Jorge Contreras Aguilar

Expediente 873/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
873/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
02/02/2018

Partes del expediente

  • Jorge Contreras Aguilar
  • Jorge Contreras Aguilar y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    II La certificación de cuenta evidencia que el quejoso dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la vigente Ley de Amparo, no recurrió el auto que sobreseyó el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Las háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, en el libro de gobierno, háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual en atención al requerimiento inserto en auto de diecinueve de diciembre pasado, remite diversas constancias relativas al expediente laboral J.29/1081/2010; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el auto de mérito y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le conmino. Por otra parte, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden resulta oportuno precisar que el acto reclamado es la omisión de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, con número de folio 6583 en el juicio laboral J.29/1081/2010. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular las exhibidas en el ocurso de cuenta, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, la omisión reclamada a la autoridad responsable, de acordar la promoción de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, con número de folio 6583 en el juicio laboral J.29/1081/2010, ha cesado sus efectos, toda vez que de las copias certificadas que remitió la referida responsable, se advierte que el doce de junio de dos mil diecisiete, con motivo de la solicitud hecha por la parte actora en el juicio laboral citado, dio contestación a la misma. En consecuencia, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en la página 198, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación, de marzo de 1993, materia común, Octava Época, con número de registro 216806, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." La tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cincuenta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es:

  3. Principal

    II Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Vista la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se fijó para este día a las las once horas con diez minutos, como se determinó en auto de veintiocho de noviembre pasado; sin embargo, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha desahogado el requerimiento formulado el diecinueve de los actuales, ni obra constancia con la cual acreditar que haya sido notificado del contenido del oficio 36138/2017 por el que se le formuló tal requerimiento. En tales condiciones, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del quince de enero de dos mil dieciocho para su celebración.

  4. Principal

    II Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado. Con el informe hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Ccon fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele a la responsable, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, remita copia certificada y legible de las constancias que acrediten la constitucionalidad del acto reclamado, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 363, publicada en la página 309 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

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