Jorge Claudio Valle Chávez
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Claudio Valle Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Incidente de suspensión 1131/2023-I. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Al incidente el oficio signado por la Directora del Centro Penitenciario del Estado de Puebla, mediante el cual informa que toma conocimiento de los efectos de la suspensión definitiva concedida al quejoso, y en atención a ello realizó las anotaciones correspondientes en el expediente único de ejecución penal de aquel; e informa que el mismo ingresó al centro penitenciario el seis de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Juicio de amparo 1131/2023-I.. Puebla, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio de la única autoridad ordenadora (registro 14289). Al expediente el oficio de la autoridad responsable Jueza de Enjuiciamiento del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla, por el cual comunica del resultado de la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el trece de noviembre pasado, en la carpeta judicial administrativa del juicio oral ++++, donde determinó no acceder a realizar un control de convencionalidad del artículo 19 constitucional, con la finalidad de inaplicar la prisión preventiva oficiosa. Lo cual acredita con la copia del acta mínima de trece de los cursantes, así como del disco óptico versátil digital que contiene la videograbación de dicha audiencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. La información que acaba de proporcionar la jueza responsable, implica la actualización de la causa de improcedencia que descansa en la figura del cambio de situación jurídica, cuyo estudio es obligatorio conforme el artículo 62 de la Ley de Amparo. De ahí que proceda decretar en este acuerdo el sobreseimiento del juicio, fuera de la audiencia constitucional que está fijada. Para demostrarlo, se hace notar que el estado procesal del juicio, permite visualizar el reclamo del proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual la Jueza Unitaria adscrita del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), se niega a señalar hora y fecha para "resolver respecto del derecho de acceder a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa" en virtud de que, hasta ese momento, el tribunal de alzada aun no resolvía el conflicto competencial que planteó para que se determinara qué juez debía conocer del juicio oral ++++++. Por lo tanto, la resolución que ahora comunica la jueza responsable actualiza la hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo relativa al cambio de situación jurídica por sustitución procesal, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el oficio y anexo de cuenta revelan que el acuerdo por el que se le negó al quejoso a señalar fecha y hora para la celebración de audiencia de revisión de medida cautelar, quedó superado frente a la celebración de la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el trece de noviembre de dos mil veintitrés, en la causa penal de juicio oral +++++. Luego, es válido afirmar que durante el trámite de este juicio de amparo sobrevino un cambio de situación jurídica, porque el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el cual la jueza responsable se negó a señalar hora y fecha para "resolver respecto del derecho de acceder a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa", fue sustituido procesalmente por la audiencia desahogada el trece de noviembre del año en curso, en la cual, la Jueza Unitaria adscrita al Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla, resolvió la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del quejoso, en los términos indicados en párrafos precedentes. Por lo tanto, como ya se mencionó, deben estimarse consumadas de manera irreparable las posibles violaciones que hubieran existido en el proveído que negó señalar fecha y hora para la celebración de medida cautelar, porque a la fecha es imposible examinar su legalidad, sin afectar la resolución dictada en audiencia de revisión de medida cautelar, pues esta última sustituye y supera el proveído reclamado. +++++ Por tanto, se declara actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que contempla la figura relativa al cambio de situación jurídica. Entonces, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia relatada (cambio de situación jurídica), se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de protección, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. La consideración previa encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que hubieran sido las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes. Oficio sin mayor acuerdo (registro 14297) En mérito de lo anterior, se agrega para que obre como corresponda el oficio de informe justificado signado por la Directora del Centro Penitenciario de Puebla por el cual rinde su informe justificado, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, tal como se advierte en los párrafos precedentes. Indicación a la actuaria de la adscripción Finalmente, se indica a la actuaria encargada del presente asunto, que en vista de que se ha determinado sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, +++++ resulta innecesario que realice los emplazamientos de los terceros interesados. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista) y por oficio a las autoridades responsables; y cúmplase.
- Incidental
Incidente de suspensión 1131/2023-I. En Puebla, Puebla, a las nueve horas con un minuto del trece de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para celebrar la audiencia incidental relativa al juicio de amparo 1131/2023-I--- ---- C O N S I D E R A N D O ----- -----. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Jueza de Enjuiciamiento del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla++++++++++++++++, al rendir su informe previo aceptó el acto recamado. Por su parte, la Directora del Centro Penitenciario del Estado de Puebla, negó la ejecución que le fue reclamada. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con sus propias manifestaciones, pues en su informe previo reconoce que se encuentra ejecutando en contra del aquí quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en la causa penal ++++++, aunque por diverso juez de control. Tiene aplicación al caso la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 56, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. La parte quejosa reclama la resolución por la cual la jueza responsable negó señalar fecha y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra y su ejecución. Sin embargo, no debe perderse de vista que, en el caso, la litis constitucional no se centra en la medida cautelar per se sino en el proveído que niega el señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo se niega la suspensión definitiva solicitada. En primer lugar porque el acto reclamado ya se encuentra consumado, pues constituye una determinación dictada de manera previa a la presentación de este juicio de amparo; de ahí que, resulte jurídicamente inviable ordenar en este incidente de suspensión que se deje sin efectos o se modifique la prisión preventiva que se impuso al quejoso, pues eso sólo se puede decretar en la sentencia con la que culmine el juicio de amparo del que emana esta incidencia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Registro: 217665, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60, Diciembre de 1992, Materia(s): Común, Tesis: II.3o. J/37, Página: 51, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE". Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/75 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Cuarto. Concesión de la suspensión definitiva. Ahora, como el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta en la causa penal cuyo cierre originó la apertura del juicio oral 09/2023/JO/SUR, se considera que la suspensión del acto reclamado resulta procedente para efectos y consecuencias distintos. Resulta aplicable la tesis P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." (Registro digital: 2019200, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 4/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, Tipo: Jurisprudencia)." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 125, 128 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que el aquí quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, pero interno en el centro penitenciario donde se encuentra; sin embargo, continuará a disposición de la autoridad jurisdiccional de primera instancia para el trámite del proceso que se les instruye. Se hace notar que la suspensión nunca podrán utilizarla para solicitar el cambio de la medida cautelar impuesta en la causa penal, pues la modificación de esas medida corresponde en forma exclusiva a la autoridad judicial que la impuso. Tampoco podrá utilizarse la suspensión de este incidente, respecto de actos emitidos en una causa penal diferente a la precisada en la demanda de amparo. Se descarta fijar medidas de aseguramiento para mantener la suspensión provisional, ya que los efectos dados implican que el quejoso continúe privado de la libertad en el centro penitenciario donde ya se encuentra. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega al quejoso la suspensión definitiva solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede al quejoso la suspensión definitiva solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese
- Principal
----Juicio de amparo 1131/2023-I. e. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por +++++++, por derecho propio, contra actos de la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento Estatal, del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera) y otra autoridad, con fundamento en los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, el quejoso, en su demanda de amparo, también señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: ".2.- Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con jurisdicción Estatal (Francisco Javier Orozco Treviño). [.] Respecto de la segunda autoridad responsable ordenadora: La negativa de dar contestación a mi petición de fecha 27 de octubre del año 2023; respecto a señalar hora y fecha de audiencia para resolver respecto al derecho de acceder a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.." De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo respecto del reclama del juez de enjuiciamiento (Francisco Javier Orozco Treviño), en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 134, fracciones I y IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los citados preceptos legales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Código Nacional de Procedimientos Penales "Artículo 134. Deberes comunes de los jueces En el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, son deberes comunes de los jueces y magistrados, los siguientes: I. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; [.] IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal;." "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido.". De la anterior transcripción se desprende que el numeral 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de los jueces de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional, así como atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. Asimismo, el diverso 135 prevé el recurso de queja ante el Órgano jurisdiccional omiso, cuando se considere que un juzgador de primera instancia no realizó un acto procesal dentro del plazo señalado por dicho código, otorgando el derecho a cualquiera de las partes para interponerla. De lo anterior se advierte que el legislador previó el derecho de las partes de dolerse, ante el mismo órgano jurisdiccional, de las actuaciones omisivas o negligentes, como lo es la de dar respuesta a una petición sujeta a su consideración, el cual tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. Además, se prevé que el referido recurso de queja, de acuerdo a lo establecido en el citado numeral 135, párrafo tercero, será resuelto por la autoridad jurisdiccional competente (de acuerdo al numeral 133, fracción III, del mismo código nacional, el Tribunal de alzada) en un plazo no mayor a tres días, en cuyo caso ordenará la realización del acto omitido. En efecto, constituye un derecho fundamental de las partes en el proceso promover queja en contra de omisiones o negligencias en que el juzgador de primera instancia puede incurrir (tal como en el caso reclama el promovente). Además, dicha prerrogativa que se le otorga a las partes en el proceso no es opcional, sino que se les reconoce ese derecho para el efecto de que puedan conminar al juez de control para que se conduzca con apego a la ley, de estimar que esto no se ha llevado a cabo, mediante un recurso veloz e inmediato mediante el cual las partes pudieran defender los derechos que consideraran violentados por parte de la potestad ordinaria ante un órgano de control, el cual no se contemplaba con anterioridad, por lo que se acudía directamente al amparo, produciéndose incluso, su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que, al no encontrarse en dicho supuesto, es imperativo para el gobernado acudir a las instancias establecidas por la ley adjetiva que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; ello, en tanto, de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone el quejoso, este Juzgado Federal de amparo sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. Lo anterior tiene sustento, además, en la Jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis 3/2022, de observancia obligatoria para esta juzgadora, y que es del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro SALDAÑA del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido."3 De ahí que, contra la omisión del juez de enjuiciamiento (Francisco Javier Orozco Treviño) de responder el escrito que el quejoso presentó el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el cual solicita se fije hora y ficha para la celebrar audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es improcedente el juicio de amparo, pues el quejoso debió interponer el recurso de queja establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se soslaya que la abstención de la autoridad judicial puede ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa, los derechos que a su favor establece la Constitución Federal, toda vez que ante esa inactividad de la autoridad, el gobernado queda en completo estado de incertidumbre e inseguridad jurídica; no obstante, la existencia formal y material de un recurso que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa. Por las razones que la informan, se invoca la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 1587, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis número XVI.1o.A.T.5 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, libro XI, agosto de 2012, tomo 2, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo presentada por Jorge Claudio Valle Chávez, pues el acto reclamado consistente en la omisión del juez de enjuiciamiento (Francisco Javier Orozco Treviño) de responder el escrito que el quejoso presentó el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por el cual solicita se fije hora y ficha para la celebrar audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, actualiza la causa de improcedencia, manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece el principio de definitividad. Anotaciones Internas. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Admisión parcial. Por otra parte, respecto del diverso acto reclamado consistente en el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual la Jueza Unitaria de Enjuiciamiento Estatal, del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera), se niega a señalar hora y fecha para "resolver respecto del derecho de acceder a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa" y su ejecución por parte de la Directora del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 8, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite parcialmente a trámite. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta formar duplicado físico del incidente de suspensión. Emplazamiento de la fiscal adscrita. Emplácese en forma personal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberán remitir copia certificada o auténtica, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones con las que justifiquen los actos reclamados. En particular, la jueza responsable debe enviar los registros digitales (videograbaciones) relativos a la audiencia donde se hayan dictado los actos reclamados, en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como deberá contar con la certificación correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. Cabe hacer la aclaración que el índice cronológico no es un simple listado de las interacciones de las partes, sino que deberá detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. Se prescinde remitirles copia de la demanda de amparo, dado que se adjuntará al oficio por el cual se requiera su respectivo informe previo. Se apercibe a la jueza responsable que de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que su informe justificado deberá presentarse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una prueba o diligencia, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables que informen si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, se les impondrá una multa por separado, de cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad judicial responsable que en el plazo de cinco días4 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberá remitir las constancias de donde se desprenda tal información. De manera adicional, la jueza responsable deberá proporcionar el nombre, domicilio y formas de notificación electrónica del agente del Ministerio Público que esté asignado para intervenir en la causa penal de la cual deriva el acto reclamado (aquél que haya participado en las audiencias preliminares). Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a la responsable que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten No cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Se ordena emplazamiento de fiscal tercero interesado que intervenga en la causa penal de origen. En términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se ordena emplazarla al presente juicio al agente del Ministerio Público que intervendrá en el juicio oral de la causa penal 09/2023/JO/SUR, en su carácter de tercero interesado. Por ende, se ordena librar oficio con copia de la demanda, para emplazarlo, a fin de que haga valer los derechos que a su representación importen; lo anterior implica la posibilidad de apersonarse por escrito, formular alegatos y ofrecer pruebas. Además, se informa al mencionado fiscal, que desde el momento cuando reciba la notificación de este acuerdo, queda sujeto a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como las relativas a los informes justificados, dado lo previsto en el artículo 328, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Ahora, para imprimir celeridad a este juicio de amparo se solicita de manera comedida y respetuosa al Fiscal General del Estado de Puebla, que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en que reciba el oficio de este acuerdo, realice la notificación (emplazamiento) al agente del Ministerio Público que intervendrá en el juicio oral de la causa penal 09/2023/JO/SUR. Luego, devuelva el oficio de notificación (el acuse) con el sello y firma que acrediten la recepción del mismo. Esa solicitud obedece a que el Fiscal General del Estado de Puebla, tiene el carácter de superior jerárquico de todos los agentes del Ministerio Público de la entidad, también conoce sus denominaciones completas, sus nombres y los domicilios en los cuales pueden ser localizados. Se apercibe al Fiscal General del Estado de Puebla, que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a razón de su valor diario, conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso no señala domicilio procesal, pues únicamente indica como medios de contacto dos correos electrónicos y un número de teléfono, por tanto se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publiquen en este juzgado. Lo anterior porque, en términos de lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, éstas se realizarán conforme las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Asimismo, quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones las personas que nombra, en virtud de que no precisa los términos en los que los designa. Por último, se tiene como medios de contacto no procesales, las direcciones de correo electrónico y el número de teléfono que indica en la primera página de su demanda. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de forma personal al quejoso (por lista) y cúmplase
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