de la moral denominada Elementos Arquitectónicos Profesionales en Construcción y Diseño, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en su carácter de deudor principal, así como también en contra de Christian Gabriela Medina Heras, en su carácter de aval (aquí designada como tercera interesada), se advierte que la suerte principal reclamada en el juicio de origen asciende a la cantidad de $258,940.32 (doscientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos 32/100), moneda nacional. Asimismo, cabe señalar que el Código de Comercio en sus artículos 1334, 1335 y 1340 disponen lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." De los anteriores preceptos se advierte que el recurso de apelación no será procedente en los juicios mercantiles en que se reclamen cantidades inferiores a $705,379.03 (setecientos cinco mil trecientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional); sin embargo, el ordenamiento legal antes indicado prevé que los autos que no sean apelables pueden ser impugnados a través de la revocación por el mismo juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Por lo que se itera, dado lo antes expuesto, que el quejoso no agotó el principio de defintividad, previo a promover juicio de amparo, dado que debió interponer el medio ordinario de defensa procedente contra el acto reclamado, en específico el recurso de revocación, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.59/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, con número de registro 163734, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Luego, en concordancia con la regla consignada en el numeral 1334 de la legislación mercantil invocada, los autos y decretos que no sean apelables serán impugnables a través del recurso de revocación. Al respecto, este órgano de control constitucional determina que sí es procedente el recurso de revocación para impugnar el acuerdo reclamado al juez responsable -dieciséis de noviembre de la anualidad que transcurre-, en el que de conformidad con el artículo 1055, fracción VIII, del Código de Comercio, se regularizó el procedimiento y aclaró lo acordado el doce de noviembre del presente año, en el sentido de que fue debidamente depositada la fianza fijada en proveído de cuatro de ese mes, a fin de que surtiera efectos la suspensión decretada, según se advierte de las actuaciones que en copia simple anexó a su demanda de amparo. Luego, si en el caso la parte quejosa, reclama el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 550/2020, de conformidad con el artículo 1334, del Código de Comercio, se encontraba en aptitud de interponer el recurso de revocación correspondiente, mediante el cual podía haberse modificado, revocado o nulificado el auto controvertido. En ese orden de ideas, es obligación del agraviado vigilar la debida prosecución del juicio en el que participa, precisamente con el fin de estar en posibilidad de impugnar debida y oportunamente aquellas actuaciones que puedan perjudicarle, pues de lo contrario incumple con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior, porque se insiste, el juicio de amparo es considerado un medio extraordinario de defensa, al cual se debe acudir una vez que se hayan agotado todos los medios de defensa ordinarios que establece la ley que regula el acto reclamado, para de esta manera acatar el principio de definitividad que lo rige, máxime que en la especie como se dijo, no se actualiza alguna de la excepciones a dicho principio, pues el acto reclamado no se relaciona con los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como tampoco incide en la libertad personal del quejoso, ni se trata de un tercero extraño al procedimiento, sino que es la parte actora. Además, en el caso, la parte quejosa no hace valer únicamente violaciones directas a la constitución, pues incluso refiere que el acto reclamado inobserva diversas disposiciones del Código de Comercio. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio y de conformidad a lo establecido en los numerales 62 y 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Conviene mencionar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente determinación, integradas conforme a la ley de la materia anterior, resultan aplicables en atención a que no se oponen a la nueva Ley de Amparo, tal y como lo dispone el artículo sexto transitorio de dicho cuerpo de leyes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Tezozomoc, número 1162, de la colonia Águilas de Zaragoza, en esta ciudad. Por lo que respecta al correo electrónico (alexrioa83@hotmail.com) que señala en su escrito, ténganse únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a los promoventes que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramite s.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitarios existentes respecto al virus COVID19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. En adición a lo anterior y atendiendo a las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2, con el fin de dar seguridad jurídica y preservar la salud debido a la pandemia que aqueja al país, se autoriza que el presente auto se remita vía electrónica a la parte quejosa una vez que haya sido proporcionado; por ende, se le requiere para que facilite un correo electrónico o en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo del año próximo pasado, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, de ser necesario, las determinaciones que se tomen podrán remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual manera, hágase del conocimiento de los promoventes que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con apoyo en los artículos 22 y 28, del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que de continuar con la tramitación de este juicio lo hagan en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu daohttps://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccio nales; por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Lo anterior en atención a que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por video llamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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