Jorge Cruz Galindo

Expediente 1984/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1984/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Cruz Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de dos de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Auxiliar en sustitución del Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente y designa delegado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada del auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, de su índice. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el promovente del amparo ********************, señaló como acto reclamado la omisión de ejecutar el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, así como, la omisión de señalar día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el aludido expediente; y de turnar los autos al Actuario para el desahogo de tal diligencia. En esas condiciones, de la constancia exhibida por la autoridad responsable -misma que adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dejó insubsistente el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo ********************, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y ordenó formular nuevo proyecto de laudo. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]. Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dejó insubsistente el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo ********************, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y ordenó formular nuevo proyecto de laudo. De lo anterior se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dejó insubsistente el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo ********************, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y ordenó formular nuevo proyecto de laudo. Lo que se corrobora con el anexo consistente en copia certificada del expediente laboral ********************, que se acompañó en el informe justificado. En este sentido, se actualiza la causal de improcedencia antes precisada, en el supuesto de sustitución procesal, ya que de las constancias reseñadas, se advierte que la omisión de ejecutar el laudo que se dictó el dieciocho de febrero de dos mil veintidós en el expediente laboral ********************, así como, la omisión de señalar día y hora para que tenga verificativo el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el aludido expediente; y de turnar los autos al Actuario para el desahogo de tal diligencia, y que constituyen los actos reclamados en análisis, fueron sustituidas por el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictado en el aludido expediente laboral, en donde la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dejó insubsistente el laudo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo ********************, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y ordenó formular nuevo proyecto de laudo. De ahí, que al haber cesado los efectos de las omisiones reclamadas, por sustitución procesal, resulta ocioso examinar su constitucionalidad; toda vez que ya no están surtiendo sus efectos, al ser el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, el que rige la situación jurídica de la parte quejosa. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Igualmente aplicable resulta el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que con el número III.3o.C.23 K, aparece publicado en la página 410, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ÉSTA Y NO AQUÉLLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y siete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo y acusa el recibo correspondiente. En consecuencia, se tiene a la citada autoridad acusando recibo e informando a este órgano jurisdiccional que se admite a trámite el recurso de revisión hecho valer en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número R-475/2022, de su índice. Notifíquese. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello; si es necesario realizar actuaciones, proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, dé cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano